Los obispos anuncian que presentarán su plan de reparación a las víctimas de pederastia “en las próximas semanas”
La cúpula episcopal española responde sobre el quinto dossier de EL PAÍS que eleva los afectados a más de 1.500 que no quiere “entrar en cuestiones de número”
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
───────────
El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha asegurado este viernes que la Iglesia española aprobará “en las próximas semanas” —la próxima reunión de la Conferencia Episcopal Española será los días 2 y 3 de julio— su plan de reparación a las víctimas de abusos, de forma que esperan que esté funcionando este verano. Argüello ha respondido así a las preguntas de los periodistas tras una reunión mantenida con el papa Francisco en el Vaticano en la mañana de este viernes, en la que el máximo representante de la Iglesia les ha preguntado específicamente por esta cuestión. “Le hemos planteado la percepción que tenemos de cómo durante estos años hemos incidido en un cambio de posición en la sociedad, para que nos vean de otra manera, para tomar conciencia del problema y como hemos ejercitado mecanismos y recursos de reparación, acompañamiento y de preocupación”, ha señalado Argüello.
El plan incluirá, además de una normativa de prevención, una comisión asesora formada por profesionales, tanto del mundo del derecho, de la psicología, de la psiquiatría como del acompañamiento espiritual, según ha explicado Argüello, que ha acudido a Roma para un encuentro de la nueva cúpula de la CEE con el pontífice.
Preguntado por los periodistas por el quinto informe de casos de pederastia en la Iglesia española elaborado por EL PAÍS dentro de su investigación de los abusos de menores en la Iglesia católica española, presentado este jueves al Vaticano y a la Conferencia Episcopal Española (CEE) para que los registre e investigue, tal y como marca el derecho canónico, en el que constan 79 testimonios de abusos sexuales contra 87 acusados y 110 víctimas, Argüello ha indicado que no quieren “entrar en cuestiones de número, porque cada rostro es importante”. “Invitamos a los responsables políticos y a la sociedad española a que, en los diversos campos en los que se producen abusos, puedan abordarse”, ha añadido.
Sobre esa cuestión, Argüello ha admitido que “muchas veces las víctimas tardan tiempo en expresar su dolor”, y les ha “animado a que no duden en acudir a los servicios de acogida que tenemos en cada una de las diócesis españolas y en centenares de congregaciones religiosas”. No obstante, el pasado mayo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) abrió una investigación de oficio sobre la filtración de datos confidenciales de 45 víctimas de pederastia en la web de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Varias de las víctimas dañadas por la filtración expresaron entonces su indignación y anunciaron su intención de emprender una demanda colectiva contra los obispos. La CEE aún no ha pedido perdón por estos hechos.
Preguntado por las indemnizaciones económicas que contemplará su plan, Argüello ha señalado que “las indemnizaciones las fijan los tribunales”. “Hay que distinguir indemnización, que es una categoría de sanción administrativa o penal, de lo que puede ser una reparación integral que afecte a daños morales, psíquicos, y a la necesidad de terapias, que sin duda tienen una repercusión económica”. El pasado noviembre, los obispos españoles rechazaron participar en un fondo común para indemnizar a las víctimas de pederastia en la Iglesia, como propone el Defensor del Pueblo, al condicionarlo a que se incluya a todas las de abuso sexual a menores en España. Tampoco han querido aclarar con qué criterios se pagarán estas compensaciones, aunque en su último informe sobre el escándalo, del pasado mes de diciembre, aplicaban una controvertida e inédita clasificación de los casos, entre probados y no probados. En síntesis, la Iglesia española apenas se cree dos de cada diez casos conocidos, que según la base pública de datos de EL PAÍS, la única existente, en este momento ascienden a 1.532 acusados y al menos 2.735 víctimas.
En otros países, los obispos han pagado una media de 35.000 euros por víctima. En los últimos años algunas órdenes religiosas, como los maristas, han recurrido a la mediación de asociaciones de atención a víctimas y han llegado a pagar esa cantidad, pero en otras ocasiones ni mencionan la posibilidad de una indemnización. Los salesianos también han comenzado a pagar cantidades similares. Pero todo en medio de un gran secretismo. Las víctimas no saben a qué atenerse cuando comienzan estos procedimientos, no hay ninguna referencia pública, ni única. Y todo depende de la suerte que tenga cada víctima, de con qué obispo o superior se encuentra.
Por otra parte, el vicepresidente de la CEE, José Cobo, ha manifestado que la línea en la que está actuando la Iglesia es “más grande que solo la judicial”. “Llevamos unos años trabajando en la reparación de la indemnización, trabajando en el tema de la educación y la prevención intensamente (...). Nuestro arco de actuación yo creo que es más amplio y también exige más tiempo, no simplemente lo último que tengamos o los últimos datos”, ha explicado.
