El Gobierno aprobará un plan para indemnizar a las víctimas de pederastia del clero, con o sin la colaboración de la Iglesia

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El Gobierno quiere dar el primer paso para que las víctimas de pederastia reciban justicia y este martes aprobará en el Consejo de Ministros un plan del Ministerio de Presidencia y Justicia que prevé indemnizar a los afectados cuyos casos estén prescritos penalmente. Aún no hay cifras del importe de las compensaciones. El plan, a cuyo borrador completo ha tenido acceso este periódico, está en línea con las recomendaciones que presentó el Defensor de Pueblo el pasado mes de octubre sobre abusos en el ámbito religioso. Lo hizo por encargo del Congreso de los Diputados, que hace dos años le encomendó un estudio a raíz de las investigaciones de este diario, que hasta ahora contabiliza 1.460 acusados y al menos 2.608 víctimas. La Iglesia, en cambio, hasta ahora solo admite 1.057 casos. Por su parte, el informe del Defensor incluía una encuesta que calculaba que el 1,13% de la población ha sufrido abusos en ámbitos eclesiásticos, un porcentaje que equivale a unas 440.000 personas, según los cálculos de este diario. El titular del organismo público, Ángel Gabilondo, aún debe presentar el estudio en el pleno del Congreso de los Diputados.

El documento, bautizado como Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos, actúa en cinco frentes: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar; y por último, informar e investigar. Parte de la base de que “la respuesta de la Iglesia católica tanto a la encomienda del Defensor del Pueblo como a las denuncias de los abusos ha sido insuficiente”. Se recogen más conclusiones críticas del equipo de Gabilondo: la Iglesia ha concebido “el problema más como un pecado que como un delito” y su respuesta durante años ha sido “la negación o minimización del problema cuando no la culpabilización de la propia víctima y/o superviviente”, además de “dinámicas de encubrimiento y ocultación”. Es más, el texto advierte la importancia de que “la reparación no dependa de las decisiones de las diversas entidades religiosas o de profesionales contratados por ellas, debido a los peligros que entrañan de desigualdad, arbitrariedad, opacidad y encubrimiento y que han formado parte de las dinámicas del abuso”.

Por todo ello, el plan abraza la principal recomendación del Defensor: buscar una fórmula para indemnizar a las víctimas. La “más deseable”, según el borrador, contaría con la colaboración de la Iglesia. Consistiría en crear un órgano especial e independiente de carácter temporal para la reparación de las víctimas cuyos casos hayan prescrito, el agresor haya fallecido o “no se haya podido seguir un proceso penal contra este”. Este equipo estaría integrado por especialistas y “exigiría la colaboración de la Iglesia católica para hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparación simbólica”.

Para el pago de las indemnizaciones, el Defensor ya planteó la posibilidad de crear un fondo estatal donde participase la Iglesia, algo que la Conferencia Episcopal (CEE) condicionó a que se destinara a compensar a todas las víctimas de pederastia, no solo las del clero, con lo que en la práctica rechazó su participación. Ese es el segundo supuesto que aborda el plan. Si la Iglesia rechaza colaborar, la segunda opción sería la aprobación de “un proceso administrativo” que reconozca la condición de víctima y “las medidas reparadoras que sean adecuadas”. En este caso, se contempla una posible colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. El plan no incluye un baremo de cantidades ni tampoco los procesos que tendrán que seguir los afectados para obtener su reparación y su condición de víctima.

Este será uno de los aspectos decisivos, como ha ocurrido en otros países. En España se suelen tomar como referencia para indemnizaciones los baremos de los accidentes de tráfico, que son de cuantías bajas. A diferencia de otros países como Reino Unido, Irlanda, Canadá o Australia, en España no existe uno oficial específico para abusos de menores. Para las víctimas, seguir la tabla de los siniestros de tráfico es un anacronismo, y constituye una de sus principales quejas. Consideran que no es aplicable a este tipo de delito. Cómo se fijan estos baremos y qué cuantías se marcan será una de las claves del plan.

En otros países católicos, las indemnizaciones van de un mínimo de casi 6.000 euros que paga Bélgica de media a cada víctima, a los 62.245 por persona que ha desembolsado Irlanda, el país con los resarcimientos más elevados. Con esta horquilla, y con el millar de casos que ya admite la CEE, en España supondría pagos de 6,7 a 70 millones de euros. Y eso considerando solo una víctima por agresor, cuando en casi todos los casos hay más, y teniendo en cuenta que el número de casos que salen a la luz no para de crecer. El informe del Defensor del Pueblo ya apuntó datos sobre las indemnizaciones en seis países católicos que ya llevaron a cabo estos procesos, tanto desde la Iglesia como desde las autoridades públicas. Además de Irlanda y Bélgica, en los extremos, Australia ha pagado 53.000 euros de media; Francia, 37.000; Países Bajos, 32.221; y Alemania, 22.000. La media de todos ellos es de 35.397 euros.

Plan temporal

El periodo inicial de vigencia del plan, cuya tramitación ya adelantó este sábado El Periódico, será entre 2024 y 2027. La Dirección General de Libertad Religiosa será la responsable de su impulso y seguimiento, aunque también se creará una comisión integrada al menos por los ministerios implicados en la ejecución de las medidas. También se buscará la participación de las víctimas y sus asociaciones. “Se impulsará la coordinación necesaria con la Iglesia católica en el marco de los instrumentos previstos en los Acuerdos de cooperación entre el Estado y la Santa Sede, a fin de facilitar el desarrollo de las recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo que requieren la colaboración de la propia Iglesia católica”, dice el documento.

Otra de las medidas destacadas de la iniciativa es que el Gobierno organizará un acto de Estado de reconocimiento a las víctimas, en el que cuente con su presencia, y la de sus representantes y familiares. “Es necesario, en consecuencia, que la sociedad organice actos simbólicos que sean expresión pública de este reconocimiento, de la gravedad del daño causado, de las consecuencias que ha provocado en sus vidas y de asunción del compromiso de responder al reto de su reparación y prevención”, cita el documento, secundando la recomendación del Defensor del Pueblo.

Una tercera iniciativa ya había sido anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura: que la responsabilidad civil de estos no prescriba. El plan prevé “analizar e impulsar las modificaciones legales oportunas para que la extinción de la responsabilidad penal por la prescripción del delito (...) no limite el ejercicio de la reclamación de la responsabilidad civil conforme a la regla general, iniciando el cómputo de plazo de prescripción de la acción civil siempre que no se haya renunciado a su ejercicio, una vez que el delito haya prescrito”. Fuentes oficiales explican que el cómputo del plazo de prescripción de la acción civil comenzaría cuando el menor haya cumplido 35 años y apuntan que la modificación del plazo de prescripción de la acción civil podría tener efectos retroactivos, según la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional.

Otra de las iniciativas para ayudar a los afectados es impulsar el uso de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos (OAVD) para acoger a estas personas. Para ello, se prevé formar a los equipos de estas unidades “en particular en lo relativo a la atención psicológica, de los aspectos específicos de las víctimas y /o supervivientes de la violencia sexual en ámbitos religiosos vinculados al daño espiritual”. Del mismo modo, el plan contempla la elaboración de “un estudio sobre prevalencia de la violencia hacia la infancia y la adolescencia en España“, impulsado por el Ministerio de la Juventud e Infancia.

La Iglesia, por su parte, aún no ha aclarado cómo va a indemnizar a las víctimas y con qué baremos. Lo que ha hecho la Iglesia española hasta ahora en materia de resarcimientos está rodeado de secretismo. En la investigación del Defensor del Pueblo, solo cuatro diócesis revelaron compensaciones: Mallorca (30.000 euros), Tui-Vigo (44.000), Cartagena (47.000, 600 y 25.000) y Vitoria (5.000). EL PAÍS ha revelado este mes la lista interna con la gestión de los casos que admite la Iglesia y salía a la luz un caso muy reciente en Jerez de la Frontera, Cádiz: un acuerdo particular en 2022 entre la víctima y los marianistas para un resarcimiento de 70.000 euros por abusos en el colegio de la orden en Jerez entre 1964 y 1976. Es uno de los más altos conocidos hasta ahora a una sola persona. El mayor que ha trascendido es de los jesuitas, según publicó EL PAÍS, que desembolsaron 72.000 euros a una víctima de Salamanca en 2002. En cuanto a sentencias judiciales, la mayor compensación conocida es la dictada por el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha en 2022 contra el sacerdote J. L. G., un caso desvelado por este diario, que ascendió a 100.000 euros, sin que la Iglesia fuera considerada responsable civil subsidiaria. Aún está pendiente de resolución el recurso ante el Tribunal Supremo.