Por qué rezar delante de las clínicas de aborto aún no se considera delito ni acoso contra las mujeres

Nueve personas de edades variopintas rezan con murmullos un misterio del rosario en una calle del madrileño distrito de Tetuán. En la acera de enfrente, a menos de 10 metros, se encuentra la puerta de acceso a la clínica abortista Dator, pionera en España. Se pasan el libro de mano en mano mientras una sostiene una pancarta en la que se puede leer “No estás sola, podemos ayudarte”. Forman parte de la asociación antiaborto 40 días por la vida, que a finales de septiembre empezó una nueva campaña para rezar delante de estas clínicas. Pasadas las siete de la tarde, un hombre cargado con dos bolsas de la compra se detiene frente a ellos:

—Voy a llamar a la policía, esto que estáis haciendo es ilegal, les espeta.

—No nos pueden echar, responde uno de los rezadores.

Y es que, a pesar de la reforma del Código Penal por la que se prohíbe acosar a las mujeres que quieran abortar, los rezos frente a las clínicas se siguen produciendo en un limbo legal.

La dificultad de calibrar el nivel de “acoso y molestia a las mujeres” citado en el Código Penal hace que las oraciones, siempre que sean pacíficas, sean difícilmente punibles. Así lo explica el abogado penalista Miguel Ángel Sampedro, quien ve “complicado” que se pueda encajar como delito si los rezos no van orientados a una persona en concreto y si se realizan sin violencia. “Sería imposible que un policía probara que ese rezo estuviera dirigido a impedir el aborto”, añade Sampedro. Una idea que corrobora la también abogada penalista Marta Pellón, de Palladino Pellón & Asociados, quien considera que “mientras no impida el acceso ni el tránsito por la vía pública”, no se puede sancionar. “Hay que recordar el artículo 522 del Código Penal, que defiende la libertad de conciencia y de sentimientos religiosos”, sostiene Pellón.

Para acabar con las repetidas situaciones de hostigamiento y acoso hacia las mujeres que querían ejercer su derecho al aborto, en abril de 2022 entró en vigor una reforma del Código Penal para tipificar este tipo de acciones. Concretamente, se añadió el artículo 172 quater, en el que se explicita que aquellos que obstaculicen el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo “mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad” se enfrentarán a una pena de prisión “de tres meses a un año”. La reforma ha provocado que las asociaciones antiabortistas adapten sus métodos de asedio y, por ello, han dejado de situarse delante de la entrada.

Aunque los abogados penalistas ven difícil un encaje penal siempre que los rezos se produzcan sin obstaculizar y de forma pacífica, Pellón advierte de que “tarde o temprano, el Tribunal Supremo aclarará cómo aplicar la norma en esta aspecto” y sentará jurisprudencia. Sampedro añade que, de prohibirse, se contrapondría a otros derechos fundamentales como “la libertad de culto o la libertad de expresión”.

La presencia continua durante 40 días de gente rezando delante de una veintena de clínicas repartidas por España molesta notablemente a la portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) de Madrid, Sonia Lamas, que lleva varios años aguantando el acoso de distintos colectivos antiaborto. A pesar de los avances gracias a la reforma del Código Penal, Lamas opina que “se ha quedado corta”. “Tendría que haber un perímetro o una zona de seguridad para que las mujeres que deciden abortar no se tengan que cruzar con ellos”, reclama la portavoz de ACAI. Una medida que se aplica en el Reino Unido desde marzo de 2023, cuando la Ley de Orden Público introdujo una zona de seguridad en un radio de 150 metros alrededor de los centros. La petición de establecer un perímetro de distancia es una demanda que las asociaciones por el derecho al aborto llevan años solicitando.

Abortar es legal en España desde 1985, aunque con distintos niveles restrictivos. En esta primera ley, se permitía según una serie de supuestos, como el riesgo grave para la salud de la mujer o haber sufrido una violación. A partir de 2010, los supuestos fueron reemplazados por plazos, por lo que se permitía abortar libremente hasta la semana 14 del embarazo y, más adelante, hasta la semana 22, si se cumplían una serie de requisitos.

Finalmente, en febrero de 2023, se modificaron algunas cuestiones de la ley anterior y se devolvió, por ejemplo, a las adolescentes de 16 y 17 años el derecho a abortar sin el permiso paterno o materno. El año pasado se produjeron 98.136 abortos en España, según datos del Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo publicado por el Ministerio de Sanidad a finales de septiembre, lo que supone una tasa de 12 mujeres de cada 1.000 entre 15 y 44 años.

Presencia continua

Además de la campaña de los rezos diarios, cada sábado se reúnen desde hace años delante de la clínica madrileña Dator varios colectivos antiaborto. Así, mientras unos oran, otros reparten folletos informativos a algunas mujeres que se acercan al centro en los que se ofrece información sobre alternativas al aborto y sobre consecuencias negativas por el hecho de hacerlo. Y también aparece una furgoneta en la que se realizan ecografías para que las mujeres escuchen el latido de su bebé.

Las protestas por parte de grupos antiaborto no son una novedad en España. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010, aprobada por un gobierno socialista y ratificada por el Tribunal Constitucional en mayo de 2023, desencadenó manifestaciones multitudinarias encabezadas por grupos de corte ultracatólico como Hazte Oír. Desde entonces, y hasta la reforma del Código Penal en 2022, se han producido concentraciones delante de las clínicas en las que se repartían folletos con caras de bebés, pancartas en las que se podía leer “paremos la masacre del aborto” o “abortar es asesinar” y se abordaba a las mujeres que se dirigían a la entrada.

El movimiento internacional de 40 días por la vida llegó a España en 2016 y poco a poco se ha ido instalando en las principales ciudades del país. En la campaña actual están inscritos alrededor de 4.000 voluntarios que se organizan por turnos para rezar delante de las clínicas desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde.