El Gobierno navarro confirma que siete médicos cobraron la exclusividad pese a trabajar a la vez en la privada

Hace un año saltó la noticia. El sindicato LAB denunció a 11 profesionales médicos por haber cobrado de forma indebida el complemento de exclusividad, un plus específico que reciben aquellos profesionales que solo ejercen su labor en el Sistema Navarro de Salud / Osasunbidea. Este complemento supone el cobro de una cantidad comprendida entre los 800 y los 1.000 euros mensuales. La Oficina de Anticorrupción y Buenas Prácticas de Navarra apreció indicios de veracidad y la dirección general de Función Pública abrió once expedientes. Ahora, esta última ha emitido siete resoluciones ―deja fuera cuatro casos porque estos facultativos no están en activo: uno está jubilado y los otros tres solicitaron excedencias voluntarias al menos un año antes de que se hicieran públicas estas denuncias―. En ellas, determina que no se autorizó a ninguno de estos profesionales a compatibilizar sus funciones públicas con su actividad privada. Esta conducta está tipificada como falta muy grave que, según el Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, podría suponer su separación del servicio. Además, dos de estos profesionales han tenido que devolver un total de 72.380 euros. Por su parte, Anticorrupción ha ampliado seis meses la investigación al detectar que hay varios facultativos que ejercen labores de jefatura, que cobran por ello, pero que no están oficialmente nombrados, lo que, en la práctica, les permite eludir la prohibición de trabajar en la red privada.

El sindicato LAB ha exigido una “inspección general exhaustiva inmediata” para conocer el alcance exacto de esta “mala praxis”. Por un lado, señala los dos casos más llamativos: las dos facultativas que han tenido que reintegrar más de 70.000 euros cobrados de manera indebida. La primera de ellas percibió durante cuatro años ―desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 27 de marzo de 2023― el complemento de exclusividad a la vez que ejercía una actividad privada. Por ello, ha tenido que devolver 33.854 euros brutos. El segundo caso es todavía más reseñable. En 2014, el Servicio Navarro de Salud acordó que esta profesional trabajaría en régimen de dedicación no exclusiva y que, por lo tanto, no cobraría complemento. Siete años después, el 22 de febrero de 2023 ―después de la primera denuncia de LAB―, la facultativa presentó una instancia ante la Dirección del Complejo Hospitalario de Navarra alegando que “sin haber solicitado el alta a la exclusividad, se me ha realizado el pago completo del complemento a partir de enero de 2016″. El Servicio Navarro de Salud lo atribuye a un “error administrativo” e insta a la facultativa a devolver 38.530 euros brutos por el complemento percibido entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2023. No se le reclaman las cuantías anteriormente percibidas de forma indebida entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2019 al entender que han prescrito.

El sindicato no descarta pedir responsabilidades políticas, asegura su portavoz Imanol Karrera: “Es cierto que la ley determina que algunas cantidades ya no se pueden recuperar porque opera la prescripción, pero queda en evidencia que ese dinero se ha cobrado y que la sanidad no lo va a poder recuperar. Hay que analizar qué posibilidades efectivas hay de recuperarlo, que parece difícil, y si es así, qué responsabilidades políticas hay”.

Por su parte, la Oficina de Anticorrupción y Buenas Prácticas ha decidido ampliar la investigación seis meses más para analizar en profundidad el alcance de lo que LAB denomina “ingeniería de contratación”: médicos que realizan labores de jefatura y cobran por ello, pero no han sido nombrados oficialmente. Eso les permite eludir la prohibición de trabajar en la red privada. Una opción que no se permite a las jefaturas para evitar posibles conflictos de intereses en la toma de decisiones.

En su resolución, publicada a finales de diciembre, determinan que “a la vista de los expedientes tramitados por la Dirección General de Función Pública, ya estamos en condiciones de afirmar que, efectivamente, se está dando la situación denunciada por el Sindicato LAB, en el sentido de que existen facultativos que, sin un nombramiento formal al efecto, están realizando funciones de Jefatura de Servicio o Sección Asistencial, cobrando un complemento de productividad en lugar de las retribuciones correspondientes a una Jefatura Asistencial y, a la vez, en algunos casos, realizando una actividad privada, todo ello expresamente prohibido por la normativa vigente”. En este punto, el sindicato detalla que estas personas están cobrando más de 500 euros mensuales en concepto de “complemento de productividad” por esas labores de jefatura. Según Osasunbidea, en esta situación están 15 profesionales, de los que 11 lo hacen en régimen de exclusividad y 4 en régimen de no exclusividad. Es más, LAB denuncia que el Servicio Navarro de Salud era conocedor de la situación puesto que asignó a dos personas sendas jefaturas, pese a que “su actividad en clínicas privadas era conocida públicamente”. Una vez fueron nombrados, aseguran, nadie controló o certificó el fin de la actividad privada de estos profesionales.

El departamento de Salud ha rechazado realizar declaraciones con un escueto comunicado: “Desde el Servicio Navarro de Salud ya se ha respondido a los informes por los cauces reglamentarios y hasta tener una respuesta no vamos a hacer comentarios ni valoraciones sobre este tema”.