El Gobierno de Navarra investiga a 11 médicos por el cobro indebido del complemento de exclusividad

El Gobierno de Navarra ha abierto expedientes a 11 médicos denunciados por el sindicato LAB por el cobro indebido del complemento de exclusividad, un plus específico que reciben aquellos profesionales que solo ejercen su labor en el Sistema Navarro de Salud/Osasunbidea, de al menos 800 euros mensuales. Los profesionales señalados por LAB cobran presuntamente ese complemento u ostentan jefaturas de servicio o de sección —lo que les inhabilita igualmente para ejercer en la red privada— y trabajan también en clínicas o consultas particulares. En la actualidad, la Comunidad foral es una de las tres únicas que mantienen este complemento junto con Asturias y Galicia, aunque en esta última se ha aprobado recientemente disminuir las diferencias retributivas entre quienes trabajan exclusivamente en la pública y quienes lo compaginan con la privada.

El vicepresidente y consejero de Función Pública del Ejecutivo navarro, Javier Remírez, ha detallado que la Administración “está actuando ante estas denuncias y ya ha abierto los correspondientes expedientes; ahora mismo están prácticamente culminados en la vía administrativa”. En total se han abierto 11 expedientes, “tantos como denuncias ha habido”. El Ejecutivo ha reaccionado así a la resolución de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra que, tras una investigación inicial, ha determinado que existen “indicios razonables de veracidad” en el requerimiento de LAB, que señaló un posible conflicto de intereses entre lo público y la iniciativa privada. El responsable del sindicato en Navarra, Imanol Karrera, ha detallado que algunos profesionales ejercen funciones propias de jefatura —cobrando por ello—, pero sin haber sido nombrados oficialmente: “Lo que se ve es una ingeniería en la contratación para posibilitar que accedan a las jefaturas, cobren como jefes, pero no tengan la exclusividad porque no son oficialmente jefes y así pueden trabajar en lo privado”. Para LAB, el contenido de la resolución es “demoledor” para la Administración, a la que insta a “asumir la responsabilidad”. En opinión del sindicato, esta resolución evidencia que hay indicios que apuntan a una mala praxis de la exclusividad en Osasunbidea, “una práctica fraudulenta, generalizada y normalizada”. De ahí que LAB exija que aquellas personas que por acción u omisión han contribuido a la existencia de estas prácticas abandonen inmediatamente sus responsabilidades.

No obstante, todavía es pronto para hablar de despidos, ceses y dimisiones porque la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción debe realizar todavía la investigación formal. Por ahora solo ha constatado la existencia de indicios. En la resolución emitida esta semana, la Oficina ha solicitado a la gerencia de Osasunbidea que en un plazo de diez días le proporcione una relación de los profesionales que hoy desempeñan jefaturas sin nombramiento formal, “indicando además los profesionales que lo hacen en régimen de dedicación exclusiva”. Pide, asimismo, que incluya en la documentación la “declaración de compatibilidad o incompatibilidad del desempeño de dichas funciones con la actividad privada que pudieran realizar dichos profesionales”. En caso de que no exista tal declaración, deberán exponerse las razones que lo motivan.

Por parte del Ejecutivo, Remírez ha asegurado que esperarán a conocer el resultado de las indagaciones, pero ha adelantado que algunos de los expedientes abiertos “van a concluir con la necesaria devolución de cantidades indebidamente percibidas, algunos de ellos también van a concluir con la autorización de la compatibilidad entre actividad pública privada, incluso algunos también con la correspondiente apertura de expediente disciplinario”. Mientras tanto, ha instado al Servicio Navarro de Salud a que regularice los nombramientos de las jefaturas: “El sistema de salud tendrá que regularizar los nombramientos de las jefaturas correspondientes para que todas ellas, todas estas personas, adecúen las funciones de su puesto a lo que ejercen de manera efectiva y también a las correspondientes retribuciones”.

Para el consejero, la apertura de los expedientes es una muestra del compromiso explícito del Gobierno con el cumplimiento de la legalidad y constata, en palabras de Remírez, que se ha trabajado en este asunto desde el primer momento —LAB hizo público el primer caso en el mes de febrero—. Sus palabras chocan con las del director general de Salud, Carlos Artundo, que, a principios de mayo, llegó a aseverar públicamente que LAB “denunció a 10 facultativos concretos con nombres y apellidos y, a día de hoy, de esos 10, ocho no tienen nada que ver. La denuncia ha pinchado en hueso porque algunos estaban jubilados ya y otros estaban en excedencia de servicio”. Es decir, que mantenía que solo en dos de esos supuestos se habría dado un cobro indebido de exclusividad.

Habrá que esperar, por tanto, al resultado de las indagaciones. Este es el primer caso en el que trabaja la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, que se puso en marcha de forma oficial el pasado marzo. Su objetivo es, según la normativa foral, “promover y establecer medidas para prevenir, investigar y combatir la corrupción, fomentar y mejorar las buenas prácticas y proteger a los denunciantes”. Su ámbito de actuación es amplio, puesto que abarca tanto a las instituciones públicas como a entidades privadas y personas físicas.