El Supremo de Estados Unidos se inclina por recortar los derechos de las personas trans

Era la vista del caso más importante del curso judicial en el Tribunal Supremo de Washington, y la discusión estuvo a la altura de uno de los asuntos que más enfrentan a la sociedad estadounidense: la idoneidad o no de permitir a los menores trans recibir tratamientos de afirmación de género, con el consentimiento de los padres y asesoramiento médico, antes de la mayoría de edad.

En un toma y daca inusualmente largo, sus nueve magistrados interrogaron durante dos horas y media a ambas partes. Primero, a los abogados que defendían a las familias de Tennessee que impugnaron una ley que prohíbe la administración a sus hijos de cuidados tales como terapia hormonal o los bloqueadores de la pubertad. Después, a los representantes del Estado Sureño, uno de los 26 gobernados por republicanos que han sacado adelante en los últimos tres años normas del estilo. La sentencia, que debe decidir si esa ley contradice la decimocuarta Enmienda y si es discriminatoria, no se conocerá hasta el final del curso ―con toda probabilidad, en los últimos días de junio―. Aunque, a tenor por lo escuchado este miércoles en el solemne edificio del Supremo, cabe interpretar que la supermayoría conservadora de seis jueces se inclina por dar la razón a Tennessee.

Como todo lo que tiene que ver con el Supremo, se trata de un fallo cuyas consecuencias van mucho más allá del caso en concreto, Estados Unidos contra Skrmetti. Y, de confirmarse la impresión que dejó la audiencia de este miércoles, supondrá un duro revés para los derechos de las personas trans, que se hallan en el centro de un irreconciliable debate con tintes de guerra ideológica en asuntos como su participación en el deporte femenino, el uso de los pronombres y la guerra sobre qué baño les está permitido usar.

La sentencia también llegará al principio de la segunda vuelta en la Casa Blanca de Donald Trump, presidente que designó durante su anterior mandato (2017-2021) a tres de los nueve jueces del tribunal, un número excepcional, que desequilibró su composición con consecuencias para las próximas décadas. Trump hizo de los ataques a las personas trans y a la “locura de la ideología de género” uno de los motivos centrales de su exitosa campaña presidencial.

El argumento que más resonó en la discusión de este miércoles fue que, dado que existe un debate científico en marcha sobre la eficacia y los efectos secundarios de esos tratamientos a menores, corresponde a los legisladores, en este caso, los de Tennessee, decidir sobre el tema. No a los magistrados del Supremo. “La Constitución deja esa decisión en manos de los representantes del pueblo, y no de nueve personas, ninguna de las cuales es médico”, dijo el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., en referencia a sí mismo y a sus ocho compañeros de toga.

Devolver el poder a los Estados

La declaración no solo resumió el sentir de la mayoría conservadora, también apunta a dos de los argumentos que centran el trabajo vitalicio de esos magistrados: la fidelidad a la norma fundamental, un texto con casi dos siglos y medio de historia que invocan sin cesar para ordenar la vida contemporánea estadounidense, y la misión de devolver el poder a los Estados, en oposición a la intervención del Gobierno federal. Ambas ideas estuvieron tras la decisión más consecuente de la historia reciente del tribunal; el fallo que en 2022 tumbó el precedente de casi medio siglo de la sentencia Roe contra Wade y con él, la protección constitucional del derecho al aborto.

En la vista de este miércoles, Elizabeth Prelogar, la representante legal de la Administración de Joe Biden, que se personó como acusación después de que las familias de los tres menores demandantes y uno de los médicos que los trataban perdieran en las instancias inferiores, fue sometida al más duro de los interrogatorios de la mañana. Respondió sobre asuntos como la reciente decisión de la sanidad pública del Reino Unido de dejar de recetar bloqueadores de la pubertad, los precedentes del Supremo que protegieron los derechos de la comunidad LGTBIQA+ y la prerrogativa de los padres a decidir, previa consulta a los médicos, sobre el futuro de sus hijos.

Quienes defienden que se prohíban esos cuidados antes de los 18 años recuerdan los casos de quienes los han recibido y se arrepienten tiempo después, plantean dudas sobre los efectos secundarios de los medicamentos y consideran que no existen suficiente pruebas científicas para justificar esos tratamientos.

Las principales organizaciones médicas del país, incluidas la Asociación Médica Estadounidense y la Academia Estadounidense de Pediatría, se oponen a prohibir la atención de género para los menores ―siempre que se dispense de manera adecuada y con supervisión psicológica―, y alertan del riesgo de depresión o incluso de suicidio si no la reciben.

El otro abogado de la defensa, Chase Strangio, que hizo historia al convertirse al convertirse en el primero letrado trans en litigar ante el Supremo, dijo cuando llegó el turno de sus preguntas, durante el que se lo vio algo nervioso, que la ley de Tennessee había acabado con “el único tratamiento que alivió años de sufrimiento de cada uno de los adolescentes demandantes”. A la salida del tribunal, Strangio fue vitoreado por las decenas de personas que se habían concentrado ante el edificio un helador día de diciembre en Washington para manifestarse en favor de las familias de esos menores y cuya espera amenizaron oradores como la actriz Annette Bening y el actor trans Elliott Paige. Al otro lado de unas vallas colocadas por la policía, los manifestantes sostenían carteles con mensajes como “El cambio de sexo es pura fantasía”.

El argumento que defendían los abogados de Tennessee es que la ley cuestionada no puede ser discriminatoria, porque atiende a “criterios únicamente médicos” afecta por igual a chicos y chicas que buscan esos tratamientos. “Es una excusa decir que el sexo no contó [en la redacción de la norma]”, le respondió Elena Kagan, una de las tres jueces liberales, al letrado del Estado sureño, J. Matthew Rice.

En la vista de este miércoles, hubo además un silencio elocuente. El magistrado conservador Neil Gorsuch, autor de la histórica decisión del Supremo que protegió en 2020 a las personas LGTBIQA+ de la discriminación en sus lugares de trabajo, fue el único de los nueve que no hizo ninguna pregunta. Incluso aunque de ese silencio pueda deducirse que votará en contra de la mayoría, esta aún contaría con cinco votos, suficientes para sacar adelante una sentencia de enormes consecuencias para una minoría que el Instituto Williams, de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), cifra en unas 300.000 personas de entre 13 y 17 años. Según esos cálculos, 1,3 millones de adultos que se identifican como transgénero en Estados Unidos.

Pese a que son números muy pequeños si se comparan con la población del país (unos 330 millones de habitantes), la discusión sobre sus derechos ha ocupado durante la presidencia de Joe Biden un espacio mucho mayor del que proporcionalmente les correspondería en el debate público. También ha ayudado a Trump a ganar, según los análisis electorales practicados post mortem. Uno de los eslóganes republicanos que más fortuna hizo entre los votantes decía: “Kamala está por elles (they/them). El presidente Trump está por ti”. The Washington Post cifró en más de 250 millones de dólares el dinero gastado por la campaña en anuncios que apuntaban a ese colectivo.