Igualdad tendrá un borrador de la ley trans para principios de 2021

El Ministerio de Igualdad trasladó a los colectivos con los que se reúne para elaborar una ley sobre la “igualdad plena y efectiva” de las personas trans que estará disponible un borrador a principios del año 2021 de esta citada normativa. La Federación Plataforma Trans, una de las organizaciones que participa en los debate, lo confirmó en una nota. Según esta federación, les fue comunicado en la reunión del pasado viernes con una de las asesoras del ministerio que dirige Irene Montero. El proyecto de ley tendrá “como referencia” la propuesta de la organización en la que participaron todos los colectivos y de familias de menores trans, indican desde la plataforma.

La federación celebra el “compromiso” del Gobierno de coalición y pone el énfasis especialmente en la ministra Montero, por su “determinación valiente y comprometida con los derechos de las personas trans”. “La infancia es un período corto y de especial vulnerabilidad por lo que esta ley supondrá una esperanza para miles de familias que tienen que lidiar a diario contra las dificultades administrativas, el acoso escolar y la incomprensión de sectores sociales que las señalan y agreden.” ha asegura la presidenta de Euforia Familias Trans-Aliadas, Natalia Aventín.

¿En qué consiste esta ley?

Es un compromiso del acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Los dos partidos prometían impulsar una ley trans “que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos”.

Uno de los puntos del debate en torno a la ley está en los requisitos que se requerirán a una persona trans para cambiar de sexo en el registro: la idea del ministerio es eliminar los requisitos médicos. Fuentes del Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero (Unidas Podemos), aseguraron a EL PAÍS ya en junio que la “autodeterminación de género” y la “despatologización” quedarán recogidas en el paquete legislativo para proteger los derechos del colectivo LGTBI en el que está trabajando el departamento.

Organizaciones como la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales aplauden esta iniciativa porque creen que mejorará las condiciones de vida de un colectivo vapuleado. Una encuesta de la federación de 2019 recogía que cuatro de cada 10 personas trans son discriminadas en el trabajo y también el 40% declararon haber sufrido maltrato psicológico. La OMS retiró en 2018 la disforia de género [disconformidad entre el sexo asignado y aquel con el que la persona se siente identificada] de la lista de trastornos psiquiátricos.

Hace apenas un mes, se presentaron públicamente dos plataformas contra esta nueva ley integradas por feministas que alertan de los riesgos que conlleva la asimilación de teorías que consideran que el sexo se puede elegir o que es fluido, las llamadas teorías queer. “El borrado jurídico del sexo que operan las leyes de autodeterminación de género imposibilita la aplicación de cualquier acción positiva basada en dicha categoría, destinada a corregir la situación de discriminación que sufrimos las mujeres en el espacio público por el mero hecho de ser mujeres y dinamita, por tanto, toda la legislación en materia de igualdad”, advertía una de esas plataformas.

La propuesta tensó también a los socios del Ejecutivo: en verano, un argumentario del PSOE, firmado entre otros por la vicepresidenta Carmen Calvo, alertaba de los riesgos que subrayan ahora algunas feministas históricas. Desde parte del feminismo se habla de tachan de “problemática” la autodeterminación de género que, opinan, puede introducir “conceptos ambiguos y jurídicamente inseguros” que modifican lo que se entiende por sexo, género, identidad o igualdad.