La UE logra un acuerdo sobre la ley que protegerá a periodistas y defensores de derechos humanos de demandas civiles abusivas

La Unión Europea está ya a solo un paso de contar con una ley que busca proteger mejor a periodistas, defensores de derechos humanos o activistas ambientales de demandas civiles abusivas que buscan intimidar, silenciar y censurar denuncias contra individuos, lobbies, empresas poderosas o incluso organismos estatales a través de largos y costosos procesos judiciales.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (los Estados miembros) han alcanzado este jueves de madrugada un acuerdo provisional, que ahora tendrán que ratificar las dos partes antes de que pueda entrar en vigor, sobre la denominada ley anti-SLAPP (Strategic Lawsuits against Public Participation, o Demandas Estratégicas contra la Participación Pública). Una normativa que, según ha celebrado el negociador por parte de la Eurocámara, Timo Wölken, ha logrado incluir dos puntos claves que fueron duramente negociados: que se reconozca el carácter transfronterizo de este tipo de procesos —lo que, según el socialdemócrata alemán, permitirá que más activistas o periodistas puedan acogerse a esta directiva— y que se dé capacidad a los jueces para desestimar un caso de este tipo en una etapa temprana si consideran que carece de fundamento.

“Con esta nueva ley, la UE defiende a periodistas y defensores de derechos humanos contra casos judiciales infundados y abusivos”, ha resaltado el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia español, Félix Bolaños, en un comunicado en nombre del Consejo de la UE que España preside hasta finales de año, y que había puesto esta normativa como una de las prioridades de su mandato. Contar con una legislación de este tipo, en momentos en que el uso de este tipo de demandas “para silenciar a gente que denuncia cuestiones de interés público” se ha convertido en un “fenómeno creciente”, resulta clave porque, advierte Bolaños, “nuestras democracias peligran cuando los ricos y poderosos pueden silenciar las voces críticas en los tribunales solo porque hablen de temas de interés público”.

Con el texto final acordado, los individuos u organizaciones afectados por una de estas demandas SLAPP gozarán de varias salvaguardias en el proceso. Para empezar, podrán pedirle al juez encargado del caso que lo desestime en una etapa temprana si se considera que la demanda está “manifiestamente infundada”, para lo cual además se requerirá que el tribunal “acelere” este tipo de peticiones de los demandados. Asimismo, el juez podrá exigirle al demandante una garantía financiera que cubra los costos del juicio, incluidos los de la víctima, o decidir que la parte que inició el caso pueda ser objeto de una sanción “u otra medida igualmente efectiva”.

La nueva ley tendrá carácter transfronterizo salvo que las dos partes estén domiciliadas en el mismo país que el tribunal donde se dirime el caso y que este sea relevante solo para un Estado miembro. La protección de la normativa irá además más allá de las fronteras de la UE, ya que si una persona que viva dentro del espacio europeo se ve afectada por un caso SLAPP en un tercer país, los Estados miembros “deberán rechazar el reconocimiento de una sentencia de ese tercer país si la consideran manifiestamente infundada o abusiva en el Estado miembro en cuestión”.

La Comisión Europea, que lanzó la propuesta de esta directiva en la primavera de 2022, también ha saludado el acuerdo para una ley que, cuando entre en vigor, dotará a la UE por primera vez de un “instrumento legal vinculante” contra este tipo de demandas estratégicas. Una demanda de la sociedad civil, ha recordado en un comunicado, sobre todo tras el asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, un “trágico ejemplo” de este tipo de acciones legales contra periodistas, ya que en el momento de su muerte, en 2017, afrontaba 43 demandas judiciales de este tipo.

“Este fenómeno de Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP) ha venido ganando terreno en la UE (…) y la nueva ley disuadirá a los que quieren presentar este tipo de demandas abusivas y reforzará a sus víctimas, que podrán contraatacar”, se ha felicitado la vicepresidenta de la Comisión para Valores y Transparencia, Vera Jourová. “Queremos proteger a aquellos que asumen riesgos para garantizar que los ciudadanos están informados de temas de interés de nuestras sociedades”, ha agregado. Un extremo importante, ha acotado el comisario de Justicia, Didier Reynders, “para defender las democracias europeas, el Estado de derecho y la libertad de expresión, incluidos medios libres”.