Las indemnizaciones millonarias por negligencias médicas en partos castigan a la sanidad privada

Chloe nació el 23 de septiembre de 2016 tras un parto que empezó bien pero que se fue complicando por errores cometidos por la matrona y la ginecóloga, que supervisaba el proceso por teléfono. En la misma planta del espacio donde la niña sufría una grave hipoxia, había un servicio de urgencias que hubiera podido revertir la situación, pero este no fue alertado. P. vino al mundo el 30 de junio de 2015 en Santiago de Compostela. La ginecóloga que atendió a su madre tuvo que lidiar con las complicaciones surgidas, pero también con la falta de medios. No contaba con instrumental para algunos análisis y el centro carecía de un anestesista de guardia, lo que imposibilitó una cesárea. Tampoco la llegada de Sergio a este mundo fue como sus padres la habían soñado. El 23 de mayo de 2015, el día de su nacimiento, era el cumpleaños del hijo del ginecólogo. Este se ausentó durante varias horas del parto, que quedó en manos de una matrona que no detectó a tiempo la señales de sufrimiento fetal.

Estos casos comparten tres hechos. El primero son las graves secuelas sufridas por los niños, hoy aquejados de parálisis cerebral. El segundo es que sentencias dictadas en los últimos 15 meses sitúan a los tres procesos —con 11, 13 y 6 millones de euros, respectivamente— en lo más alto de la lista de indemnizaciones concedidas por los tribunales por negligencias médicas en España. Y, por último, todos han ocurrido en hospitales privados en los que los que la falta de medios o la escasa coordinación con los recursos disponibles contribuyeron a los trágicos resultados.

La pregunta que surge es si esta acumulación es una casualidad o indica que existen factores que hacen que los centros privados sean más proclives a incurrir en negligencias. La respuesta de la mayoría de fuentes consultadas es que ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Aunque casi siempre prevenibles, apuntan, los errores en la asistencia tienen en ocasiones un componente de fatalidad y una serie de tres casos es demasiado corta para sacar conclusiones, incluso si se tiene en cuenta que la sanidad privada atiende a menos de una quinta parte de los nacimientos que se producen en España, según datos de 2022 del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Pero los expertos coinciden en que sí existen hechos objetivos que hacen que la asistencia privada concentre factores sobre los que sí hay evidencias de que incrementan los riesgos. El primero es el menor tamaño de centros en comparación con la sanidad pública. Además, y aunque físicamente atiendan en un gran hospital, muchos ginecólogos trabajan en la práctica como pequeñas unidades independientes que cobran por sus servicios de las aseguradoras y subcontratan espacios (consulta, paritorio...) y personal (matrona, anestesista...). El segundo es organizativo y está relacionado por todo lo anterior con su menor integración y coordinación con dispositivos con una alta capacidad de resolución. Y el tercero son los bajos precios pagados por las aseguradoras a los profesionales, en ocasiones menos de 300 euros brutos por parto.

“La evidencia confirma que, a menos partos atendidos al año, peores resultados en salud para la madre y el niño. Una maternidad pequeña contará siempre con menos medios y un personal menos experimentado para hacer frente a las complicaciones que puedan surgir. En esto, no importa tanto que sea público o privado, sino el tamaño. Lo que ocurre en España es que los hospitales públicos que atienden menos de un parto al día no llegan al 20%, mientras que en el sector privado son más del 40%”, explica Óscar Martínez, presidente del Grupo Español de Seguridad Obstétrica (GESO).

La segunda razón que influye, según este experto, es “la coordinación o integración” de los profesionales con otros dispositivos más resolutivos cuando algo va mal. “Hemos visto casos en los que la matrona está sola y depende de un médico que no siempre está presente. Puede estar en un hospital en los que no haya facultativos de guardia a los que recurrir o, si los hay, no estén claros los protocolos a seguir... Hay muchas razones que pueden influir que son más habituales en el sector privado”, añade.

Mariano Gonzalo es ginecólogo, ejerce en Castellón y forma parte de los facultativos fundadores de Unipromel, siendo el Vocal Nacional de Ginecología, una asociación que pugna con los seguros médicos privados para aumentar las cantidades que reciben por acto médico. “Hay cosas que se sigue pagando lo mismo ahora que hace 25 años. Los partos se mueven en una horquilla según provincia de 280 a 500 euros brutos. A eso quítale el IRPF, los gastos de la consulta, de los auxiliares, las primas de los seguros... y lo que te queda limpio es ridículo”, denuncia.

El abogado Rafael Martín Bueno atesora casi tres décadas de experiencia en procesos judiciales relacionados con las negligencias médicas, los últimos seis años dedicado en exclusiva a casos relacionados con partos, y conoce bien las fortalezas y debilidades de los sistemas sanitarios. Tiene un “buen seguro médico privado” para su familia, pero no vaciló al decidir que sus tres hijos nacieran en el centro de la sanidad pública que le correspondía, la Maternidad de O’Donnell (Madrid).

“Es un tema de organización. Los casos graves de verdad suelen pasar porque tu ginecólogo privado no puede estar disponible las 24 horas del día los 365 días del año. Si te pones de parto entonces y surgen complicaciones, todo dependerá de la matrona que él tenga contratada, cómo se coordine con la clínica u hospital privado en el que el tenga alquilada la consulta y los medios que haya en ese momento disponibles. Y el resultado, como hemos visto, no es siempre bueno”, describe.

Muchas familias, sigue el abogado, “valoran que en la privada te lleve un ginecólogo durante todo el proceso, que puede cuidar mucho el trato humano y resultar más accesible”. “En la pública, en cambio, suele ser un equipo. Esto puede resultar más impersonal, pero al final es precisamente eso lo que te da seguridad: un equipo que funciona todos los días y horas del año, y que está acostumbrado a enfrentarse a todo tipo de complicaciones”, concluye Martín Bueno, que ha sido el abogado de las familias de Chloe y Sergio.

Elisabeth, la madre de Sergio, es empleada pública y tiene la asistencia médica cubierta por la mutualidad MUFACE, por lo que podía elegir entre la sanidad pública o la privada. “Elegimos la privada porque nos permitía un acceso más ágil a las consultas con el especialista durante el embarazo y eso nos daba tranquilidad”, cuenta ahora. El trato recibido, sin embargo, fue “decepcionante”. “Te quedas con la sensación de que para todos los que intervienen en tu proceso lo más importante es el dinero”, lamenta.

Una fuente jurídica, que pide el anonimato por la posición que ocupa en el sector, define como una “tormenta perfecta” la que afecta a la ginecología y obstetricia privada. “Hay un problema que afecta a todos, el desplome de la natalidad. Hemos pasado de más de medio millón de partos en España en 2008 a solo 320.000 el año pasado. Muchas maternidades, públicas y privadas, son poco sostenibles. Pero, además, en lo privado se suman otros problemas. La competencia entre aseguradoras para mantener las primas bajas hace que lo que pagan a hospitales y médicos estén por debajo de sus demandas, lo que mantiene un conflicto soterrado. Al final, a algunos no les compensa y dejan de atender partos. Y a pesar de que la sanidad privada está creciendo, muchos de sus nuevos hospitales abren sin maternidad”, explica esta fuente.

Mariano Gonzalo confirma que “hay médicos que han dejado de atender partos porque las compañías pagan poco para lo que asumes. Cobrar poco te lleva a trabajar con menos medios, pero la responsabilidad sigue siendo igual de alta. Y, si pasa algo, te puedes encontrar con una demanda que te hunda en lo profesional y lo económico. Aquí en la provincia de Castellón éramos 24 haciendo partos. Ahora somos nueve”, cuenta.

La patronal de las aseguradoras, UNESPA, ha declinado contestar a las preguntas de EL PAÍS.

Juan Abarca es presidente de la Fundación IDIS, que agrupa al sector sanitario privado, admite que este se enfrenta a retos como el descenso de la natalidad, la dimensión de algunas maternidades y la necesidad de mejorar la coordinación de servicios. Pero concluye que no hay datos que permitan afirmar que se produzcan más negligencias o más graves en el sector privado y atribuye las mayores cuantías de las últimas indemnizaciones a cuestiones procesales. “Una negligencia puede ocurrir en cualquier centro. Pero un caso que ocurra en la pública va habitualmente por lo contencioso-administrativo, donde se suele buscar un acuerdo. En uno privado irá por lo civil, y ahí entran en juego las lógicas y estrategias de los abogados de las tres partes implicadas [el profesional, el hospital y el seguro médico], lo que alarga el proceso y hace que suban mucho las indemnizaciones por los intereses de demora”, concuye.