La mujer que denunció una agresión sexual en la convención de Tecnocasa y el investigado declaran ante la jueza

Pasadas las 11.20 de este miércoles, María —nombre ficticio para proteger su identidad— se sentaba delante de una pantalla en una sala del Juzgado de Instrucción Decano de Zaragoza. Al otro lado, la jueza de Santander que instruye su caso, la agresión sexual con sumisión química que ella denunció el pasado junio y que, según consta en esa denuncia, ocurrió en la ciudad cántabra durante la convención anual de la que era su empresa, Tecnocasa. También con la magistrada estaba su abogada. Junto a María, en la sala de Zaragoza, el letrado del investigado. “Me han preguntado [la defensa y la jueza] si consumía drogas, porros o cocaína, si había tenido problemas con las benzodiacepinas, y si consumía alcohol con comidas y cenas. No, pero aunque así fuera, ¿Qué tiene que ver?”, dice ella al teléfono, poco después de salir de esa declaración que ha durado una hora y cuarto.

El abogado de la defensa, Fernando Pamos de la Hoz, afirma que sus preguntas iban enfocadas a “hacer ver las contradicciones” en las que, según él, incurre ella al dar su testimonio por las declaraciones de algunos testigos, acerca del consumo de drogas, alcohol y la propia agresión sexual. La abogada de ella, Vanessa Fernández, incide en cómo esas declaraciones “han sido totalmente distintas, cada uno decía una cosa diferente”.

Este miércoles era el día que la magistrada fijó para la declaración de María, el presunto agresor —un compañero de otra franquicia de Tecnocasa de la misma ciudad (Kiron) sobre el que consta “una detención anterior el día 09/08/2017 por MMTT [malos tratos] en el ámbito familiar”, según las diligencias previas a las que tuvo acceso este periódico—, tres trabajadores del hotel donde sucedieron los hechos denunciados, y tres testigos; declaraciones que “se han alargado”, dice Fernández, la letrada, y que han acabado pasadas las dos del mediodía. Tras la jornada de hoy, la magistrada decidirá si el procedimiento por los hechos que María denunció en junio continúa y se abre juicio, o si no lo hace.

Esos hechos, según el atestado policial, ocurrieron la noche del 14 de junio. Ese viernes, y ella y su compañero, que trabajaban en una de las franquicias de la inmobiliaria en Zaragoza, llegaron a Santander para la convención anual de la inmobiliaria, y, como muchos otros compañeros, acudieron a la fiesta previa que la empresa había organizado. Él se marchó al hotel y María se quedó con gente de Tecnocasa. Se despertó el sábado a las 8.00 en su habitación “desnuda en la cama, con dolor vaginal, marcas en las muñecas como de haber sido sujetada con fuerza y una moradura en el muslo derecho”.

Volvieron el domingo a Zaragoza y el lunes fueron a trabajar y le contaron al jefe de su oficina lo que había ocurrido. “Si estáis bien y llegasteis al hotel no quiero saber nada más de estas cosas, mucho cuidado con armar un escándalo que estas cosas no están bien vistas aquí. Quietecita”, fue la respuesta que, según relató María a este diario, le dio ese hombre.

Ella pasó dos días sin recordar nada más. Hasta el miércoles, cuando se acordó de que despertó porque alguien salió de su habitación y dio un portazo. En ese momento decidió que tenía que ir al hospital y a denunciar. Esa misma tarde fue a las urgencias del Universitario Lozano Blesa, dio positivo en cocaína y benzodiacepinas que ella asegura que no consumió voluntaria ni conscientemente. Y activaron el protocolo de violencia sexual. El hospital dio parte a la UFAM (Unidades de Atención a la Familia y Mujer) de la policía y los agentes, al forense de guardia. Le hicieron las pruebas pertinentes y le tomaron la declaración que al día siguiente fue a firmar a comisaría.

El caso pasó a Santander, por ser la ciudad donde habían ocurrido los hechos, y el 24 de julio el investigado recibió la notificación del juzgado de Instrucción número 3 de Santander en la que se le comunicaba que, “para garantizar la integridad física de la víctima”, se le imponía una orden de alejamiento a no menos de 200 metros y la prohibición de comunicación por cualquier medio. El día después, fue él quien solicitó medidas cautelares contra la víctima y su compañero de trabajo, para que no pudieran acercarse ni comunicarse con él porque, según declaró ante la policía, era él quien estaba recibiendo acoso por parte de ambos. La jueza contestó dos semanas después: “No puede prosperar por obvias razones procesales: el solicitante es el investigado en la presente causa, por lo que la petición realizada no es posible. No ha lugar a adoptar la medida cautelar solicitada”.

Ahora, además del procedimiento por la agresión sexual con sumisión química, hay otro en marcha, el del despido que tanto María como su compañero de trabajo denunciaron como improcedente, porque al día siguiente de que ambos acudieran a su jefe para contarle lo que había sucedido, los despidió. Tenocasa, la franquiciadora de la empresa para la que trabajaban, lleva desde ese momento intentando desvincularse de lo sucedido. Tras la publicación de esa información en este diario, la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz pidió a la Inspección de Trabajo que investigara qué había sucedido. Ese organismo se reunió este verano tanto con la víctima como con su compañero de trabajo y con la empresa, sin que haya trascendido aún nada de la investigación.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.