El PSOE recupera la ley para abolir el proxenetismo que no pudo completarse en la pasada legislatura

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este martes en el Congreso su proposición de ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. Prácticamente la misma que presentó en 2022, excepto que se suprime una modificación del Código Penal que ya hizo la ley de Libertad Sexual y se añade un aumento en la horquilla de penas, que estaba en uno a tres años de cárcel y pasa de dos a cuatro para quien, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. Hace dos años, el contenido de ese texto era una enmienda de las socialistas a la ley del solo sí es sí, que estaba en plena tramitación. No fue posible un acuerdo con su entonces socio de Gobierno, Unidas Podemos, y esa cuestión hizo peligrar la que fue la ley estrella (y también la más polémica) del Ministerio de Igualdad, con Irene Montero. Así, el PSOE decidió sacar esa enmienda y presentarla, un día después, como proposición de ley.

“Lo que pretendemos es modificar el Código penal para castigar el proxenetismo, es decir, para castigar el lucro de la prostitución, para castigar la tercera locativa, que consiste en la cesión de inmuebles o de locales para el ejercicio de la prostitución”, ha explicado el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, en una rueda de prensa tras registrar el documento en la Cámara baja. López, y también Andrea Fernández, la portavoz de Igualdad del partido, han argumentado que “se calcula que hay unas 45.000 mujeres explotadas sexualmente” en España y han añadido que en 2021 “solo hubo una sentencia que condenó a un proxeneta”. En este sentido, han defendido la necesidad de la ley, cuyo objetivo final es abolir la prostitución.

López ha puesto en valor que esta norma reconoce la condición de víctimas directas a todas las personas que están siendo prostituidas en situación de proxenetismo: “Es una muestra más de que, mientras otros siguen jugando en el fango, nosotros estamos haciendo política para avanzar en derechos y en igualdad”.

El pasado 8M, el Gobierno anunció que recuperaba otra norma, la ley de trata, que también empezó a tramitarse la pasada legislatura. Llegó a pasar, y a tener el aval de los órganos consultivos, pero las elecciones generales anticipadas del 23-J interrumpieron ese trámite y la norma decayó. Con la entrada del nuevo Ejecutivo de coalición, ese texto volvió a aparcarse —por no estar “suficientemente maduro”, dijo en febrero la ministra de Igualdad, Ana Redondo—, y de nuevo a sacarse del cajón hace dos semanas.

El último borrador de esa norma, al que tuvo acceso este diario, incluye modificaciones respecto al último que se conoce, de noviembre de 2022, como todo un desarrollo de protección de datos o fiscalías especializadas en la materia. A ese Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, como a esta proposición de ley socialista, aún les queda volver a pasar los trámites, aunque desde el PSOE ven “viable” que queden publicadas y en vigor en los próximos cuatro años.

“Hemos decidido mantener la ley de trata por un lado y esta por el otro por agilizar y mantener la naturaleza del trabajo de la pasada legislatura”, dice Fernández sobre la posibilidad de haber incluido las modificaciones del Código Penal que propone esta norma en la de trata. “Todo esto, al final se trabaja en conjunto, y no es descartable que acaben coincidiendo parlamentariamente”, ha añadido.

Los consensos con los grupos parlamentarios

Patxi López, sobre si están dispuestos a hablar con el PP para sacar la norma adelante, ya que parece que en este momento no cuentan con el apoyo de sus socios parlamentarios habituales, ha asegurado que van a hablar “con todos los grupos parlamentarios que quieran abolir la prostitución de este país”. El PP, añade Andrea Fernández, “ya tuvo una postura muy clara de apoyo” cuando la presentaron por primera vez: “Me extrañaría muchísimo que el PP se bajara, no tendría sentido con la posición tan clara de la antigua legislatura. Y por supuesto tenemos que hablar con nuestros socios, importantes, y negociar”.

López prevé un debate “incluso semántico” porque, según ha indicado, “prohibir es un ejercicio que victimiza más, ya que se perseguiría también a la víctima de la explotación”. “Abolir es hacer que desaparezca por todos los medios”, ha concretado.

Sumar se divide en este asunto, como lo hizo Unidas Podemos la pasada legislatura. Ni Catalunya en Comú, ni Compromís o Más Madrid son abolicionistas, una postura que sí defiende Izquierda Unida. En el grupo señalan que por ahora están hablando “con tranquilidad” entre los distintos partidos del espacio y este martes echaban balones fuera asegurando que debían estudiar el texto.

En todo caso, algunas voces autorizadas en Sumar perciben que el PSOE busca con esta propuesta “sacar sus contracciones” internas como “arma electoral”, más que la estabilidad del Ejecutivo en un momento especialmente complicado, después de renunciar a negociar los Presupuestos de 2024 y en un contexto de cierta parálisis legislativa, con comicios vascos, catalanes y europeos entre abril y junio.

Las mismas fuentes insisten en que este es un tema sobre el que no hay una postura única en el feminismo y advierten a los socialistas: “No van a conseguir desestabilizarnos”. El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha insistido en que valorarán la ley socialista cuando la conozcan y ha explicado cuál es el “suelo mínimo” de su partido. “Estamos a favor de los Derechos Humanos, de los derechos de las mujeres y de los avances en los derechos de las mujeres”. “En ningún caso vamos a apoyar ningún retroceso”, ha advertido.