Los tratamientos de género a los menores trans aterrizan en el Supremo de Estados Unidos

Los tratamientos a los menores trans, uno de los asuntos más controvertidos en la sociedad estadounidense actual, aterrizarán este miércoles en el Tribunal Supremo de Washington en el caso más importante hasta la fecha sobre los derechos de las personas trans de este país. Los nueve magistrados estudiarán una demanda interpuesta por la agonizante Administración de Joe Biden a Tennessee, Estado que, junto a otros 25, gobernados por el Partido Republicano, han prohibido desde 2021 la administración de esos cuidados hasta los 18 años.

Es uno de los casos más relevantes de un curso judicial a cuya mitad tomará posesión como presidente Donald Trump, que designó durante su anterior estancia en la Casa Blanca a tres de los nueve jueces del alto tribunal. Aquella inflación de nombramientos desequilibró su composición para las próximas décadas, dado que los cargos son vitalicios: se trata de un Supremo con una supermayoría conservadora (6-3), inédita desde los años treinta.

Trump hizo de los ataques a la “ideología de género” y a las personas trans, con especial atención a los menores, a sus padres y a los médicos que tratan a esas familias, uno de los puntales de su exitosa campaña electoral. Se espera que su Administración, que está montando estas semanas, tome la senda del recorte de derechos. En un video difundido a los pocos días de su triunfo, el presidente electo prometió acabar con la “locura del género” y definió los tratamientos a menores como “un acto de abuso infantil”. “Es muy sencillo, mi plan es acabar con la mutilación física, emocional y química de la juventud”, añadió.

Ese plan también pasa por prohibir el uso de los baños de mujeres a las mujeres trans, como pretende el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, con una decisión dirigida hace dos semanas a la primera congresista transgénero de la historia, Sarah McBride, que tomará posesión de su escaño en enero. Los republicanos también han fijado en su agenda la “protección” del deporte femenino y la prohibición de competir en ciertas disciplinas a las atletas trans.

Estados Unidos contra Skrmetti enfrenta al Gobierno federal con Jonathan Skrmetti, fiscal general de Tennessee. La cuestión es si una ley del Estado sureño contraviene la Decimocuarta Enmienda, en la parte que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos. Esa ley prohíbe todos los tratamientos médicos destinados a permitir que, según dice la norma, “un menor se identifique con, o viva como, una supuesta identidad incompatible con su sexo” o para tratar “la presunta incomodidad o angustia derivada de una discordancia entre el sexo del menor y la identidad declarada”. Los jueces no están, por tanto, ante la disyuntiva de si son los padres los que deben decidir sobre la salud de sus hijos o si es el Gobierno, sino sobre si la norma en cuestión discrimina a esos menores.

El origen del caso está en la demanda a Tennessee de tres familias, entre ellas, la de Brian Williams, padre de una menor trans que estaba en el momento de la promulgación de la ley recibiendo “cuidados de afirmación de género”, un paraguas bajo el que caben desde la terapia psicológica a la llamada transición social (cambiar de nombre, el uso de los pronombres, la ropa…), y de los bloqueadores de la pubertad a la administración de estrógenos o de testosterona o la cirugía de cambio de sexo. “Tras nueve meses de conversaciones y consultas a expertos, de tomar en consideración los riesgos y las consecuencias a largo plazo, L. W. comenzó a tomar medicamentos inhibidores de la pubertad a los 13 años y, casi un año después empezó con terapia hormonal”, explicó Williams este lunes en un encuentro virtual con periodistas. “Hoy es una joven feliz de 16 años que piensa en su futuro, un futuro que mi hija merece y que la prohibición de Tennessee amenaza seriamente”, razonó. La ley prohíbe esos tratamientos.

En un escrito presentado ante el Supremo, Skrmetti, defiende que la norma impugnada “no incluye ninguna clasificación por sexo” y que por tanto no puede ser discriminatoria. La línea trazada por el texto legal, considera el fiscal general de Tennessee, distingue entre los menores que “quieren usar esos medicamentos para la la transición de género y los que los usan para otros fines médicos”. “Tanto los niños como las niñas se encuentran a ambos lados”, añade. Quienes defienden que se prohíban esos cuidados antes de los 18 años recuerdan los casos de quienes los han recibido y se arrepienten tiempo después, plantean dudas sobre los efectos secundarios de los medicamentos y consideran que no existen suficiente pruebas científicas para justificar esos tratamientos.

Las principales organizaciones médicas del país, incluidas la Asociación Médica Estadounidense y la Academia Estadounidense de Pediatría, se oponen a prohibir la atención de género para los menores ―siempre que se dispense de manera adecuada y con supervisión psicológica― y alertan del riesgo de depresión o incluso de suicidio si no la reciben. En países como el Reino Unido, Suecia o Finlandia, la sanidad pública ha dejado de prescribir bloqueadores de la pubertad por las dudas sobre su idoneidad para tratar la disforia de género.

El argumento de la discriminación

Los argumentos de los Williams ―que perdieron en las instancias inferiores antes de que llevara al asunto ante el Supremo la Administración de Biden (que de momento, hasta la llegada de Trump sigue siendo el “Estados Unidos” del caso)― los defenderá Chase Strangio, el primer letrado trans en hacerlo ante la más alta instancia judicial estadounidense. En la citada llamada con la prensa, Strangio confío en que el alto tribunal respete los precedentes en los que sus magistrados han sostenido a lo largo de los años que la discriminación sexual viola la Constitución, como cuando estudiaron en 2020 un caso sobre el trato a las personas LGTBQI+ en el lugar de trabajo o cuando consideraron que “todas las distinciones basadas en el género” son inconstitucionales (así lo concluyeron el caso Estados Unidos contra Virginia, de 1996).

La sesión del miércoles servirá para intuir por dónde irá el fallo y si la mayoría actual considera que ese “todas las clasificaciones” incluye a las personas trans. La sentencia no se conocerá hasta el término del curso judicial, a finales de junio.

Según el Instituto Williams, de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en Estados Unidos hay unas 300.000 personas de entre 13 y 17 años y 1,3 millones de adultos que se identifican como transgénero. Pese a que son números muy pequeños si se comparan con la población del país (unos 330 millones de habitantes), la discusión sobre sus derechos ha ocupado durante la presidencia de Biden un espacio mucho mayor del que proporcionalmente les correspondería en el debate público. También ha ayudado a Trump a ganar, según los análisis electorales practicados post mortem. Uno de los eslóganes republicanos que más fortuna hizo entre los votantes decía: “Kamala está por elles (they/them). El presidente Trump está por ti”. The Washington Post cifró en más de 250 millones de dólares el dinero gastado por la campaña en anuncios que apuntaban a ese colectivo.