Hasta el 90% de los MIR de medicina de familia abandona la especialidad al terminar la formación

En España faltan médicos de Atención Primaria. Unos 5.000, según las sociedades médicas, lo que provoca una falta de recursos en los centros de salud que afecta a cuatro de cada diez españoles (según el CIS) y que colapsa el sistema en periodos críticos, como el pico de la epidemia gripal de las pasadas Navidades. Las comunidades autónomas, especialmente las del PP, le han reclamado este viernes al Gobierno que convoque más plazas de Médicos Internos Residentes (MIR) de Familia para solucionar el problema, en un pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha comprometido a crearlas, pero les ha recordado que ese no es el principal problema: “Según las comunidades, entre el 50% y el 90% de los MIR [que hacen medicina de familia] no se quedan al terminar la residencia”.

Es decir, aunque se forman para ser médicos de familia, luego optan por otras salidas profesionales, como irse a trabajar en las Urgencias hospitalarias, al sector privado, al extranjero o, incluso, a hacer otra especialidad con mejores condiciones. Son muchos los factores que influyen en esta desbandada. Pero hay un círculo vicioso que está deteriorando el sistema y que se aceleró durante la pandemia: los médicos tienen poco tiempo para ver a los pacientes, lo que hace menos atractivo trabajar en un centro de salud, lo que hace que cada vez menos MIR se queden en ellos, lo que provoca que cada vez haya más pacientes por médico...

“Necesitamos que los profesionales tengan tiempo para que haya citas en menos de 48 horas, para que sean largas, pausadas, reflexivas, para hacer un seguimiento continuado, personalizado y un abordaje comunitario. Sin tiempo no hay Atención Primaria y sin primaria no podemos tener un sistema robusto. Hay que atajar la sobrecarga de trabajo, el escaso reconocimiento profesionales, los contratos precarios, las consultas de 60 pacientes al día. De nada sirve intentar generar profesionales en un entorno en el que se expulsa a pacientes”, ha dicho García en una rueda de prensa posterior al Consejo.

Todas estas son competencias transferidas a las comunidades autónomas. Son ellas las que contratan, las que dan incentivos y las que dimensionan las plantillas. Los consejeros han llegado al compromiso de mejorar las condiciones, la estabilidad y tratar de hacer más atractiva la especialidad con incentivos para ir, por ejemplo, a zonas rurales, que suelen ser difíciles de cubrir. También rebajar la burocracia y aumentar la digitalización, para que los médicos puedan centrarse en el diagnóstico, el cuidado y los tratamientos. Pero en un pleno dominado por consejerías del PP, sus responsables ponen el foco en la única competencia directa del Gobierno: crear más plazas MIR de familia. Han pedido un aumento de 1.000 plazas anuales en los próximos cuatro años.

Lo cierto es que no han parado de crecer en los últimos años. En 2024 se ha batido un récord histórico, con 8.772 plazas ofertadas, de las cuales 2.492 eran de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Más allá de las condiciones laborales que hacen que los médicos se vayan, el actual déficit de profesionales viene del recorte de plazas que se produjo durante la crisis, que tocaron suelo —con 6.098 plazas— en 2016, con el Gobierno de Mariano Rajoy.

El aumento de plazas depende, además, de las que consigan acreditar las comunidades autónomas. Esto es, de las que sean capaces de generar sus sistemas sanitarios. No solo se trata de crearlas, sino que tienen que demostrar que pueden atender a esos nuevos médicos que se forman en el sistema. El ministerio ha aceptado rebajar los requisitos de acreditación, “siempre que se mantenga la calidad”, pero también ha recordado que hay comunidades, como Extremadura y Castilla y León, que acreditan el doble de plazas en función de su población que la media. “Tenemos que aprender de ellas. Si todas llegasen a la media, estaríamos a 70 médicos de llegar a esos 1.000 que piden”, ha dicho García.

Retirada de las mascarillas

El pleno del CISNS también ha servido para retirar la norma sobre la obligatoriedad del uso de las mascarillas en centros sanitarios, ya que la onda epidémica de gripe y otras infecciones respiratorias “está controlada”, en palabras de García, quien ha agradecido “el esfuerzo y responsabilidad” de las comunidades, profesionales y pacientes durante estas semanas.

La medida se puso en marcha contra el criterio de la mayoría de los consejeros el pasado 10 de enero, cuando ya se había rebasado el pico de infecciones en España. Sanidad obligó a las comunidades a imponerlas en hospitales y centros de salud hasta que hubiera dos semanas seguidas de caída de los contagios en cada territorio, una situación en la que ya se encontraban por entonces algunas y que poco a poco han ido alcanzando todas las demás.

García reiterado que Sanidad y las comunidades han “adquirido el compromiso” en el encuentro de este viernes de comenzar a trabajar “desde ya” con los datos de esta última epidemia para el plan de virus respiratorios del próximo invierno.