El alcalde de Nueva York, el último denunciado gracias a una ley que anulaba la prescripción de delitos sexuales

Durante un año, una ley vigente en Nueva York ha posibilitado una oleada de demandas contra hombres famosos acusados de delitos sexuales, entre ellos el expresidente Donald Trump, la estrella del hip hop Sean Diddy Combs, el actor Jamie Foxx y el cómico y actor Russell Brand. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, es el último que se incorpora a la lista y lo hace —al igual que Foxx, el también actor Cuba Gooding Jr o Axl Rose, cantante de Guns’ and Roses— tras ser denunciado a última hora, antes de que la denominada Ley de Supervivientes Adultos expirase este jueves, con un resumen de infarto: más de 2.500 demandas en 24 meses, muchas de ellas interpuestas por víctimas de abusos sexuales en las cárceles de Nueva York.

Heredera del Movimiento MeToo, la peculiaridad de esta ley es que anulaba el plazo de prescripción de los delitos, es decir, recogía cualquier reclamación independientemente del tiempo transcurrido desde los supuestos hechos. Gracias a la norma, la columnista E. Jane Carroll pudo demandar a Trump por unos abusos cometidos a mediados de los noventa, y ganar el juicio: el republicano fue condenado en mayo a pagar cinco millones de dólares por abusos y por difamar a la víctima.

El caso de Adams es también antiguo, de 1993, cuando el ahora alcalde y la presunta víctima, que solicita cinco millones de dólares como compensación, trabajaban para el departamento de policía de la ciudad, acusado también en la demanda. El de Foxx, presentado a última hora de este miércoles, refiere una presunta agresión a una fan que se le acercó a pedirle una foto en un restaurante de la Gran Manzana en 2015. La mujer le acusa de haberle introducido los dedos en la vagina y el ano sin su consentimiento.

El mismo día se han presentado otras dos contra el también actor Cuba Gooding Jr, que en junio evitó un juicio por violación tras llegar a un acuerdo con la víctima. Más de 30 mujeres le han atribuido en los últimos años un “comportamiento sexual inapropiado”, la definición estándar que en EE UU se usa para referirse a la violencia sexual. En el caso de Axl Rose, la demanda es por una supuesta agresión sexual a una ex modelo durante una fiesta en 1989, según ha informado el medio TMZ.

En tiempo de descuento, como demuestran las denuncias a Adams, Fox, Gooding y Rose, la maquinaria legal ha pisado el acelerador. Pero pese a que las acusaciones concretas, con nombres y apellidos, acaparan los titulares, más de la mitad de los 2.587 expedientes acogidos a la ley se han interpuesto contra el Estado, la ciudad de Nueva York y los condados locales, por casos de malos tratos en prisiones estatales y sistemas penitenciarios locales, y muy especialmente en la cárcel de Rikers Island, con 470 casos denunciados.

Las hay también contra hospitales, por no impedir los abusos de médicos a subordinadas: aun anónimos, se trata de la misma relación de poder, de subordinación, que los acusados famosos ejercían sobre sus presas. La propia denominación de la ley, y su mención explícita al concepto de supervivencia, pretendía ayudar a las víctimas a superar un trauma que habitualmente tarda años en sanar, de ahí el borrado de los plazos.

Nueva York no es el único Estado que ha revisado en los últimos años los plazos para demandas civiles por violencia sexual, aunque en muchos otros la revisión se ha centrado en abusos sufridos durante la infancia. Pero las mujeres que han demandado a Trump, Adams, Foxx o Combs eran adultas en el momento de los hechos —para acogerse a la ley neoyorquina era necesario tener más de 18 años—, y esa es otra de las peculiaridades de la ley que ahora expira. De hecho, recoge y amplía una ley anterior que ofrecía a las personas que habían sufrido abusos en su infancia un plazo mayor para presentar demandas. Cuando se cerró la ventana de dos años de la Ley de Víctimas Infantiles en agosto de 2021, casi 11.000 personas habían emprendido acciones legales, muchas de ellas contra la iglesia católica.

La entrada en vigor de la Ley de Supervivientes Adultos, que solo contemplaba los delitos cometidos en el Estado, tuvo especial repercusión por la identidad de los acusados. A la demanda interpuesta contra Trump, tal vez la más mediática —y el prólogo de su calvario legal— puede añadirse otra, más reciente, pero especialmente renombrada por su relación directa con el MeToo. Se trata de la demanda contra el todopoderoso productor Harvey Weinstein —convicto depredador sexual, condenado por violación en Nueva York y California— por parte de la actriz Julia Ormond, por una presunta agresión sexual en 1995 y, posteriormente, por obstaculizar su carrera hasta invisibilizarla. Ormond presentó la denuncia el mes pasado.

El rapero Combs fue acusado la semana pasada por su expareja, la cantante Cassie, de someterla a una tóxica y prolongada relación que incluyó palizas y violación. Los dos artistas anunciaron un acuerdo un día después de la presentación de la demanda. A Brand le persiguen las demandas, tras una inicial por agresión sexual a una figurante de una película, supuestamente en 2020. Medios británicos publicaron en septiembre denuncias de otras cuatro mujeres que dijeron haber sido agredidas sexualmente por Brand, para quien las relaciones fueron “siempre consentidas”.

Mucho antes de que la cascada de denuncias contra Harvey Weinstein desencadenase el movimiento MeToo, en 2017, el caso de Bill Cosby, acusado en 2014 de una presunta agresión sexual ocurrida hace más de 50 años, había quebrado el silencio sobre la figura de abusadores que se prevalen de su situación de poder —es el denominador común, de Trump a Weinstein o el propio Cosby— para violentar a sus víctimas. Cosby, de hecho, lleva una década entrando y saliendo de los tribunales.

Cuando la Asamblea legislativa del Estado de Nueva York aprobó este “periodo de retrospectiva”, o retrovisor, para los casos de agresión sexual prescritos, los activistas predijeron que la medida temporal convertiría el goteo de demandas en una avalancha. En las últimas horas, la avalancha se ha convertido en un alud. Y también en un hito legal, a juzgar por la valoración de ONG de defensa de las víctimas de violencia machista como Safe Horizon, que en un comunicado ha calificado la ley de “victoria monumental para los supervivientes, cuyo valor y compromiso han dado lugar a una vía viable hacia la justicia y la curación para miles de personas”.