El Parlamento Europeo da luz verde al Convenio de Estambul sobre violencia machista con la oposición de la ultraderecha

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la adhesión al Convenio de Estambul, un tratado internacional del Consejo de Europa que establece normas jurídicamente vinculantes para combatir y prevenir la violencia contra las mujeres. Es uno de los últimos pasos para la ratificación de la UE, que sin embargo, tiene un alcance limitado, ya que solo afecta a las áreas de competencia europeas —cooperación judicial en materia penal y asilo— y no abre un gran campo de obligaciones para los Veintisiete. Sin embargo, el gesto, que ha enfrentado la oposición de los europarlamentarios de ultraderecha, envía un claro mensaje político a los seis países de la Unión que aún no lo han ratificado: Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia, cuyos gobiernos alegan incompatibilidades con sus constituciones o se oponen al concepto de “género”.

El tratado, establecido en 2011 por el Consejo de Europa y que define la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos, se ha convertido en la diana de los grupos ultraconservadores y antiderechos que han hecho de combatir lo que llaman “ideología de género” —que enmarcan en todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres, las familias diversas, las personas LGTBI+ y las menciones a las desigualdades sociales— uno de los principales objetivos de sus campañas.

Que la UE ratifique la convención no fuerza a los países que aún no lo han hecho, pero sí sienta un marco legal que define y tipifica las violencias contra las mujeres, el acoso sexual, la mutilación genital femenina y el matrimonio forzoso y establece que debe haber cooperación policial y judicial entre los Estados miembros.

“La adhesión de la UE reforzará el marco jurídico de la Unión y enviará un mensaje contundente a todas las víctimas de violencia contra las mujeres y la violencia doméstica”, ha incidido la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, durante el debate sobre el convenio celebrado en el Parlamento Europeo y que los legisladores de ultraderecha trataron de acaparar con comentarios negacionistas de la violencia machista y xenófobos. El tono fue tal que tras las quejas de algunos eurodiputados la presidencia de la Eurocámara analizará si algunos comentarios vulneran las normas de conducta.

Solo la ultraderecha ha votado en contra de la ratificación, que ha salido adelante con 472 votos a favor y 62 en contra. Christine Anderson, del partido ultra Alternativa por Alemania, utilizó su intervención para asegurar sin ningún tipo de evidencia que los perpetradores de los delitos machistas son inmigrantes. “Esta terrible violencia contra las mujeres sería facilísima de evitar si se impide el cruce ilegal de jóvenes que traen consigo una idea misógina de las relaciones y de las mujeres”, lanzó. Partidos como el xenófobo alemán o el ultra español Vox han criticado el convenio al asegurar que recorta la soberanía de los Estados miembros.

Organizaciones de derechos humanos y entidades que trabajan por los derechos de las mujeres llevan años, además, alertando sobre las campañas de propaganda y desinformación que grupos ultraconservadores mantienen sobre el Convenio de Estambul. Su ratificación por la Eurocámara este miércoles es casi definitiva para la UE, porque aunque ahora deban darle luz verde los Estados miembros solo hace falta una mayoría simple, según marcó una sentencia europea. Este paso supone fundamentalmente poner el foco sobre un problema, la pandemia de violencias machistas, que tiene diferente abordaje en los Estados miembros.

El catálogo de estadísticas europeas es limitado ya que algunos Estados miembros ni siquiera las recopilan. Una de cada tres mujeres ha sufrido en algún momento violencia física o sexual, según una encuesta de 2014 de la Agencia de la UE para los Derechos Fundamentales; una de cada 20 ha sido violada y una de cada dos ha experimentado algún tipo de acoso sexual. No abordar la violencia contra las mujeres, además, cuesta unos 289.000 millones de euros al año en la UE, según datos del Instituto Europeo de Igualdad de Género, de la Comisión Europea (EIGE).

“La violencia de género es el mayor problema sin resolver en Europa”, ha incidido el socialdemócrata Lukasz Kohut, uno de los ponentes. Y aunque efectivamente su alcance es muy limitado, reconoce la eurodiputada española María Eugenia Rodríguez Palop (en el grupo La Izquierda del Parlamento Europeo), la adhesión “impactará positivamente en la salud y la vida de las mujeres de toda la UE”. También, dice, en las ciudadanas de los seis estados que se resisten a ratificarlo. “Por ejemplo, la violencia de género está reconocida en el Convenio como causa de persecución para niñas y mujeres refugiadas, así que esperamos que se considere en las solicitudes de protección internacional en toda la UE”, ha remarcado.

El camino hacia la adopción definitiva en la Unión, que lo había firmado en 2017, ha sido largo y lleno de choques con los socios gobernados por gobiernos conservadores. De hecho, Polonia amenazó en 2020 con abandonar el tratado, que había firmado en 2015. Turquía, que no está en la UE, pero sí forma parte del Consejo de Europa junto a otros 45 países, lo había ratificado pero lo anuló en 2021 en medio de la deriva ultraconservadora del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan.