Estadísticas para combatir la violencia machista: la UE reconoce que no sabe cuántos asesinatos machistas se cometen al año

Las víctimas de violencia machista han teñido de negro, una vez más, las noticias de este verano en España y otras partes de Europa. Un problema social y estructural que, al menos, en este país se contabiliza de manera oficial y rigurosa. La mayoría de los Estados de la Unión Europea, sin embargo, no cuenta con estadísticas oficiales, o son solo parciales. Algunos, igual que las fuerzas de ultraderecha, ni siquiera admiten el concepto de violencia machista o de género. En menos países aún se tipifica el feminicidio de esa forma, con ese nombre. Ahí empieza un problema fundamental: es muy difícil combatir lo que no se puede contabilizar, o definir. La directiva sobre la lucha contra la violencia sobre las mujeres y la violencia doméstica, la primera norma específica sobre la materia realizada a nivel europeo que está siendo ahora ultimada bajo la presidencia rotatoria española de la UE, afronta, por fin, este grave vacío legal y estadístico.

Lo lejos que está Europa de conocer con rigor su problema lo demuestra el hecho de que los últimos datos públicos a nivel UE sobre violencia contra las mujeres datan de 2014. Y son, más que nada, estimaciones, ya que ni todos los países contaban (ni lo hacen aún) las víctimas de violencia machista, ni lo hacen de la misma forma. Aun así, las pocas cifras existentes muestran la urgencia: al menos 50 mujeres son asesinadas por violencia machista cada semana en la UE.

El Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE, por sus siglas en inglés), la agencia de la Unión Europea creada en 2010 “para hacer realidad la igualdad de género en la UE y fuera de ella”, lleva años repitiendo un mantra: “La UE necesita datos integrales, actualizados y comparables para desarrollar políticas efectivas que combatan la violencia contra las mujeres”.

A día de hoy, “los datos no son comparables porque los marcos normativos no están armonizados”, explica la responsable de violencia de género de EIGE, Cristina Fabre. “Hay países que todavía no tienen estadísticas del crimen desagregadas por sexo (ni de víctima, ni de perpetrador, ni por la relación de parentesco entre ambos). Tampoco la definición de pareja es igual, hay países con definiciones muy restrictivas de lo que es pareja: solo aquellos que conviven en el mismo domicilio, dejando fuera a exparejas y, por tanto, a muchas víctimas”, señala por correo electrónico.

España, unánimemente reconocido como país pionero en la materia, contabiliza desde el año pasado como feminicidio todos los asesinatos con un componente de género, no solo los perpetrados por parejas o exparejas. Sin ir tan lejos, el Parlamento belga también dio un gran paso —hace un par de años ni siquiera tenía estadísticas sobre feminicidios— al aprobar en junio un proyecto de ley que define oficialmente la noción de feminicidio, aunque sin valor penal, y establece cuatro tipos: el feminicidio íntimo o asesinato perpetrado por una persona cercana, el no íntimo (por ejemplo una prostituta asesinada por un cliente), el feminicidio tras un hecho violento como un aborto forzado o una mutilación genital y el homicidio de género, que incluye los asesinatos de personas transgénero.

Por el contrario, hay países que todavía no tienen leyes o tipos penales específicos, como Dinamarca, Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlandia o Países Bajos, apunta Fabre. Y hay, además, países que están dando enormes pasos atrás en materia de derechos de las mujeres, como Polonia, que ha amenazado incluso con abandonar el Convenio de Estambul, considerado el patrón de referencia sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

El reiterado reclamo de EIGE de armonizar los datos parece, por fin, haber sido escuchado. Al menos institucionalmente. Al presentar su propuesta de directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, la Comisión Europea reconoció que existe un problema de “infrarregistro de violencia contra las mujeres”. De ahí que en la directiva, que incluye el término “feminicidio” en su texto y busca “garantizar un nivel mínimo de protección contra este tipo de violencia en toda la UE”, se establece específicamente la obligación de que “todos los Estados miembros recojan datos sobre violencia contra las mujeres y violencia doméstica para realizar una encuesta europea cada cinco años”.

Para la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, de Unidas Podemos, se trata de una cuestión “clave” porque “a mayores datos y mayores estadísticas, mayor concienciación”, explica la jurista y vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (Femm) del Parlamento Europeo. Y se trata, subraya, “no solo de recabar más datos, sino mejores, con más filtros y de manera mejor clasificada”. Porque mejores datos administrativos, acota Fabre, ayudan además a “medir la respuesta institucional a la violencia contra las mujeres y su capacidad para proteger a las víctimas, prevenir su revictimización y procesar a los agresores”, además de “diseñar y monitorear mejor las medidas” implementadas.

Por ello, para el Parlamento Europeo, que en estas cuestiones suele ir mucho más lejos que los Estados miembros representados en el Consejo —los eurodiputados aprobaron, hace dos años, una resolución para tipificar la violencia de género como eurodelito, aunque al final la iniciativa no tuvo recorrido— una de las prioridades a la hora de negociar el texto fue fortalecer el artículo 44, que estipula “el sistema de recogida de datos, desarrollo, elaboración y difusión de estadísticas sobre la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica”.

Así, en su texto final, que ahora deberá ser negociado y armonizado con la posición del Consejo (más rebajada y que, entre otras cosas, no establece la obligatoriedad de realizar una encuesta de población cada cinco años, sino que se limita a indicar que los Estados “procurarán recoger” dichos datos), la Eurocámara fija datos más específicos a contabilizar: “Las víctimas asesinadas, incluyendo si habían presentado denuncia previamente, el número de plazas disponibles en los refugios de los Estados miembros, el número de víctimas que han accedido a servicios de apoyos o el número de llamadas a las líneas telefónicas nacionales de ayuda”, enumera Soraya Rodríguez (Ciudadanos), ponente en la sombra de la propuesta parlamentaria. Un refuerzo de la medición de datos que el EIGE apoya. “En el contexto actual, creemos que la Directiva, tal como se presentó, es lo mejor que podemos tener, lo que esperamos es que en las negociaciones con el Consejo no se desvirtúe o rebajen los estándares, es indispensable que el Parlamento sea capaz de mantener o mejorar el texto de la propuesta”, reclama Fabre.

La presidencia española de la UE no ha querido perder tiempo: la ministra de Justicia, Pilar Llop, lanzó el primer trílogo, la negociación entre Parlamento, Consejo y Comisión, para lograr un texto definitivo, el 13 de julio, horas después de que la Eurocámara adoptara su posición final. La próxima cita será el 3 de octubre. El objetivo, dice Soraya Rodríguez, que participó en la primera reunión, es tener un texto consensuado (posición común) “entre enero y febrero”, para que pueda ser ratificado durante la presidencia semestral belga de la UE, que comienza el 1 de enero. Una velocidad que no solo se debe a la urgencia de las medidas, señala la eurodiputada: “Sabemos que necesitamos trabajar rápido durante la presidencia española y belga porque luego les tocará el turno de la presidencia a los países más reaccionarios, Polonia y Hungría”, cuyos gobiernos han dado fuertes pasos atrás en los derechos de las mujeres, sobre todo en materia de derecho al aborto.