Por qué muchos médicos privados aún cuentan en pesetas: “Cobramos lo mismo que hace 25 años”

Muchos médicos de la sanidad privada aún echan las cuentas en pesetas. No lo hacen solo por la edad, que también, sino porque esta es la forma más sencilla de mostrar que siguen cobrando “prácticamente lo mismo” por paciente ahora que antes de la llegada del euro. “En realidad es mucho menos si cuentas la inflación y que hay muchos gastos, como los ayudantes de quirófano, que las aseguradoras médicas se han ido quitando de encima y que hemos tenido que asumir”, lamenta el traumatólogo Rafael Arriaza, de 63 años.

Los profesionales guardan, casi como si fueran reliquias, las tablas de las tarifas de hace un cuarto de siglo y las comparan con las actuales, un ejercicio que publican en la web www.baremosmedicos.com. En ellas puede verse cómo entonces cobraban 3.000 pesetas por una consulta y otras 3.000 por la primera revisión del mismo proceso clínico en un paciente (36 euros en total), mientras hoy se pagan 23,5 y 8,75 euros, respectivamente (la suma son 32,55 euros). O prácticamente la misma cantidad, 4.000 pesetas entonces y 24,64 euros ahora, por una visita a domicilio del traumatólogo. O 2.300 pesetas antes del cambio de siglo y 14,37 euros actualmente por una “inmovilización por fractura de antebrazo, muñeca o mano”.

Las tarifas de menos de 10 euros por una consulta del médico de familia o menos de 20 por la de un especialista son las más comunes, algo que indigna a unos facultativos que se sienten “explotados” e “impotentes” para hacer valer sus intereses al negociar con los gigantes de los seguros médicos privados. Tras muchos años de quejas, el colectivo empezó a organizarse en 2019. El detonante fue una resolución de marzo de ese año del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia, que impuso una sanción de 850.000 euros al Colegio de Médicos de Barcelona por “realizar una recomendación colectiva de precios prohibida” al proponer unas tarifas mínimas para todos sus afiliados, según el fallo.

“Entonces vimos claro que la solución no podía llegar de los colegios de médicos, así que los que somos mayores y ya tenemos poco que perder nos pusimos en marcha”, afirma el facultativo de familia Guillermo Pérez-Toril. El resultado es la asociación Unipromel, que es la que ha venido canalizando las quejas del colectivo en los últimos tiempos. No es casual que la práctica totalidad de los miembros más activos estén a las puertas de la jubilación, una situación que consideran que les permite luchar con menos ataduras frente a las compañías con el objetivo de “dejar a los jóvenes un panorama mucho mejor que el actual”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación “sobre las condiciones de competencia en los seguros y los servicios de asistencia sanitaria [privada] en España”, según anunció el organismo en marzo. Los principales objetivos del proceso son analizar “la concentración en la oferta de seguros sanitarios y en los servicios de asistencia” y estudiar las consecuencias de “las diferencias de poder negociador entre los diferentes agentes que intervienen en el sector, incluyendo a facultativos y ciudadanos”.

La CNMC ha abierto por iniciativa propia la investigación, aunque esta se ha visto muy influida por el malestar de los facultativos, que han acudido en masa a presentar sus quejas en la primera fase del proceso abierto, el de consulta pública. Según avanzó el lunes el diario económico Cinco Días, el Departamento de Promoción de la Competencia del organismo ha recibido más de 620 comunicaciones, cuando lo habitual en este tipo de procesos es menos de una décima parte. Aunque la gran mayoría de ellas son de médicos, las compañías y patronales del sector también han participado en un expediente que puede durar hasta 18 meses.

El paso dado por Competencia llega tras años de crecimiento en el porcentaje de ciudadanos que cuenta con un seguro médico privado. Según datos de Unespa, la patronal del sector asegurador, a finales de 2022 eran 12,05 millones —el 25,32% de la población—, dos millones más que solo cuatro años antes. Un incremento que, según todas las fuentes, se produce por una combinación de factores no excluyentes entre sí: la percepción de una sanidad pública en problemas, la política de muchas empresas de abonar las pólizas como forma de retribución a sus empleados y la proliferación de seguros a precios bajos cuya sostenibilidad con unos niveles de calidad satisfactorios es cuestionada por algunos actores. El 59% del sector está concentrado en tres grupos: Mutua Madrileña-Segurcaixa (30% de cuota de mercado), Sanitas (15,5%) y Asisa (13,2%)—, lo que debilita la posición negociadora de los facultativos.

Los bajos precios son una de las quejas más comunes de los profesionales, que acusan a las aseguradoras de vender por debajo del precio de coste e imponerles a ellos esta bajada en las tarifas. Los médicos del sector privado se muestran satisfechos con la investigación de la CNMC, aunque recuerdan que las reglas fijadas hasta ahora por las autoridades de competencia han sido las que han dejado el terreno libre a las grandes compañías “para imponer sus condiciones y engrosar sus cuentas de resultados a costa de todos los demás actores del sector”.

La patronal Unespa ha recibido “favorablemente” la apertura de la investigación de la CNMC, ya que considera que el proceso “constituye una excelente oportunidad para que las distintas partes interesadas puedan describir cómo se desarrolla la actividad del seguro de salud en España y exponer sus respectivos argumentos”, afirma un portavoz. Estos serán publicados por Competencia cuando concluya el procedimiento.

La Fundación IDIS, que agrupa a los proveedores de servicios sanitarios privados, también valora el paso dado por la CNMC. “La investigación nos parece una buena iniciativa que aporta transparencia y supone aplicar controles de competencia a un sector clave que realiza casi el 30% del total de la actividad sanitaria en España”, defiende el presidente de la entidad, Juan Abarca. La Fundación IDIS aboga por “la actualización de los honorarios de los médicos”, aunque no comparte que la situación “sea tan precaria como a veces se describe”.

“Te expulsan del cuadro médico si no aceptas sus condiciones”

Guillermo Pérez-Toril (Cáceres, 65 años) es médico de familia que ha ejercido siempre en Burgos, ciudad en la que hizo el servicio militar. En 1985, cuando iba a abrir la consulta privada que aún mantiene, fue al colegio de médicos de la provincia a pedir el “cuadrito”. “Eran las tarifas mínimas que en Extremadura todavía se utilizaban, pero que en Burgos ya no. Cuando yo estudiaba eran unas 500 pesetas por consulta”, recuerda. Estos importes fijados de forma colegiada fueron desapareciendo de toda España siguiendo la normativa de competencia, un cambio que, según los médicos, ha debilitado su posición ante las grandes aseguradoras. “Cuando me enteré de que en Burgos no existía el cuadrito, pensé: ‘Mal vamos a acabar’. Y así ha sido”, concluye.

Este médico considera que es insostenible que le paguen ahora lo mismo que hace 30 años: nueve euros de media por consulta. “Las que pagan mejor dan 11 euros, las que menos 8,60. Nunca dedico a un paciente menos de 15 minutos y muchas veces son más. La gente tiene que hablar y nosotros escuchar”, afirma. Los médicos se quejan de que, con estas tarifas, cobran bastante menos por hora que “los mecánicos de coche o los técnicos que arreglan electrodomésticos a domicilio”.

En realidad, explica, la sanidad privada está formada por cientos de mercados: uno por provincia y, en cada una de ellas, uno por especialidad. “Las compañías lo saben y tienen mucha fuerza, sobre todo porque en la mayoría de los sitios los médicos no hemos sido capaces de organizarnos. Las negociaciones son uno a uno y, claro, ahí el profesional es la parte débil. Y si no aceptas sus condiciones, la amenaza es que te expulsan del cuadro médico y te quedas sin pacientes. A mí me lo han hecho: hace unos años nos expulsaron a 15 médicos de una aseguradora”.

“Muchos médicos jóvenes ya no quieren trabajar en la privada”

Rafael Arriaza, de 62 años, se define como “coruñés nacido en Madrid”. En la ciudad gallega ha vivido la mayor parte de su vida y desarrollado su carrera profesional de traumatólogo especializado en el mundo del deporte, con estrechos vínculos con los grandes clubes locales: el Depor de fútbol, el Liceo de hockey sobre patines...

Define como “drama generacional” lo ocurrido en las últimas décadas en la sanidad privada. “En mi especialidad, cobramos de media de 18,5 a 21 euros la consulta y el año pasado ajustaron las tarifas, pero solo unos céntimos. Lo peor es que no han variado los baremos quirúrgicos y el listado de actos terapéuticos desde 1989. ¡Desde 1989! Esto significa que trabajamos todavía con categorías fijadas cuando no había caído el muro de Berlín”, exclama.

Esto, añade, tiene un impacto “muy importante” en la práctica clínica. “Un ejemplo es la operación de ligamento cruzado y sutura del menisco. Según la edad y la actividad que tengas, lo recomendable es tensar también los ligamentos que rodean la rodilla. Pero, claro, esto en 1989 no se hacía y no está en el listado. ¿Qué hacemos? Lo fácil sería no hacérselo al paciente, pero ahí está nuestro compromiso con él. ¿Solución? Tratas de buscar otro código equivalente para cobrar algo. Pero la aseguradora te lo puede rechazar, o pagarte algo como si te hiciera un favor... Estás absolutamente en sus manos y en una posición de debilidad”, resume.

Otra queja del sector es que, mientras los ingresos permanecen congelados, los gastos no dejan de crecer. “Las aseguradoras hace 30 años pagaban un fijo por la operación y añadían un 30% para el ayudante, un 10% para el instrumentista... Ahora no, todo eso lo asumimos nosotros...”, se queja.

“El resultado es que ahora muchos jóvenes ya no quieren entrar en la privada. Ahora nos hemos organizado para cambiar todo esto. Lo hacemos los mayores porque asumimos que así, a las puertas de la jubilación, no tenemos que preocuparnos de las consecuencias de nuestras quejas”, lamenta.

“Cómo vas a operar algo sencillo por cuatro euros si luego se te puede complicar”

Mariano Gonzalo (Almansa, Albacete, 65 años) es ginecólogo y ejerce en Castellón. Expone su caso como ejemplo de la forma de negociar entre profesionales y aseguradoras. “Aquí en Castellón no nos hacían ni caso. Hasta que nos plantamos en 2018. Hicimos una asociación de ginecólogos y pudimos negociar con algo más de fuerza”, explica. El resultado fueron aumentos en los honorarios que les permitieron recuperar aproximadamente la mitad, aunque no toda, la inflación registrada entre 2006 y 2018. “No todos los médicos cobran igual ni tienen las tarifas congeladas. Ha habido algunos que se han plantado ante los gerentes regionales de las aseguradoras. Lo conseguido depende de la posición de fuerza que hayan conseguido antes de sentarse a la mesa”, opina.

El problema, considera, es que los seguros privados se están vendiendo a unos precios insostenibles. “Empiezan a niveles bajos para ganar clientes, pero luego, al paciente que necesita servicios médicos, le suben la cuota según lo que ellos llaman ‘siniestralidad’. Le pueden subir de 70 a 190 euros, pero ese incremento no lo repercuten en los médicos, que son los que trabajan, pero siguen cobrando lo mínimo”, se queja.

Las tarifas que percibe son de unos 40 o 45 euros por consulta. “Puede parecer que sea más que otras especialidades, pero no es así. Nosotros incluimos en la consulta la ecografía, la citología... Es un paquete más largo y que requiere una fuerte inversión en equipos”, argumenta.

El resultado, según este especialista, es que “casi nadie” quiere operar. “Si no es algo grave o urgente, te lo piensas mucho. Cómo vas a operar algo sencillo por los cuatro euros que te dan si la operación, además, luego se te puede complicar y tener problemas. Así que muchos prefieren asegurar, pedir otra prueba, descartar riesgos... Al final se va haciendo una bolsa de pacientes por el circuito que dispara las listas de espera también en la privada. Y con todo esto, la calidad de los seguros cae”, lamenta.

“Teniendo en cuenta el IPC, cobro la mitad que hace 20 años”

Antonio González-Chamorro (Madrid, 56 años) es cirujano, ejerce en la provincia de Málaga y resume su malestar con la siguiente frase: “Cada año cobro menos que el anterior por la misma actividad”. Como muchos otros profesionales del sector privado, este especialista lamenta que el problema se viene arrastrando desde hace al menos dos décadas: “No ha habido ningún cambio significativo en los precios que unilateralmente fijan las compañías de seguro para las intervenciones. Teniendo en cuenta el IPC, en realidad cobro la mitad que hace 20 años”.

Este especialista desgrana los importes que percibe por algunas de las operaciones más comunes: “Por una hernia la media son 92 euros, unas hemorroides 92, una fístula reproducida 145, una hemitiroidectomía 255, una apendicectomía por laparoscopia 229 euros, un cáncer de colon por laparoscopia 548 euros o un cáncer de mama 447 euros. Ahí están incluidas todas las visitas posoperatorias que necesite el paciente. Y reservando, además, un 30% de este importe para pagar al cirujano que te ayuda en la intervención. Si esto me parece vergonzoso, súmale lo que ocurre cuando uno trabaja intermediado por un grupo hospitalario, el cual se queda una comisión de al menos el 30%”.

Este médico también lamenta que “los nomenclátores que describen la actividad no están actualizados”, por lo que “la descripción de los procedimientos no ha cambiado en más de dos décadas y no se detalla adecuadamente lo que se hace en la actualidad”. Todo ello, asegura, repercute en la “calidad” y también en la seguridad del paciente. “A nadie se le escapa que un buen restaurante, una buena casa y un buen coche son caros. Sin embargo, algunos piensan que una buena sanidad puede ser barata. Pues imagina lo que es operar a decenas de pacientes para que te compense mínimamente la actividad...”, concluye.