Cientos de historias de pederastia que la Iglesia no se cree: “Lo que más me duele es quedar como un mentiroso”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La frustración y la indignación son unánimes en muchas de las víctimas que aportaron su testimonio a EL PAÍS y luego se dirigieron a la Iglesia para corroborarlo, pero ahora descubren que no fueron creídas, según revela la lista interna de la gestión de cada caso publicada por este diario, que se puede consultar también al final de este artículo. Otras cuentan incluso que nunca les atendieron o se hizo de forma decepcionante. El informe Para dar luz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), publicado en diciembre, contabiliza por el momento solo 1.057 acusados ―aún deja fuera cerca de 400 casos conocidos, según la base de datos de este diario, que recoge todos los conocidos― y, de ellos, considera probados o verosímiles únicamente 358. Agustín José Llop relata que contactó con los mercedarios para denunciar los abusos que sufrió en los años setenta en el internado de Reus, “como catarsis, y para sumar, pero convencido de que de nada serviría”. Pero ahora su tristeza es mayor al ver la lista revelada por EL PAÍS: “Lo que más me duele es quedar como un mentiroso, con el daño que me ha producido de por vida. En fin, la Iglesia es como la banca, nunca pierde”. Los mercedarios no aparecen en la contabilidad de la Iglesia y este caso, oficialmente, no existe.

Llop es una de las víctimas del medio centenar que este periódico ha vuelto a contactar estos días para saber su experiencia con la Iglesia. Refiere que se reunió con un superior de la orden y dos frailes: “Escribieron la denuncia, me dijeron que sería enviada al Vaticano y hasta ahora. Nunca más supe de ello, de eso hace más de dos años. Evidentemente no me ofrecieron nada más que el perdón y la recomendación de que, como oveja descarriada, volviera al redil del cristianismo”.

Las víctimas siguen esperando que el Gobierno actúe y aplique las recomendaciones del Defensor del Pueblo, como crear una oficina de atención para que sea una institución pública quien documente y contabilice los casos de abuso y luego gestione posibles indemnizaciones. En su opinión, lo ocurrido no hace más que resaltar esta necesidad, pues desconfían totalmente de la Iglesia. La última prueba es ese informe de los obispos, Para dar luz, que la CEE presentó como el definitivo sobre el escándalo, pero que ha resultado ser una controvertida maniobra para intentar reducir el número oficial de casos y contrarrestar la auditoría que los propios obispos encargaron al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. Para ello, la CEE utilizó un informe provisional e incompleto que les filtró su topo en el bufete, Alfredo Dagnino, luego despedido por ello. Pese a que el despacho advirtió que era un listado de casos deficiente que debía ser desechado, la CEE lo asumió tal cual y lo hizo oficial. Realizó un copia y pega del documento, erratas incluidas, y secundó su polémica clasificación de casos, que distinguía entre probados y no probados, algo inédito en los trabajos de este tipo, y más aún porque es obra de una sola persona. De hecho, muchas diócesis y órdenes protestaron a la CEE porque esa catalogación de sus casos se hizo a sus espaldas.

La diócesis de Bilbao, que ha hecho un esfuerzo de atención a las víctimas, es un buen ejemplo. En esa lista interna, refrendada por la CEE en su informe, registra 32 denuncias y oficialmente solo se cree dos (una probada y otra verosímil), aunque este obispado ha precisado a EL PAÍS que nunca clasificó así sus casos. K. Zubeldia, por ejemplo, habló con la diócesis de Bilbao para denunciar abusos en los años sesenta de un sacristán de la parroquia de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando. Ahora ve que su caso, el número 32 de la lista de Bilbao, figura como “no probado” y que él, “supuestamente” era menor de edad. “Me parece inverosímil. Esto es una afrenta a mi integridad. Además el uso de ‘supuestamente’ marca claramente el sesgo de la persona que compila el reporte. Yo era menor de edad y el abusador fue el sacristán. No hay ‘supuestos’ en esto. Me parece insultante que me traten de esta manera”. Leonor García, que denunció abusos del cura Martín Valle García en los años setenta en el hospital de Santa Marina de la capital vizcaína, también está desolada. El suyo es el caso número 10, “no probado”, donde se concluye: “No hay conocimiento alguno de los hechos”. “Mi experiencia con la comisión de víctima de la diócesis no es buena, nunca hicieron nada, no me dieron información que tenían, jugaron al despiste conmigo, solo me ayudó el obispo”.

La CEE aún no ha rectificado públicamente esta controvertida clasificación de casos, ni ha aclarado si va a continuar aplicándola o renunciará a ella. El informe Para dar luz de los obispos reflejó literalmente la contabilidad de la lista de Dagnino y su clasificación, pero de forma genérica, sin detallar cada caso. Al ser revelado por EL PAÍS el desglose de la lista, denuncia por denuncia, y sus numerosas carencias, la CEE ha tenido que admitir “errores muy significativos”, sin especificar cuáles. El documento está siendo corregido en la web silenciosamente y van cambiando las cifras, aunque sigue lleno de lagunas.

La situación ahora es de caos y aún más desconcierto de las víctimas. Este confuso y polémico informe aspiraba a ser la última palabra de la Iglesia y en realidad ha retrocedido al principio, pues también ha renegado de la auditoría de Cremades, que le costó 1,2 millones de euros. La CEE aún no ha explicado qué va a hacer.

En la propia diócesis de Valladolid, que es la del presidente de la CEE, Luis Argüello, hay un caso clasificado como “no probado”, a pesar de que el obispado pidió perdón a la víctima, según relata. El afectado escribió en 2022 a la oficina diocesana para denunciar abusos de un sacerdote en el seminario menor de la ciudad entre 1960 y 1961. Un psicólogo del obispado, explica la víctima, le contestó que no podía tramitar ninguna denuncia porque el acusado había fallecido “y tampoco les constaban más víctimas”. La diócesis le proporcionó ayuda psicológica y le pidió perdón, pero el caso es “no probado”. “En 2023 me contactó de nuevo el psicólogo interesándose por mi salud y ofreciendo su ayuda nuevamente. Al decirle, o quizás a causa de ello, que la oficina del Defensor del Pueblo me había solicitado información, no me ha vuelto a contactar”, explica.

Otro caso registrado en la diócesis de Valladolid es el de Agustín Romero, que acusó de abusos en los años sesenta a un hermano de los Operarios Diocesanos, Terencio Martín Pérez, de los 11 a los 14 años en el colegio Pío XII de Valencia, aunque este religioso, nacido en 1933, estaba incardinado en la capital castellana. A lo largo de su carrera, también fue profesor en los seminarios de Burgos, Linares de Riofrío (Salamanca), Tarragona, Valladolid, y en la escuela de formación profesional Juan XXIII de Bonavista, Tarragona, y el colegio San José de Tortosa. Luego vivió en la residencia Maestro Ávila de Salamanca de 2003 a 2010, hasta que falleció en 2012. La víctima no se puso en contacto con la diócesis de Valladolid, pero la orden sí contactó con él tras conocer su denuncia a través de EL PAÍS: “Hace dos años me llamó un superior y me pidió perdón”. Pero el caso figura como “no probado” en la diócesis de Valladolid. Romero ha escrito a la CEE para que rectifiquen la información de su caso. Por otro lado, la orden de los Operarios Diocesanos es una de las muchas que no aparecen en el informe Para dar luz. La descoordinación entre diócesis y congregaciones a la hora de comunicarse sobre los casos que no son de su competencia es otro de los aspectos que emerge en la contabilidad de denuncias de la CEE.

En la lista oficial de casos de la Iglesia hay tres que han sido declarados “falsos”. Uno de ellos, registrado como “caso 1″ de la diócesis de Oviedo, fue revelado por EL PAÍS: es el de V. C., una de las primeras víctimas que escribió a este diario para acusar de abusos al sacerdote Eustasio Sánchez Fonseca en una comunidad cristiana en Villaviciosa (Asturias) en los años ochenta. Relató que en 2002 su madre llamó al ahora cardenal Carlos Osoro, entonces arzobispo de Oviedo, para pedir ayuda y que no le hizo caso, algo que el propio Osoro admitió luego a este diario como un error. En 2015, también escribió una carta al actual arzobispo, Jesús Sanz, y este, después de reunirse con ella, le cerró las puertas de la diócesis. “Me dijo que era mi palabra contra la suya”, aseguró V. C. a EL PAÍS. La diócesis nunca apartó a Sánchez ni abrió un proceso canónico contra él. En la lista interna está clasificado como denuncia falsa. “Es tremendamente doloroso. Siguen ocultando todo lo que pasó”, lamenta V. C.

El informe de la CEE también es muy confuso sobre cómo ha gestionado los cientos de casos que le ha remitido EL PAÍS. Entre 2021 y 2023, este diario entregó a los obispos y al Vaticano cuatro informes con más de 700 testimonios contra 545 clérigos y laicos, pero la Iglesia siempre ha argumentado que si las víctimas no se ponen luego en contacto con la institución no pueden investigar su caso. Sin embargo, son muchas las que lo hicieron y no obtuvieron respuesta o fueron ninguneadas. Por ejemplo, S. L., que denuncia abusos en el colegio salesiano Santo Domingo Savio de Valencia del profesor E. L. en los años sesenta, escribió al correo electrónico que abrió la CEE en junio de 2022. “La contestación de la Iglesia me dejó pasmado”, relata. Explica que fue un mensaje automático: “Buenos días: Acusamos recibo y agradecemos el envío de esta información. Sentimos el dolor que haya podido sufrir. Saludos cordiales”. Fue la única respuesta, no le llamó nadie nunca. Carolina Bedós, que denunció que su padre sufrió abusos en colegio de los maristas Valldemia de Mataró (Barcelona), asegura que le pasó lo mismo, nunca le contestaron.

La revisión de la lista indica que no aparecen registrados al menos 284 casos enviados por EL PAÍS, más de la mitad de los comunicados. Málaga es un caso extremo de negacionismo, pues afirma conocer solo tres, ninguno de EL PAÍS, pero tiene cinco casos en los informes de este diario. En todo caso, el listado revela que varios testimonios comunicados por este periódico han llevado a confirmar acusaciones y condenas. Por ejemplo, en Pamplona, Tarragona, Ávila, Bilbao, Cuenca, Guadix, Santander y Tenerife. También en los claretianos, La Salle o agustinos. Pero ninguna de estas instituciones lo ha admitido nunca. En otros casos, la Iglesia ya reconoció los abusos en su día y pidió perdón, pero luego ha registrado el caso como “no probado”. Como en el caso de Teresa Conde, que denunció abusos de Domingo Ciordia Azcona, un fraile de los trinitarios en Salamanca, en los años ochenta. “La orden le pidió perdón a mis padres, a él luego lo trasladaron y hasta aparece mencionado en la sentencia de mi nulidad matrimonial eclesiástica, pero a mí siempre me han despreciado”, resume Conde.

En otros casos la Iglesia respondió, pero para hacer lo mínimo. Como a Vicente Cortés, que acusó de abusos en 1965 al párroco de Higueruelas (Valencia), Enrique Cogollos. “Denuncié ante el obispado mi caso y no dijeron nada sobre la credibilidad que daban a mi testimonio, solo que ese sacerdote se había secularizado hacía tiempo y no pidieron perdón. Fueron de lo más aséptico y hasta la fecha no he tenido noticias suyas”. Se ha enterado ahora, por la lista revelada por EL PAÍS, de que la Iglesia considera su caso, el número 4 de Valencia, como “no probado”.

Lo mismo le ha pasado a J. M. Y., que denunció abusos del director del coro de la catedral de Palencia en 1963. Escribió al obispo de Palencia hace más de siete años, pero nunca le contestó. Finalmente, consiguió ver al siguiente, Manuel Herrero, jubilado este año, a través de la asociación de atención a víctimas Betania. “Me pidió perdón, pero me dijo que no sabía nada de nada y cuando se habló de indemnización se acabó la conversación”. Su caso está registrado en la diócesis de Palencia como el número 1, “no probado”.

O el caso de M. C., que acusa en los noventa en Orihuela, Alicante, a un profesor laico, de iniciales G. A. A. del colegio diocesano Santo Domingo. Cuenta que tuvo una entrevista telefónica con un cura encargado de la atención a las víctimas. “¿Resultado de la investigación de la Iglesia? Ni idea, nadie se volvió a poner en contacto conmigo. Mi experiencia fue neutra. Sólo le conté mi historia y él me escuchó. Dijo que lo tenían en cuenta. Sin más. Nunca tuve mucha fe, nunca mejor dicho”. Aparece como “caso 7″ de esta diócesis, “no probado”, aunque EL PAÍS ha remitido dos testimonios contra la misma persona.

La lista secreta de la Iglesia sobre cómo gestiona sus casos pone en evidencia que en la mayoría de las ocasiones el testimonio de la víctima no tiene ningún valor, más aún si el acusado ha fallecido. En esos casos pasa directamente a ser “no probado”. Esto lleva a una llamativa contradicción en muchas ocasiones porque no se cree, pero se produce una petición de perdón, acompañamiento o ayuda con terapia psicológica. En realidad hay un doble juego, porque a la víctima nunca se le dice que no se le ha creído, solo figura en este documento interno. Por ejemplo, el caso número 2 de la diócesis de Lleida, considerado “no probado”, relata acusaciones a un sacerdote fallecido en 2002. Explica así la gestión: “No se tiene conocimiento de los hechos. No se pudo contrastar la versión del denunciante por el fallecimiento del sacerdote”. Aun así, se destaca el “acompañamiento en todo momento a la supuesta víctima” del obispo, y su petición de perdón. Incluso detalla que “no hubo reparación económica, si bien consta el ofrecimiento personal del obispo a cederle la mitad de su sueldo en caso de necesidad”. Pero para la contabilidad oficial de la Iglesia es un caso “no probado” y a la víctima nunca se le dice.

Igual en Calahorra, caso 3, “no probado”. Son hechos recientes, de 2011, y el sacerdote acusado ha fallecido. Las víctimas, que eran varias, no pedían ninguna compensación, solo comunicar el caso, pero aún así no han sido creídas. Se resume así: “Las supuestas víctimas no querían más que dejar constancia de su testimonio y de su dolor. (…) Noticia de que el sacerdote pudo tener relación con hombres, pero no hay constancia de la verosimilitud de la denuncia, ni certeza”.

Es aún más llamativa la percepción que tiene la Iglesia de la víctima en algunos casos que incluso han llevado a condenas de cárcel, como el conocido proceso en Lugo al fraile de O Cebreiro. Anota la diócesis de Lugo: “Se hace constar la veracidad de los hechos y las dudas sobre si los actos fueron consentidos. Se alude al conocimiento notorio de ciertos comportamientos de la víctima”.

En otros casos, la lista secreta refleja con claridad que el obispado no cree a las víctimas. Es lo que ocurre en Ourense, con un duro testimonio revelado por EL PAÍS, de dos sobrinas que acusan a su tío sacerdote y que finalmente desembocó en 2023 en una investigación judicial, aún bajo instrucción. La diócesis abrió un proceso canónico sin ni siquiera escuchar a la víctima y se posicionó contra ella, tal como refleja el documento: “No se adoptan medidas cautelares ante la convicción y certeza moral del obispo sobre la falsedad de las imputaciones.” Y más adelante: “El obispo postula de manera clara y terminante la inocencia del sacerdote”. La intervención de un juez obligó finalmente a la diócesis en marzo de 2023 a apartarlo de forma cautelar.

Cristina Sans apareció en 2023 en EL PAÍS contando la terrible historia de su familia: cuatro hermanos abusados por el mismo cura, el claretiano Hilario Apodaca, de la parroquia del Inmaculado Corazón de María, en la calle madrileña de Ferraz. No quería saber nada de la Iglesia española, pero como vive en Francia sí se puso en contacto en 2021 con la comisión que investiga los abusos del clero en ese país. Habló con ellos por teléfono y mandaron la información a un responsable de la Iglesia, pero nunca se pusieron en contacto con ella. “Nosotros las víctimas nos sentimos siempre muy solos y abandonados. Nadie vino hacia nosotros”.

Algunas víctimas, cansadas de la indiferencia de la Iglesia española, deciden ir directamente al Papa, para ver si en Roma sí les escuchan. Como ha hecho B. M., que denuncia abusos en el colegio Europa de Málaga de un sacerdote que incluso apareció en Interviú en 1987, Antonio Muñoz Rivero, con cinco hijos secretos y cuyas tres hijas le acusaban de abusos. Cuando salió en la revista despareció del colegio, pero no se tomó ninguna medida, salvo enviarlo a Venezuela. Fue este diario quien identificó al sacerdote, porque ella no recordaba el nombre y el obispado nunca le dio información. Salvo unos meses después, cuando le escribió un mail: “Me escribieron diciendo que con motivo de la defunción del sacerdote se archivaba mi caso. Se lavaron las manos”. Este caso no figura entre los cuatro que dice tener registrados este obispado, donde en realidad la base de datos de EL PAÍS señala 11. De la Iglesia española ya no espera nada, solo le queda el Papa.