La paradójica opacidad de los precios de los medicamentos: por qué los gobiernos hacen lo contrario de lo que dicen

Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) —organismo que agrupa a los 38 Estados más desarrollados del mundo, entre ellos España— aseguran que están a favor de una mayor transparencia a nivel internacional sobre los contratos de compra de medicamentos innovadores. Admiten, incluso, que la opacidad actual y la proliferación de cláusulas confidenciales “erosionan la rendición de cuentas” de los poderes públicos, pueden minar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y “debilitan” la posición de los Estados al negociar con las compañías farmacéuticas.

A la hora de la verdad, sin embargo, son los propios gobiernos los que eligen este tipo de acuerdos, según revela un informe publicado recientemente por la OCDE. Una paradoja que se ilustra bien con los siguientes datos: todos los países quieren una mayor transparencia y la mayoría desea saber los precios que pagan los demás gobiernos, pero “solo siete afirman que estarían dispuestos a compartir esta información”. Las razones son varias, aunque predomina la idea de que firmar las cláusulas secretas exigidas por las farmacéuticas permite “conseguir precios más económicos”.

Explica Miquel Serra, investigador de la Universidad de Zúrich (Suiza) especializado en Economía de la Salud: “Es un buen trabajo cualitativo que muestra las contradicciones existentes en las políticas de compra de medicamentos. Puede ser utilizado como ejemplo de la llamada Tragedia de los Comunes, en la que todos los actores acaban resultando perjudicados al anteponer su interés particular a un enfoque compartido que les permitiría obtener mejores resultados”.

El informe parte de dos ideas clave y aparentemente contradictorias. La primera es que “el mercado farmacéutico se caracteriza cada vez más por la opacidad de los precios”. La razón es que los medicamentos innovadores —la compra de los genéricos es mucho más transparente— tienen en realidad dos precios: uno que suele hacerse público, llamado “oficial” o de “lista”, y otro real o “neto”, que es el que los países acaban pagando y que casi siempre se mantiene en secreto. El informe alerta de que “los precios netos difieren cada vez más de los oficiales”.

La segunda idea de partida es que “en los últimos años, la transparencia ha atraído cada vez más atención dentro de la política”, lo que llevó a “la 72ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en respuesta a la presión pública, a adoptar en 2019 una resolución que pide más transparencia e insta a los países a compartir información sobre los precios”.

A través de este estudio y otros trabajos anteriores, sin embargo, la OCDE ha comprobado cómo el deseo de los países se topa en la práctica con obstáculos casi insalvables. En primer lugar, por las numerosas limitaciones existentes en las legislaciones nacionales para hacer pública una información considerada sensible. A ello se suma una falta de consenso sobre hasta dónde debería llegar la transparencia —a qué tipo de datos afectaría, si hacerlos totalmente públicos o solo accesibles a otros países— y un desconocimiento y temor a las consecuencias que dar este paso tendría sobre los precios de compra.

De hecho, destaca el propio trabajo, ya existen entre los países de la OCDE “más de 30 iniciativas para compartir algún tipo de información”, entre ellas la Base Europea de Datos sobre Precios de Medicamentos (EURIPID, en sus siglas en inglés), en la que participa España. Los autores, sin embargo, señalan que en todos los casos estos proyectos excluyen la información más sensible —los precios compartidos suelen ser los oficiales y no los reales— y “la confidencialidad sobre los precios netos pagados por los países sigue siendo la norma”.

Encuesta a 43 países

Frente a esta realidad, el objetivo del informe de la OCDE es ser de ayuda “para avanzar en el debate político” y también analizar la “viabilidad” de poner en marcha sistemas para compartir más información. Para ello, los autores remitieron una encuesta a 43 países —los miembros de la OCDE y los de la UE que no forman parte del organismo—, de los que 34 respondieron total o parcialmente la encuesta.

Los resultados más destacables muestran que aunque “20 países están obligados [por su legislación] a publicar los precios de lista, a menudo se enfrentan a problemas legales y restricciones contractuales que les impiden compartir información sobre el precio neto”. España publica también estos precios a través de las resoluciones de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, aunque tampoco informa de los precios realmente pagados debido a las cláusulas confidenciales pactadas con las farmacéuticas.

Todos los países consultados se muestran “interesados en tener acceso a información sobre los precios pagados por los demás”. De ellos, 24 declaran específicamente que ese interés se refiere a los precios netos —entre ellos no figura España—, aunque solo siete están dispuestos a compartir esta información (tampoco España).

“Los países tienen diferentes puntos de vista sobre las posibles consecuencias de revelar esta información, ya sea públicamente o en una red cerrada”, sigue el trabajo. Una mayoría considera que “compartir los precios aumentaría o no afectaría al poder de negociación de los países”, pero en cambio hay mucha más división al valorar cómo afectaría esto a los precios. De los 24 países que han respondido a esta pregunta, siete —el documento no especifica cuáles— consideran que estos “bajarían un poco”, ocho que no se moverían, otros siete que “subirían un poco” y dos más que “aumentarían de forma importante”.

La división se mantiene al valorar si una mayor transparencia podría retrasar el acceso de un país concreto a las nuevas terapias. Ocho países consideran que publicar los precios netos retrasaría notablemente o un poco su acceso a ellas, ocho piensan que no habría cambios y siete estiman, por el contrario, que dar publicidad a los precios acortaría los plazos. Por último, avanza el informe, “18 países están interesados en participar en un mecanismo piloto para compartir el precio neto con otros países”.

José María Gimeno, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza, considera que el estudio pone de manifiesto la singularidad del mercado de los medicamentos innovadores: “Hay muchos fármacos que no tienen competencia a causa de las patentes. La capacidad de mejorar los precios, por tanto, es escasa y la prioridad de los gobiernos pasa por asegurarse el acceso a ellos a unos precios que puedan pagar. Y, con ese objetivo, cierta confidencialidad les puede resultar beneficiosa”. España es, según este experto, un buen ejemplo de ello, ya que “la opacidad de los contratos le permite conseguir mejores precios que los países del norte de Europa”.

Para Juan Oliva, profesor de Economía de la Salud en la Universidad de Castilla-La Mancha, el problema de esta situación es que nadie, salvo las propias farmacéuticas, puede estar seguro de lo que cada uno está pagando. “Se suele decir que España sale beneficiada de este sistema. Que este tipo de negociaciones secretas le permite hacer valer que es un país grande, con una buena red de hospitales e investigación, y de renta media y lograr precios más baratos. Pero en realidad no lo sabemos, porque nada de esto se hace público. Y los pocos estudios realizados por entidades independientes han observado en realidad una convergencia entre los precios reales que pagan los países”, sostiene.

La mayoría de expertos consultados coinciden en gran medida al señalar cuatro problemas en el mercado de los medicamentos innovadores. El primero es de eficiencia. “La teoría económica dice que los mercados con varios compradores y vendedores, y en el que todos tienen acceso a la información relevante, son más eficientes. En este caso, sin embargo, existe un solo vendedor por el monopolio que conceden las patentes. Y él es el único que sabe cuánto paga cada país. El resultado es un mercado muy ineficiente”, sostiene Miquel Serra.

En relación a este primer punto, el estudio y los expertos consultados apuntan a un segundo: la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. En un mercado ineficiente, lo habitual es que los recursos no se destinen allí donde mejores resultados en términos de salud podrían dar, lo que a largo plazo puede poner en riesgo su propio futuro.

El tercer inconveniente es de calidad democrática o “rendición de cuentas”, en palabras del informe. Un punto en el que ya incidió la resolución de la OMS de 2019 que abogaba por una mayor transparencia y que fue apoyada por la práctica totalidad de los países que forman la OCDE. “El ciudadano tiene el derecho fundamental a conocer el destino final de los recursos que sostiene con sus impuestos”, defiende Jesús Lizcano, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid y expresidente de Transparencia Internacional España.

Por último, alertan algunas voces, la falta de transparencia también puede ser perjudicial para la salud y seguridad de los pacientes. “La opacidad no solo se limita a los precios, sino que también rodea a los ensayos clínicos, datos de eficacia y seguridad en el mundo real... Al final, no estamos seguros de disponer de toda la información ni la más actualizada, que solo tienen las farmacéuticas, sobre cuáles pueden ser los mejores tratamientos para un paciente concreto”, concluye Adrián Alonso, responsable de Investigación e Incidencia Política de Salud por Derecho.

Esta entidad de la sociedad civil lleva desde 2019 integrada en la plataforma No es Sano, haciendo peticiones de transparencia al Ministerio de Sanidad sobre el precio de cuatro medicamentos —Kymriah, Veklury, Zolgensma y Takhzyro— que en todos los casos han derivado en largos procesos judiciales por la oposición de las farmacéuticas y, en ocasiones, del propio ministerio a hacer públicos los precios.