Navarra pone límite a las sesiones terapéuticas para las víctimas de pederastia en la Iglesia católica

“Nosotros, cuando llegamos, llegamos en pedacitos, totalmente rotos. Y este hombre, yo no sé cómo pudo sumergirse dentro de nuestra cabeza y cómo ha ido recomponiendo nuestra vida. Yo digo muchas veces que Josean Echauri, mi psicólogo, me ha salvado la vida en muchos aspectos. Y que de la noche a la mañana te lo quiten así porque sí, pues para nosotros ha sido un sopapo tremendo”. Quien habla es José Luis Pérez, la primera persona en alzar la voz públicamente en Navarra —lo hizo en la SER en 2019— para denunciar los abusos sexuales que tanto él como su hermano sufrieron en el Colegio-Seminario de los Padres Reparadores, en el municipio navarro de Puente La Reina.

En julio del año pasado fueron reconocidos oficialmente como víctimas por el Gobierno de Navarra. Durante todo el proceso han contado con un servicio de atención psicológica ofrecido por la Oficina de Atención a Víctimas. Ahora, según confirma el propio Echauri, cofundador de PSIMAE —empresa adjudicataria del servicio de atención terapéutica—, desde la dirección general de Justicia del Ejecutivo foral han tomado la decisión de dejar de ofrecer estas sesiones terapéuticas a las víctimas de delitos graves que más tiempo llevan recibiéndolas. Esto incluye a los cuatro denunciantes de abusos sexuales de la Iglesia navarra que todavía las reciben, pero también a otras cuatro personas más.

“Fuimos convocados hace unas semanas [finales de septiembre] a una reunión con miembros de la Dirección General de Justicia en la que nos solicitaron la continuidad del servicio que venimos prestando hasta que fueran presentados los nuevos pliegos [saldrá próximamente la licitación un nuevo contrato]. Es en este contexto en el que nos dieron esta instrucción: que durante este periodo hasta que fueran a salir los nuevos pliegos y el nuevo contrato, fuéramos dando altas a las personas que más tiempo llevaban en intervención, en tratamientos, y en todo caso, si necesitaran más asistencia y más intervención, pues siempre estaba el servicio de salud mental”, ha explicado.

La portavoz del Gobierno de Navarra y consejera de Justicia, Amparo López, ha negado fervientemente que la directora general de Justicia “haya dictado ninguna instrucción” en este sentido. López insiste en que “no se ha cesado ningún servicio” y ha expresado que “habrá que ver quién firma esa comunicación [alta] y por qué lo firma”. Ha llegado a afirmar que han sido los “profesionales psicólogos, que son los que prestan el servicio, los que, en base a criterios médicos, han hecho una comunicación”.

Unas declaraciones que Echauri, quien además es el presidente de la Comisión de Reconocimiento de Víctimas de Abusos en el seno de la Iglesia católica, ha desmentido en SER Navarra. La portavoz sí ha detallado que están trabajando en un nuevo pliego de condiciones que limitará a 32 las sesiones que pueden recibir los adultos víctimas de delitos graves, pero que, hasta entonces, “la empresa que presta el servicio [PSIMAE] tiene que seguir prestando el servicio en las mismas condiciones” que hasta ahora.

López insiste en que “el nuevo pliego busca igualar a todas las personas víctimas de delitos graves y aumentar el alcance; queremos llegar a más víctimas”. En estos momentos, según han confirmado desde el servicio, no hay lista de espera para atención terapéutica en la Oficina de Víctimas, por lo que se estaría atendiendo a todas las que lo requieren. Respecto a los criterios sanitarios que marcan ese tope de 32 sesiones por víctima, López ha indicado que, en los últimos 20 años, al 80% de las víctimas se les ha dado de alta con menos de 25 sesiones y que “las personas que se han mencionado han recibido en torno o más de 80 sesiones”.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre las víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia navarra. Les ha afectado de forma muy importante porque la mayoría llevan alrededor de tres años siendo atendidos por el propio Echauri. Es el caso de Jesús Zudaire, presidente de AVA (Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra), que ha explicado que esta decisión le supone un mazazo porque a él estas terapias le han ayudado enormemente. “Me diagnosticó el shock postraumático y me ha hecho un montón de evaluaciones que han dado como resultado que muchos de los problemas que he sufrido en la vida han sido consecuencia de los abusos que sufrí desde los 7 hasta los 14 años. Entonces, es un palo, es un palo gordo”.

Pérez, portavoz de la segunda asociación existente en Navarra —Avipiren—, ha criticado, además, las formas en las que se les ha comunicado la noticia: “De la noche a la mañana han mandado la orden a los psicólogos de que la semana que viene estemos allí, cerremos ficheros y hasta siempre”. Y denuncia: “A ellos, políticamente hablando, les ha venido muy bien en muchas ocasiones el ir de la mano con las víctimas de abusos y ahora, de golpe, no sé por qué se lo quitan. Y lo que me parece todavía más grave es que se quitan de encima no solo las víctimas de abusos, sino a todo tipo de víctimas”.

Justicia restaurativa

Desde el Ejecutivo insisten en que estas víctimas seguirán teniendo acceso a los procedimientos de justicia restaurativa —Navarra es pionera en implementarlos— y en que tendrán acceso a otros servicios de atención paralelos. Sin embargo, las víctimas de pederastia descartan acudir a la red pública de Salud Mental. “Lo primero porque sabemos cómo está la red de Salud Mental. Es una noria con tornillos que no tiene por dónde caerse. Allí no nos van a ayudar porque nos va a convocar una vez cada no sé cuántos meses una persona que no nos conoce y que tiene 200.000 casos. Entonces, qué, ¿comenzar ahora con ellos otra vez?”, se pregunta Pérez.

Durante los últimos años, ha habido más denunciantes de abusos tratados en el servicio, pero han ido recibiendo las correspondientes altas terapéuticas. Dado que los que quedan son un porcentaje muy reducido del número total de casos atendidos en la Oficina de Víctimas del Gobierno de Navarra, Pérez asegura no entender qué diferencia puede suponer para las arcas públicas el seguir proporcionándoles esta atención.

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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