La Asamblea Nacional aprueba la inscripción del derecho al aborto en la Constitución francesa

Francia está desde este martes un poco más cerca de convertirse en uno de los primeros países del mundo en el que la Constitución consagre el derecho al aborto. La Asamblea Nacional ha adoptado en primera lectura, como estaba previsto, inscribir en el artículo 34 de la ley fundamental el siguiente párrafo: “La ley determina las condiciones por las cuales se ejerce la libertad garantizada a la mujer de recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo.”

Votaron a favor del proyecto de ley 493 diputados del bloque partidario del presidente Emmanuel Macron y de la izquierda, y en contra, 30 procedentes de la derecha y la extrema derecha. Ahora el texto debe ir al Senado, donde la mayoría conservadora de Los Republicanos —partido hermano del PP español— podría frenar el proceso o al menos enmendar la versión de la Asamblea Nacional.

El presidente del Senado, el conservador Gérard Larcher, se declaró hace unos días en contra: “La interrupción voluntaria del embarazo no está amenazada en nuestro país. Si estuviese amenazada, créanme, combatiría para que se mantuviese”.

Tras el voto de este martes, el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, ha dicho en el hemiciclo: “La Asamblea Nacional y el Gobierno no han faltado a su cita con la historia de las mujeres. Ahora voy a encargarme de llevar vuestro mensaje al Senado”.

Para que se apruebe una reforma constitucional, primero el Senado y la Asamblea Nacional deben adoptar exactamente el mismo texto. Después, este se somete a la votación del Congreso, que es el formato de ambas cámaras reunidas conjuntamente. La reforma se adopta definitivamente si obtiene un mínimo de tres quintas partes de los votos en el Congreso.

Las primeras iniciativas en Francia para inscribir el derecho al aborto en la Constitución se presentaron como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que en el verano de 2022 derogó la histórica sentencia Roe contra Wade, y a restricciones en países europeos como Polonia. La idea era blindar este derecho ante la posibilidad de que en algún momento accediese al poder un líder o partido con mayoría parlamentaria para suprimir la ley francesa de 1973.

En noviembre de 2022, la Asamblea Nacional ya aprobó, con 337 votos a favor y 32 en contra, inscribir en la Constitución “el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. La ley era una iniciativa de la izquierda que contó con el apoyo de los macronistas, y seguía un procedimiento que habría llevado a un referéndum, de resultado quizá más incierto.

En febrero de 2023, el Senado adoptó su versión del texto. Ya no hablaba de “derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, sino de “libertad de la mujer para poner fin a su embarazo”. La diferencia entre “derecho” y “libertad” suscitó debate. La propuesta corría el riesgo de quedar aparcada.

En marzo, durante un homenaje nacional a la histórica abogada y feminista Gisèle Halimi, Macron terció: “Y hoy quiero que la fuerza de [su] mensaje nos ayude a cambiar nuestra Constitución con el fin de grabar en ella la libertad de las mujeres a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo, para asegurar solemnemente que nada pueda obstaculizar o deshacer lo que, de este modo, será irreversible.”

El presidente presentó en diciembre un proyecto de compromiso, destinado a recoger el máximo consenso y asegurar su adopción en el Congreso con los votos de la izquierda, el centro y la derecha. Por eso el texto adoptado el martes habla, en vez de “derecho”, de “libertad garantizada”, expresión que tiene más posibilidades de agradar a los conservadores del Senado. Ahora ellos tienen la clave.