Crecer en un centro para menores tutelados multiplica el riesgo de pobreza y exclusión

Los jóvenes que crecieron en un centro de protección de menores, bien porque no tenían familia o la que tenían no pudo cuidar de ellos, tienen un riesgo mucho mayor de sufrir situaciones de pobreza y exclusión social que el resto de la población. En concreto, un 40,9% afronta ese riesgo frente al 24,5% de los ciudadanos que han crecido en un hogar particular, según se desprende del informe Condiciones de vida tras salir del Sistema de Protección en España, de la organización Aldeas Infantiles SOS y publicado este miércoles.

Cada año, unos 4.000 jóvenes que viven en acogimiento residencial cumplen 18 años y deben abandonar el sistema de protección. Mientras que la edad media de emancipación en España se sitúa en torno a los 30 años, según el Consejo de la Juventud, ellos deben hacerlo a los 18, sin una red familiar estable ni recursos económicos que los respalden. La organización advierte de que este salto prematuro los coloca en una situación de desventaja. Acceder a una vivienda sin avales ni ahorros resulta especialmente complejo, muchos no continúan sus estudios debido a la urgencia de obtener empleos para cubrir gastos y su inserción laboral queda condicionada por la trayectoria académica interrumpida.

La organización Aldeas Infantiles SOS, que cuenta con una red de hogares para menores en 11 comunidades autónomas y apoya a los jóvenes a partir de los 18 años para su integración social y laboral, enfatiza la importancia del acompañar a este grupo vulnerable al emanciparse para poder romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.

El estudio se centra en aquellas personas que, siendo menores de edad, estuvieron bajo la tutela del sistema de protección en centros de acogimiento residencial. Para consolidar el informe, la organización ha analizado los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2023. El INE solo hace este sondeo a personas de 26 años en adelante. De ahí se concluye que el 40,9% de los extutelados están en riesgo de pobreza o exclusión social.

Pero Aldeas Infantiles reclama que el rango etario entre los 18 y los 25 años, precisamente el momento más vulnerable porque es cuando los jóvenes abandonan el sistema de protección, también sea estudiado. Por ello, la organización ha complementado su informe con entrevistas a 94 personas extuteladas entre esas edades.

Fátima El Mouarraf, madrileña de 21 años, es una de las niñas que creció en una “aldea”, como llaman a los centros residenciales de la organización, y atravesó la incertidumbre de mudarse, al cumplir la mayoría de edad. Estudia Biología en la Universidad Complutense de Madrid y vive en un piso tutelado, que le facilitó la entidad, junto a dos compañeras. Está buscando trabajo y recibe un ingreso mínimo vital, que le ayudaron a gestionar sus educadoras del centro, que reconoce que prácticamente la han criado y la han acompañado durante todo su desarrollo.

Vivió en la aldea en El Escorial junto a sus dos hermanas menores y cuenta: “He vivido como si fuese mi familia; mi padre no estaba y mi madre trabajaba todo el día”. La fueron preparando emocionalmente para irse desde los 17 años, aunque al llegar el día no sentía que estaba lista. Recuerda: “Yo no me quería ir la aldea, era mi lugar seguro”. El cambio fue abrumador. “Con 18 años tenía que hacer absolutamente todo: ir al médico sola, hacer la compra, hacer trámites; los educadores me han ayudado con ello, si no, hubiese sido imposible”, admite El Mouarraf.

El informe de Aldeas Infrantiles concluye que las personas extuteladas son el colectivo social con mayor riesgo de pobreza y exclusión social en España, por delante de la población menor de 18 años, las mujeres, las personas con discapacidad o quienes viven en zonas rurales. La tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza y de exclusión social, ha mejorado para el conjunto de la población desde 2014 hasta ahora. Sin embargo, para las personas que salen del sistema de protección ha empeorado. Sin embargo, la organización destaca la otra cara de la moneda: en el 59,1% de los casos sí se ha conseguido romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Según el estudio, aquellos que vivieron en centros de protección manifiestan una mayor dificultad para llegar a fin de mes, un 17,8% frente al 9,5% de la población general. Aunque el INE no recoge la fuente de procedencia de los ingresos, la encuesta de 2022 realizada por la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos, que cita Aldeas, recoge que la principal fuente de ingresos de los jóvenes extutelados son los laborales (47,5%), seguidos de los apoyos fijos o puntuales que reciben de entidades sociales (20,3%). Un 13,6% recibe ayudas específicas para personas emancipadas, con grandes disparidades territoriales, según Aldeas Infantiles, y un 9,6% no dispone de ingresos económicos.

Como la mayoría de los consultados para el informe, El Mouarraf comenta que lo peor son los prejuicios que ha tenido que enfrentar desde que es niña: “Muchas veces evito decirlo, cuando dices que vienes de un centro de menores, piensan que has hecho algo mal”. Cuenta que cuando era pequeña no sabía por qué vivía allí y le costaba explicarlo. “Ahora, cuando hago amigos y los conozco un poco más, digo que estuve en un centro, pero no porque yo haya hecho nada, sino porque mis padres no podían cuidarme”, desarrolla. Recuerda que de pequeña los padres de sus amigos los reprendían diciéndoles que si se portaban mal, los iban a mandar a Aldeas y hoy se ríe: “Yo pensaba, ya les gustaría, porque yo seguro he vivido mejor que mucha gente”.