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Un juzgado impone una orden de alejamiento al presunto agresor de la mujer que denunció una sumisión química en una convención de Tecnocasa

El investigado, compañero de otra franquicia de la inmobiliaria, fue detenido en 2017 por malos tratos en el ámbito familiar

El interior de una discoteca en una imagen de archivo.
El interior de una discoteca en una imagen de archivo.JUAN BARBOSA
Isabel Valdés

El juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha impuesto una orden de alejamiento a no menos de 200 metros y la prohibición de comunicación por cualquier medio al presunto agresor de la mujer que denunció una sumisión química y una agresión sexual durante una convención de Tecnocasa. Fue en junio en la capital cántabra. Ella, que trabajaba en una de las franquicias de la inmobiliaria en Zaragoza, llegó el viernes 14 a la ciudad, y, como muchos otros compañeros, acudió a la fiesta previa que había esa noche. Se despertó el sábado a las 8.00 en su habitación de hotel “desnuda en la cama, con dolor vaginal, marcas en las muñecas como de haber sido sujetada con fuerza y una moradura en el muslo derecho”. Después, dio positivo en benzodiacepinas y cocaína que ella no consumió ni consciente ni voluntariamente. El hombre, identificado por la Policía Nacional de Zaragoza “por testigos”, es un compañero de otra franquicia de Tecnocasa de la misma ciudad (Kiron) y sobre él consta “una detención anterior el día 09/08/2017 por MMTT [malos tratos] en el ámbito familiar”, según las diligencias previas a las que ha tenido acceso este periódico.

Además de la denuncia ante la Policía, María —nombre ficticio para proteger su identidad— fue junto a un compañero de trabajo que había estado también en la convención a hablar con su jefe para contarle lo que había pasado. Lo hizo el lunes 17 de junio, tras volver de la convención. La respuesta de ese hombre —empleado directo de Tecnocasa y gerente de la franquicia en la que ella trabajaba, en Zaragoza—, fue: “Si estáis bien y llegasteis al hotel no quiero saber nada más de estas cosas, mucho cuidado con armar un escándalo que estas cosas no están bien vistas aquí. Quietecita”. Y al día siguiente, la despidió. Tenocasa, la franquiciadora de la empresa para la que trabajaba María, intenta desvincularse de lo sucedido.

María ha denunciado ese despido como improcedente, y el pasado viernes, tras la publicación en este diario de esa información, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidió a la Inspección de Trabajo que investigara lo que había sucedido. “Esto es una vulneración flagrante de derechos fundamentales. Ninguna denuncia puede hacer que te despidan. He pedido a la Inspección de Trabajo que investigue lo ocurrido. Esto no puede quedar así. No estás sola”, posteó en X (antes Twitter).

Ambas cuestiones, tanto el despido como la sumisión química y la agresión sexual, están siendo investigadas. En Zaragoza lo laboral, por ser la ciudad donde residen y donde están las franquicias de Tecnocasa tanto de María como de su agresor; y en el juzgado de Santander el delito sexual, por ser el lugar donde ocurrió.

“En este caso, atendiendo a las circunstancias del caso, sin perjuicio de la ulterior calificación de los hechos, entendiendo que estaríamos en presencia de un delito que atenta contra la intimidad y libertad sexual de la denunciante, creemos que se hace necesario la protección de la misma, ya que los hechos son graves, la pena que podrían llevar aparejada de prisión es elevada y ello hace que, de no adoptarse otras medidas más gravosas contra el investigado, al menos se adopte una medida que pueda proteger a la víctima”, dice el auto del juzgado fechado el pasado martes, 23 de julio, y notificado a María al día siguiente.

Esas medidas se acordaron dado el “carácter urgente de la situación”, es decir, de forma cautelar y a petición de una de las partes por circunstancias especiales y se adoptaron sin haber aún escuchado a la otra parte. “No podemos obviar que se trata de una medida cautelar, que, por tanto, es provisional, y lo dicho en la presente resolución queda a resultas de lo que resulte de la instrucción, por lo que no se está anticipando ni la culpabilidad o no del investigado ni la calificación que podrían recibir los hechos. Tengamos en cuenta en este momento el carácter indiciario de lo actuado”, expone la magistrada, que clarifica que “no se están enjuiciando los hechos” y que “lo único que se está valorando es la existencia de la situación de riesgo que se pretende tutelar”, por lo que entiende “justificada” ambas decisiones “para garantizar la integridad física de la víctima”.

Esa “situación de riesgo” y esa necesidad de “garantizar la integridad física de la víctima” de las que la magistrada habla en el auto derivan de cómo se han ido sucediendo las últimas semanas para María.

Cuando fue a denunciar la sumisión química ante la Policía Nacional de Zaragoza, apenas recordaba nada más que cómo se despertó la mañana de aquel sábado 15 de junio, desnuda y con marcas y sin saber cómo había llegado hasta ahí. En esa denuncia consta que ella “desconoce con quién estuvo ni quién la acompañó a su habitación, pero quiere dejar constancia que en el caso de haber tenido relaciones sexuales con alguien esa noche, no han sido consentidas”. A los días, María recordó algo más y volvió a la UFAM junto a su compañero de trabajo, que ha estado acompañándola desde que ocurrió todo. Quería contar a la policía cómo “alguien la había cogido del brazo, la tiró en la cama, la sujetó con fuerza y, cuando ella se defendió dando una patada, él respondió con un puñetazo y un bofetón”.

La UFAM, sin embargo, no le permitió ampliar esa declaración y le comunicó que “ya habían localizado a la persona con quien se fue por testigos, sin indicar quién era. Dijeron que él afirmó que el acto fue consentido, y sugirieron que probablemente el caso se archive”, cuenta María. La declaración de ese hombre, con un pasado en el mundo del modelaje y conocido en Zaragoza, ocurrió el 21 de junio. Él afirmó que “el viernes noche mantuvo una relación sexual con una joven de su empresa Tecnocasa de Zaragoza, recordando” su nombre “sin más importancia”, se lee en las diligencias previas.

María se marchó de allí “sin entender nada”. No sabía por qué no le informaban de quién era ni por qué no le permitían ampliar esa declaración y por qué le decían “que ya estaba todo cerrado y que ya declararía en Santander si tenía algo más que declarar”, recuerda ella. Lo intentó una vez más y lo hizo también a través de su abogado, pero no fue hasta el 15 de julio cuando pudo hacerlo. Para ese día, María ya sabía quién era su agresor. Se lo había encontrado en la calle. Y lo había reconocido. Ocurrió dos veces.

Lo contó en esa ampliación de declaración. La primera fue el 10 de julio a las ocho de la tarde. Iba con su compañero de trabajo a un establecimiento de manicura, “y es en ese preciso momento, cuando alzando su mirada se encuentra la mirada de un chico de frente en la vía pública, reconociendo a este como su presunto agresor”, se lee en la declaración. “En el momento que se encuentra con este varón, el mismo le mira a la cara de la declarante, de arriba abajo, le guiña un ojo y se muerde el labio, todo ello llevado a cabo en un cruce de miradas entre ambos”, añadió María ante los agentes.

Ella entró en pánico y su compañero de trabajo decidió llamar a una ambulancia que la trasladó al Hospital Clínico Lozano Blesa para que pudiera ser atendida en psiquiatría. En las diligencias previas se explica cómo “estando ella en la sala de espera del hospital, decide llamar a un compañero de trabajo de la empresa Kirón [otra franquiciada de Tecnocasa en Zaragoza] para preguntarle si el hombre que la había agredido era quien ella creía, y ese compañero “le contestó que sí”.

Y dos días después, el 12 de julio sobre las 22.07, volvió a suceder. Ella iba a la farmacia y “nada más entrar, vuelve a encontrarse con el mismo varón”. El personal de la farmacia la atendió y, con una crisis de ansiedad, ella decidió “coger un Uber y marcharse a casa”.

En esa declaración también explicó que, al verlo, vinieron “los recuerdos a su memoria de lo sucedido en Santander. Recuerda que iba acompañada por él por una calle de camino al hotel, luego no recuerda nada hasta el momento en que le da su cartera para que cogiera la tarjeta de su habitación en el pasillo justo enfrente de la misma”. También que la noche del 14 de junio tenía dos tarjetas y el sábado por la mañana “descubre que solamente tenía una”. Y que “recuerda llevar el pelo mojado, como si se hubiera duchado pero no recuerdo haberlo hecho”.

Ese día en el que amplió denuncia ya con el nombre del agresor, habiéndolo reconocido “sin ningún género de dudas” entre seis imágenes que le mostró la policía, y con los recuerdos nuevos que había ido teniendo, solicitó medidas de alejamiento y prohibición de comunicación. Son las que el pasado martes adoptó la magistrada del juzgado de Instrucción número 3 de Santander.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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Sobre la firma

Isabel Valdés
Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.
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