La Comunidad de Madrid invierte menos que nunca en la Renta Mínima de Inserción de los más pobres

La ayuda autonómica para las familias y personas más vulnerables de la Comunidad de Madrid, la Renta Mínima de Inserción (RMI) agoniza. Los sucesivos recortes en los presupuestos, desde que en verano de 2020 —en plena pandemia— entrara en vigor la ayuda estatal del Ingreso Mínimo Vital, han ido reduciendo esta partida hasta dejarla en una cuarta parte de lo que fue (de 166,9 millones a 40 millones en 2022). En 2022 la ejecución del gasto fue todavía la mitad de lo previsto y en lo que va de 2023, según los últimos informes (hasta agosto), se han gastado alrededor de seis millones, cuando hace solo tres años se gastaban más de 100 millones. Si en 2020 la media mensual de familias perceptoras fue de 19.736, en agosto de este año, solo la han percibido 1.536. Y no es porque las cifras de pobreza hayan mejorado.

La RMI fue aprobada en 2001, para ayudar a personas en situación de extrema necesidad que no contaran con otro tipo de ingresos. Estos días, según sus propios baremos, la Comunidad establece que una persona sola en riesgo de exclusión social puede percibir hasta 469,93 euros al mes; dos personas, 587,41 euros y tres personas, 662,52 euros, hasta 965 euros, que es la cantidad máxima que puede percibir una familia. Estas cifras marcan el techo que considera el Gobierno regional que necesita un madrileño o madrileña para vivir dignamente. Aunque sea difícil imaginar cómo puede vivir una persona sola, sin ingresos, con 469,93 euros al mes.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso prometió en septiembre de 2022 ampliar esas cuantías, pero todavía no se ha cumplido. La promesa consistía en equiparar el valor de las ayudas a la estatal —el Ingreso Mínimo Vital (IMV)—, que desde que se implementó ha sido un quebradero de cabeza para miles de familias y aunque en un principio fue bien recibido por los expertos, estos años ha recibido quejas de los trabajadores sociales por el laberinto burocrático al que somete a los más pobres del país y que solo acoge a un 20,8% de los que la necesitan, según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En un comunicado de prensa, Ayuso anunciaba que sus ayudas venían a solucionar esos problemas, con otros requisitos que acogerían a algunos que el IMV dejaba fuera, pero la realidad es que no solo no ha ampliado las cuantías, sino que nunca la Comunidad había gastado menos en ellos.

Desde la consejería de Familia y Asuntos Sociales responden a EL PAÍS que uno de los motivos por los cuales la subida no se llegó a producir fue que los presupuestos para este año quedaron prorrogados ante la falta de acuerdo en la Asamblea. Aunque desde el área de prensa aseguran que “se ha previsto crédito suficiente para abordar esta equiparación en 2024″. También, desde el organismo explican la caída de familias beneficiadas: “En la inmensa mayoría de los casos ambas ayudas no son compatibles, y si ya se cobra el IMV no se cobra la RMI. Por este motivo, y tras la entrada del IMV, ha caído el número de perceptores de la RMI de 19.736 a 1.536″.

Hace tres años, la Comunidad de Madrid gastó en la partida de la RMI algo más de 108 millones de euros y hasta agosto de este año ha ejecutado solo 6,2 millones, de un presupuesto autorizado en el Consejo de Gobierno de diciembre de 2022 de 27 millones. El año que más dinero ha invertido el Gobierno autonómico en este tipo de ayudas fue 2017, con un desembolso de más de 168 millones. Pero a partir de esa fecha la cifra fue menguando, hasta la cantidad más baja de su historia en los últimos meses de este 2023.

La ayuda estatal del IMV contempla ayudas más altas, como 565,37 euros para una persona sola, hasta los 1.243,83 euros para una unidad familiar de cinco miembros. De este tipo de ayudas se benefician 1.752.467 personas en todo el país, de las cuales, 755.752 son menores. Por número de hogares son 611.029 los que la perciben, según el informe publicado en mayo por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. El ingreso ha llegado a un 76% de los núcleos familiares estimados inicialmente por el Gobierno nacional. Tres de cada cuatro solicitudes terminan denegadas, señalaba el informe.

El requisito de haber sido denegado el IMV es fundamental para conseguir el apoyo de la Comunidad de Madrid, denuncian los expertos, cuando el presupuesto puede servir para complementar la cifra todavía baja que marca el Estado, especialmente para cubrir el alto coste de la vida en Madrid. Pero las últimas cifras publicadas, que señalan que solo 1.536 personas fueron perceptoras en agosto, hace sospechar que hay otras miles que se quedan en un limbo sin ningún tipo de ayuda. La Renta Mínima madrileña ha perdido en tres años 18.200 afiliados, y no es que los pobres hayan dejado de serlo.

El mismo organismo señalaba —con datos de 2021— que de los casi cuatro millones de personas que están en situación de pobreza en España, 500.000 viven en la Comunidad de Madrid. Otro informe de Cáritas, que se hizo público el año pasado, estimaba en 1,5 millones la cifra de personas bajo el umbral de la pobreza en la región. Esta semana, un informe de Comisiones Obreras ha alertado sobre un dato similar: que el 40% de las familias madrileñas presentan dificultades para llegar a fin de mes y 1,4 millones de personas viven en riesgo de pobreza ―un 6,8% más que el mismo estudio de 2021―.

Un informe de mayo de la Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que aglutina a 70 organizaciones, ubica a la región madrileña entre las peores en cuanto a desigualdad en España, solo superada por Canarias y Andalucía. La plataforma, que utiliza como referencia el índice europeo AROPE (por sus siglas en inglés, At-Risk-Of Poverty and Exclusion) señala: “Si se toma el año 2015 como año de referencia, la Comunidad de Madrid no ha logrado reducir su población en situación de pobreza ningún año, lo que hace que en 2022 hubiese 50.000 personas más en riesgo de pobreza y/o exclusión social que en 2015, año en el que la situación era extremadamente mala”.

“Han hecho desaparecer la Renta Mínima de Inserción para ahorrarse un puñado de millones a costa del sufrimiento de muchos madrileños, dejando la responsabilidad al Gobierno de España”, denuncia la diputada socialista en la Asamblea, Lorena Morales. Morales critica que la medida podía servir para complementar el IMV, pero el Gobierno autonómico pide que primero haya sido denegada la ayuda estatal para poder acceder a la autonómica, lo que supone un “infierno burocrático que deja a miles de familias sin ningún ingreso durante muchos meses”. “La Comunidad de Madrid debe estar a niveles como el País Vasco y Navarra, que casi duplican la cuantía de sus rentas mínimas, respecto a Madrid. De nada sirve ser la comunidad más rica si somos la última en inversión en servicios sociales, que es lo que nos iguala a todos”, insiste.

La vicedecana del Colegio de Trabajo Social de la Comunidad de Madrid, Belén Novillo, critica que el Gobierno regional puede complementar lo que se está ahorrando en esa partida con ayudas de vivienda o alimentos, pero “se han cerrado en banda”. “Cuando llegó el IMV lo vimos como una maravilla, pensamos que la Comunidad podía complementar, que es lo que han hecho otras comunidades en España, reconvertir la ayuda en prestación para la vivienda, por ejemplo. Pero Madrid no hizo nada, y a eso se suma una gestión caótica del ingreso mínimo”, se lamenta Novillo.

Por su parte, Berta Lago, que está jubilada pero trabajó durante una década gestionando estos recursos y ahora forma parte del movimiento Marea Naranja por una renta básica, critica además del caos en la gestión del IMV, la ausencia de “voluntad política” del Gobierno regional para combatir la pobreza. “La Comunidad de Madrid lo que no ha hecho es la adaptación de su norma una vez publicado el Ingreso Mínimo Vital y eso sí lo han hecho otras comunidades autónomas, para que sea menos agresivo para las personas”, señala. Si las cuantías de la Comunidad de Madrid fueran más altas que las del IMV, como sucede en Navarra o País Vasco, la región podría reponer la diferencia.

“Es muy llamativa la comparativa con regiones similares a la nuestra, como Navarra, donde la cuantía mínima por titular mes es 716 euros, mientras que la de Madrid es de 469 euros, y la cuantía máxima por unidad familiar es de 1.432 euros mensuales frente a los 965 euros de Madrid”, expone la diputada del PSOE, Lorena Morales. “Que Ayuso pruebe a vivir un solo mes en Madrid con 469 euros. Que busque vivienda, que pague luz, que pague gas, comida, todo...”, reta Morales.

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