La conquista del derecho al aborto, la revolución de las mujeres latinas

Lo dijo Simone de Beauvoir y fue presagio. “No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”. Así ocurrió en junio de 2022, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogó el derecho al aborto en el país, 50 años después de haberlo conquistado. La derogación de Roe contra Wade, que demostró que los cambios de poder políticos o judiciales pueden poner en riesgo victorias que se creían superadas, hizo temblar décadas de lucha, pero no consiguió parar la marea en el continente. Argentina, Colombia y México, donde la justicia acaba de despenalizar la interrupción del embarazo a nivel federal, se han erigido como los faros para la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres en América.

Detrás de la última conquista latinoamericana no hay suerte, solo trabajo y una ambiciosa estrategia jurídica que lleva años preparándose. “Es ahora o nunca”, pensaron las abogadas de Gire (Grupo de Información en Reproducción Elegida) justo antes de empezar a preparar decenas de amparos judiciales con los que modificar los códigos penales de la mayoría de los 32 Estados de México. El plan comenzó tras el 7 de septiembre de 2021. Ese día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en una demoledora sentencia que era inconstitucional meter en la cárcel a una mujer por abortar, en lo que el entonces presidente del tribunal, Arturo Zaldívar, definió como “una nueva ruta de libertad, dignidad y respeto y un gran paso en la lucha histórica por la igualdad”.

El precedente era tan fuerte que la organización feminista decidió aprovecharlo para cambiar el futuro de millones de mujeres. Se había conseguido el primer paso: las mujeres no podrían ser encarceladas —los jueces tenían la obligación de desechar sus casos—, pero sí podían ser criminalizadas, perseguidas, estigmatizadas. El camino ideal hubiera sido que los Congresos locales de los Estados decidieran voluntariamente cambiar su legislación, pero dos años después, en total, solo 11 entidades tenían eliminado el delito de aborto. E incluso en esas entidades el acceso era muy limitado. Por ejemplo, en Sinaloa, si las mujeres llegaban a un centro médico estatal para interrumpir su embarazo, pero eran usuarias de los servicios federales —como el IMSS o el ISSSTE— las mandaban allí, donde todavía estaba prohibido.

Así empezaron los cálculos y las variables. ¿En qué Estados iban a encontrarse más obstáculos? ¿Cuáles debían ir primero? En base a eso, prepararon la estrategia y esta semana, brotaron los resultados. Primero fue ganar el amparo para Aguascalientes, uno de los Estados más conservadores del país, y el miércoles fue el más importante. La SCJN determinó por unanimidad que los artículos que regulaban el aborto en el código penal federal debían derogarse y que las instituciones de salud federales estaban obligadas a atender a las mujeres que quisieran interrumpir su embarazo, sin que el personal médico fuera criminalizado (que hasta ahora se enfrentaba incluso a cinco años de inhabilitación).

La primera sala de la Suprema Corte resolvió y empezó a arder el teléfono de Rebeca Ramos, la directora de Gire. Eran las felicitaciones a 20 años de lucha. “Lo que sigue ahora es que se despenalicen los 21 Estados que faltan, a través de los amparos”, explica a EL PAÍS, “y lo más importante es la provisión de los servicios, que haya las condiciones, que si alguien decide abortar en su casa lo haga con seguridad, que si llega a necesitar acudir a un hospital la vayan a atender bien, y que eso suceda en todo el país”. Y por si al decirlo rápido no lo pareciera, añade: “No es un reto sencillo”.

Los últimos avances en México han ido de la mano de la justicia. ¿Cómo se siente? “Es una sensación agridulce, por una parte, es triste ver que los congresos de los Estados hicieron reformas para obstaculizar los derechos, cuando de tus representantes esperarías una protección también del Estado laico, pero al mismo tiempo muy satisfecha de que haya diferentes poderes y contrapesos. Mi corazoncito de abogada dice qué lindo que el derecho ha sido una herramienta para promover los derechos”, reflexiona Ramos.

Alianza judicial

La Corte también ha sido el gran aliado en Colombia, donde el año pasado, en una sentencia pionera a nivel internacional se despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de embarazo. Eso ocurrió el 21 de febrero y el 22, el trabajo de la organización que la había propulsado ya era protegerla. “Cuando salió la sentencia los grupos antiderechos pusieron más de 30 solicitudes de nulidad, es decir, le pidieron a la Corte que anulara el fallo”, explica la médica Ana Cristina González, de Causa Justa. Ni ahora que todas esas solicitudes ya han sido resueltas y han reafirmado el fallo de la Corte Constitucional se puede bajar los brazos.

El derecho al aborto se ha convertido en una lucha de empuje y trinchera. Las organizaciones feministas presionan para lograr los avances y cuando los consiguen, tienen que cerrar filas para defenderlos. “Nosotras teníamos ya una decisión judicial desde el 2006 que había creado tres causales [para permitir el aborto] y nos tocó pelear para proteger esa decisión durante 15 años”, añade González, que recuerda que ya entonces los grupos conservadores impulsaron un referéndum, como ahora, para rechazar por la vía popular el derecho a la interrupción del embarazo.

Pero la experta en Bioética se muestra optimista: “Las encuestas de opinión desde el 2017 hasta la fecha vienen mostrando que la opinión cada vez es más favorable a que esta es una decisión de las mujeres, el 92% de la gente está en contra de la maternidad forzada y no más del 2% de la gente quiere que la Iglesia y el Estado se metan en estas decisiones personales”. Ahí está el éxito, cree la pionera de Causa Justa: “En cambiar el corazón y la cabeza de las personas, es decir, avanzar en la despenalización social”.

Así, aunque el aliado judicial vive ahora bajo la sombra de la derogación de Roe contra Wade, Ana Cristina González cree que “las últimas cuatro décadas han sido de consolidación de derechos”: “Estamos en un movimiento hacia adelante y todos los movimientos hacia adelante generan resistencias. Hay núcleos y estructuras todavía muy rígidas dentro de nuestra sociedad, que no resisten el avance de los derechos de las mujeres, porque estos desafían al Estado a todos los niveles. Y estamos exigiendo la que yo considero que es la batalla cultural de este siglo: la libertad reproductiva de las mujeres, que podamos decir sobre nuestros cuerpos”.

Milei contra un hueso de la democracia

En Latinoamérica todavía existen países en los que una mujer no puede abortar aunque haya sido violada, corra peligro su vida o el feto tenga malformaciones. Es la prohibición total de Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Haití, Surinam o Jamaica. En Panamá las mujeres tienen que pasar por una comisión multidisciplinaria. En Guatemala, Perú, Costa Rica o Venezuela solo se puede practicar un aborto si hay riesgo claro para la vida de la embarazada. No hay país en la región que reconozca de manera plena la voluntad de las mujeres tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Incluso al país que dio el pañuelo verde como símbolo llegan los ataques.

Javier Milei quedó en primer lugar en las llamadas primarias argentinas y a los días, dentro un multiverso de propuestas contra la ciencia, contra el repudio a la dictadura, contra el Estado, también tenía una para las mujeres: convocar un plebiscito para derogar el aborto. “Creo que solo la amenaza es una forma de querer domarnos”, apunta la activista argentina Luciana Peker, que no cree que esa batalla fuera una pieza fácil para el ultraderechista. “El proceso político en Argentina para legalizar el aborto a través del Congreso fue muy profundo, tocó toda la estructura democrática, sacó a un millón de personas en la calle, fue un proceso que fue al hueso de la democracia”, razona la periodista, especializada en género.

“Ahora viene esta respuesta machista, porque el derecho al aborto es evidentemente la mayor conquista de las mujeres y molesta tanto a la ultraderecha de Trump, de Bolsonaro, de Vox, de Milei porque es un derecho que representa la posibilidad de futuro, de avance. En un mundo colapsado es el símbolo político de que estamos mejor ahora que antes y que todavía podemos estar mejor. Y eso molesta muchísimo”, apunta Peker. La argentina concluye: “El derecho al aborto es la construcción política más importante que se ha hecho en América Latina, es la única política unificada que se da en toda la región, y la hemos hecho las mujeres”.

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