13 autonomías recortan su gasto en rentas para personas vulnerables desde que se aprobó el ingreso mínimo vital

La aprobación del ingreso mínimo vital, una prestación que ofrece la Administración General del Estado desde junio de 2020 para personas en situación vulnerable, ha redefinido el mapa español de las rentas mínimas de inserción (RMI), ayudas económicas que son competencia de las comunidades autónomas. Hasta la aprobación del ingreso mínimo, en plena pandemia, las rentas mínimas eran el último colchón al que las personas sin otros recursos podían recurrir. La ayuda estatal llegaba para fijar un suelo único en todo el país que las autonomías podían complementar. Sin embargo, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que, entre 2020 y 2022, 13 autonomías han reducido sus presupuestos, lo que supone una pérdida global de 241 millones de euros en estas prestaciones. “El ingreso mínimo vital ha propiciado una reducción del peso que destinan los territorios a las rentas mínimas, con una rebaja conjunta del 12,8%, y la dotación de estas ayudas es tremendamente desigual entre autonomías”, explica Álvaro Revilla, coordinador de un informe que este viernes ha publicado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

“En este estudio se analizan dos cosas, desde 2011: el porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que perciben la renta mínima de inserción en cada comunidad autónoma y la cuantía asignada a los perceptores respecto a los ingresos medios del territorio”, explica Revilla. Por un lado, se estudia la cobertura para saber a cuánta gente llega la ayuda, pero también la cuantía de esta para comprobar si les permite salir de la situación de vulnerabilidad. Solo el 7,9% de quienes viven bajo el umbral de la pobreza en España se benefician de esta ayuda, lo equivalente a 667.413 personas. Aragón y Madrid, ambas con más de un 80% de reducción, lideran la rebaja desde 2020.

El informe apunta que a partir de ese año se quebró la tendencia al alza que se daba desde 2011 en los presupuestos de las rentas mínimas. Revilla critica que muchas comunidades destinaron el ahorro en los fondos de estas ayudas a otras cuestiones ajenas a los servicios sociales. Aunque la asociación, que ha analizado las últimas cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, reclama a las administraciones que existan mejores datos para poder valorar de forma conjunta el ingreso mínimo vital y las rentas mínimas. Revilla sospecha, eso sí, que existe una clara relación entre las autonomías que recortan presupuesto con las que menos invierten en políticas sociales. Según el informe, las comunidades que más aumentaron su inversión fueron Canarias, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana.

En cuanto a la población en riesgo de pobreza que se beneficia de estas rentas mínimas de inserción, hay cuatro comunidades en las que ni siquiera se alcanza al 2,5% de las personas que lo necesitan: Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Este porcentaje es muy diferente en Navarra y País Vasco, que tienen cubierto al 50% de su población por debajo del umbral de la pobreza. Les siguen Asturias y Cataluña, donde se benefician casi una de cada cinco o seis personas que precisan este sustento económico.

Carga burocrática

El ingreso mínimo vital vino con la intención de poner fin a la diversidad territorial y a las grandísimas diferencias en las cuantías y cobertura de las rentas mínimas. Sin embargo, desde su aprobación, entidades sociales critican la amplia carga burocrática que lastra el despliegue de esta prestación. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desde su aprobación, el ingreso mínimo ha llegado a 735.562 hogares en algún momento (no especifica cuántas bajas se han producido entre los beneficiarios). Revilla critica, de hecho, la calidad de los datos: “No publican el número de personas que están cobrando actualmente el ingreso mínimo vital, solo el histórico de las que lo han cobrado”.

La cuantía media anual por hogar de las rentas mínimas de inserción en el conjunto de España, 5.187 euros, supone el 13,9% de la renta media por vivienda en España, 37.363 euros. Es una cifra muy baja, que se ha reducido dos puntos en el último año, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Aunque exista una prestación a nivel estatal, las comunidades autónomas siguen gestionando sus rentas mínimas. “Las cuantías de estas prestaciones no deberían estar en ningún caso por debajo del ingreso mínimo vital para que fuese un complemento al alza”, cuenta Revilla. Esto no siempre es así. Andalucía o la Comunidad de Madrid son dos de las autonomías que no cumplen con este requisito. Además, ambas comunidades citadas son también dos de los territorios que han dotado sus ayudas de carácter subsidiario, por lo que para recibir la prestación autonómica, el solicitante debe pedir primero el ingreso mínimo vital y, si este es rechazado, optar a la renta mínima de la autonomía. La Comunidad de Madrid redujo el 73% de sus beneficiarios desde 2020, un porcentaje similar al de Murcia.