Francia y América Latina: ¿por qué es necesario constitucionalizar los derechos reproductivos de las mujeres?

En 2024, Francia debería ser uno de los primeros países en el mundo y el primer país de Europa en garantizar constitucionalmente el derecho al aborto. Esta decisión histórica fue anunciada a finales del año pasado por el presidente Emmanuel Macron, luego de la adopción de una propuesta parlamentaria solicitando que se plasme en nuestra Constitución “la efectividad y el acceso igualitario al derecho al aborto”, y que se haga del aborto un derecho inalienable. Examinaremos la propuesta este 24 de enero en la Asamblea Nacional.

¿Por qué esta solicitud, 50 años después de la legalización del aborto en Francia, tras la adopción de la ley Simone Veil en 1974? ¿Por qué ahora, cuando nada parece oponerse a un derecho adquirido por las francesas hace ya medio siglo?

Porque nada es más frágil que las conquistas de las mujeres en tiempos de populismo. También porque una de las principales obsesiones de los conservadurismos políticos es atacarse a los derechos reproductivos de las mujeres. Finalmente, porque el panorama político mundial en este inicio de año exige que nos organicemos para defender nuestros derechos.

En palabras de la filósofa, escritora y activista francesa Simone de Beauvoir, “basta con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados”. Ante estos momentos críticos, es nuestra responsabilidad colectiva trabajar para asegurar la efectividad y la irreversibilidad de los derechos de las mujeres.

Incluso en las más grandes democracias del mundo, no existen garantías. En Estados Unidos, la Corte Suprema conservadora heredada del mandato de Donald Trump revocó durante el verano de 2022 su jurisprudencia Roe vs. Wade de 1973, la cual había establecido el marco legal del aborto a nivel federal. Esta decisión revirtió cincuenta años de protección del aborto en Estados Unidos. Desde entonces, el aborto está totalmente prohibido en 14 de los 51 estados y dificultado en muchos otros. En Europa, tanto Polonia como Hungría han restringido considerablemente este derecho en la última década, debido a la ascensión al poder de fuerzas conservadoras.

En América Latina, varios países han logrado avances significativos en las últimas décadas, desafiando las corrientes más conservadoras. Un ejemplo destacado es Argentina, que en 2021 aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, permitiendo el aborto en las primeras 14 semanas de gestación. De manera similar, Colombia habilitó la interrupción legal del embarazo hasta la semana 24 en 2022. Sin embargo, las victorias más recientes de los movimientos feministas latinoamericanos como la Marea Verde también son vulnerables. No existen garantías de que estos avances sean definitivos. Los vertiginosos cambios políticos en la región amenazan con socavar los avances alcanzados.

Con la excepción notable de México, donde la penalización del aborto fue declarada inconstitucional el año pasado, la mayoría de los países latino-americanos pudiera conocer un tal retroceso. En Argentina, la llegada al poder de Javier Milei, quien ha expresado abiertamente su escepticismo hacia la protección de los derechos de las mujeres, debe alertarnos y preocuparnos.

Muchos otros países de la región todavía no han logrado modernizar sus legislaciones para garantizar la salud de las mujeres y su derecho a disponer de sus cuerpos y vidas. El caso más notable, o en todo caso el que más me toca personalmente, es el de República Dominicana, donde la presión combinada de las iglesias católica y evangélicas bloquearon la solicitud razonable de que se reconocieran tres causales para permitir el aborto (i.e. un riesgo vital que afecta a la mujer, el feto o un embarazo resultante de una violación).

Con el voto de hoy, Francia pretende enviar un mensaje universal de solidaridad a todas las mujeres que ven su libertad vulnerada frente al riesgo de movimientos pendulares en el mundo.

Como mujer política franco-dominicana, representante de los franceses en América Latina y el Caribe, considero que es necesario apoyarnos en los avances, logros y dinámicas de ambos continentes para consolidar los derechos de las mujeres y garantizar su irreversibilidad. La reciente colaboración entre Francia y México en el Foro Generación Igualdad (FGI), bajo los auspicios de la ONU, fue un gran paso hacia adelante. Ahora es nuestra labor transformar estos compromisos en acciones concretas.

Hago un llamado solemne a mis colegas latinoamericanos a que actúen para garantizar la inclusión de estos derechos en sus constituciones nacionales. Considero que es nuestro deber de parlamentarios trabajar para proteger los avances alcanzados en las últimas décadas y proteger los derechos de las mujeres frente a cualquier amenaza.

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