El pulso por cómo se define la violación amenaza la primera gran ley europea sobre violencia machista

La Unión Europea puede estar a punto de pactar su primera ley específica para luchar contra la violencia machista, una lacra que le cuesta la vida al menos a 50 mujeres cada semana en territorio europeo (ni siquiera las cifras son aún fiables). Un hito que, sin embargo, podría acabar en fracaso rotundo por el duro pulso que desde hace semanas mantienen los Estados y el Parlamento Europeo sobre una cuestión clave de la propuesta de directiva: el consentimiento como eje de los delitos sexuales, es decir, la asunción del principio de lo que en España se conoce como el solo sí es sí, que se considere a nivel europeo como violación un acto sexual sin consentimiento explícito.

El cuarto trílogo —las negociaciones entre los Estados y el Parlamento Europeo, con la Comisión Europea, para acordar un texto común final de la ley— tiene lugar este miércoles en medio de reproches mutuos. Y con el trasfondo de la negativa férrea de varios Estados, sobre todo Francia y Alemania, sin los cuales no hay mayoría cualificada para sacar adelante la norma, a admitir la definición de la violación en base al consentimiento en la normativa. Varias negociadoras de la Eurocámara amenazan por su parte con hacer caer toda la ley si los Estados no dan su brazo a torcer y aceptan, como mínimo, la definición de violación recogida en el Convenio de Estambul.

No es un órdago más, puesto que toda la normativa, que entre otras también busca tipificar como delito actos como la mutilación genital femenina y la ciberviolencia, está en juego: con las elecciones europeas de junio recortando el calendario, explican fuentes de las negociaciones, si no se cierra ya este punto clave resultará prácticamente imposible pactar un texto y ratificarlo antes del último pleno de la Eurocámara, en abril. Y ante las previsiones de un giro a la derecha y hasta a la ultraderecha en los comicios europeos, sacar adelante en la próxima legislatura una norma de este tipo —la violencia de género es un anatema de los partidos ultras— será prácticamente imposible, advierten.

En medio del pulso entre diputados y Estados, también ha quedado aprisionada una presidencia española rotatoria de la UE a la que se acusa de no haberse implicado lo suficiente en estas negociaciones. Una decepción doble porque, señalan diversas fuentes, España siempre ha sido considerada pionera y modelo en materia de derechos de la mujer y lucha contra la violencia machista y no se entiende que no haya luchado por esta directiva como sí han hecho otros ministros españoles por leyes europeas igualmente complicadas en los últimos meses, como la Ley de Restauración de la Naturaleza.

“Hay una cierta decepción por la falta de liderazgo español en esta directiva”, señalan fuentes implicadas en las negociaciones. “En otros expedientes se han implicado más, aquí no”, coinciden otras voces de diferentes orientaciones políticas. Fuentes diplomáticas consideran injusta esa percepción. “El trabajo técnico está ahí, pero Francia y Alemania se niegan en redondo a incluir la violación [basada en el consentimiento] en el artículo 5″ de la propuesta de ley, explican. Así, agregan, “no hay margen” para negociar.

Las competencias jurídicas como argumento

Los argumentos legales de París y Berlín se basan en que la UE no tiene competencias jurídicas en esta materia, que pertenece al derecho penal de cada país, y dicen temer que, al carecer de base jurídica, cualquier país que se oponga a la normativa podría acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y este podría acabar anulando toda la directiva, que busca una protección más amplia de las mujeres más allá de la violación. El pecado original, no obstante, está en los propios Estados, que previamente rechazaron la propuesta de la Eurocámara de convertir la violación en un eurodelito con definición común, lo que habría aclarado la situación jurídica. Tal y como están las cosas, alegan fuentes diplomáticas de los países opuestos a aceptar la violación en la directiva, esta no está reconocida como un crimen transfronterizo, por lo que la UE no tiene competencias en ello.

No obstante, los servicios jurídicos de la Comisión y el Parlamento Europeo han hecho una interpretación más amplia, usando la base legal de la explotación sexual. Un extremo que los juristas del Consejo no comparten, por lo que la disputa está, por el momento, en tablas, a la espera de ver si Francia o Alemania ceden y cambian las fuerzas de voto, o si la Eurocámara se echa atrás y no cumple su amenaza de tumbar toda la normativa por esta cuestión. París, hasta este martes, no tenía intención de cambiar de opinión, según fuentes diplomáticas, que rechazaban los reproches aseverando que Francia es uno de los países que más severamente castigan este delito.

Conscientes de la batalla en ciernes, las responsables de la Eurocámara de la Directiva sobre la lucha contra la violencia sobre las mujeres enviaron la semana pasada una carta al ministro Félix Bolaños, ahora titular de la cartera de Justicia, además de Presidencia y Relaciones con las Cortes en el Gobierno de España, y responsable de Justicia durante la presidencia española del Consejo en la UE, para expresar su “profunda decepción, y, francamente, indignación, en nombre de la ciudadanía europea ante la falta de voluntad del Consejo para incluir el delito de violación por falta de consentimiento en la Directiva”.

Para las relatoras de prácticamente todo el arco político —Nathalie Colin-Oesterlé, Pina Picierno, Lucia Ďuriš Nicholsonová, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Assita Kanko, Malin Björk y Eugenia Rodríguez Palop—, esa es una “posición inaceptable”. “No podemos tener una situación donde se aplican diferentes estándares mínimos de justicia a las mujeres en toda la Unión si queremos realmente alcanzar uno de nuestros principios fundacionales: la igualdad entre mujeres y hombres. Para citar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, “no puede haber verdadera igualdad sin acabar con la violencia”, añadieron en esa carta enviada el pasado 7 de diciembre, en la que se despedían pidiendo a Bolaños que “asegure” que en esa nueva norma “histórica” se incluya el delito de violación bajo el principio del solo sí es sí.

No ha habido una respuesta por parte de Justicia, no oficial, al menos, aunque desde el ministerio apuntan a que el problema “político y jurídico” por el que varios países han dicho no a esa propuesta se abordará este miércoles en el trílogo. “Hay una minoría de bloqueo, países que están en contra, fundada en un informe del Consejo, contraria a incluir la violación en la directiva. Esa no es la posición de España, que “sí está a favor” y este miércoles, aseguran, “la delegación española hablará de ello”. Las discusiones se presentan, como mínimo, largas y duras. Hay mucho en juego, coinciden al menos todas las partes.