El Gobierno aprobará este martes un decreto de ayudas para 130 víctimas de la talidomida
Según el departamento de Ione Belarra, la medida “busca hacer justicia con los afectados en España, uno de los países que más ha tardado en prestarles apoyo”
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana martes un decreto de ayudas económicas para 130 víctimas de la talidomida, un fármaco para embarazadas que hace varias décadas causó miles de casos de malformaciones en 50 países, según ha informado este lunes el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Según el departamento de Ione Belarra, este decreto “busca hacer justicia con los afectados en España, uno de los países que más ha tardado en prestarles apoyo”. Para ello, establece una serie de ayudas económicas que recibirán 130 personas, tras la evaluación llevada a cabo por parte del Instituto Carlos III de Madrid, la entidad sanitaria que se ha encargado de analizar los casos y calcular los importes a percibir en función del grado de discapacidad sufrido como consecuencia de la exposición al medicamento. Para una persona con un 33% de discapacidad, la ayuda ascenderá a 396.000 euros en un pago único, a razón de 12.000 euros por cada punto fijado en el protocolo, y según fue establecido en una disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.
Las ayudas podrán solicitarse desde la publicación del decreto en el BOE y su gestión correrá a cargo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, informa Efe.
La talidomida fue un fármaco que se comercializó en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado como calmante de las náuseas en los primeros meses de embarazo y que provocó miles de casos de malformaciones en los fetos. En España, el franquismo optó por silenciar el asunto y negó que el medicamento se hubiera utilizado en España, a pesar de que posteriormente se ha reconocido su comercialización y prescripción al menos entre 1959 y 1965.
La principal malformación fue la focomelia, una anomalía congénita caracterizada por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades. Hasta la fecha, solo 24 víctimas habían recibido ayudas, de acuerdo con una disposición de los Presupuestos de 2009, pero ese intento de reparar a las víctimas, sin embargo, se enfrentó a serios problemas para determinar la relación de afectados por la talidomida, y por eso ahora para determinar las ayudas se han realizado más de 600 análisis complejos.
Según han recordado fuentes de Derechos Sociales, en ese proceso han participado genetistas del Sistema Nacional de Salud, sin la colaboración de la industria farmacéutica ni de empresas privadas, y han diseñado un panel de genes único en el mundo.
La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), que representa a más de la mitad de los afectados que recibirán las ayudas, se reunió hace mes y medio con representantes de la Fiscalía para pedir la apertura de una investigación por si cabía prevaricación del Gobierno al no haberse concedido aún las ayudas tras su aprobación en los Presupuestos hace cinco años.
Aunque no existen estimaciones precisas del número total de afectados en el mundo, las más aceptadas sitúan la cifra en cerca de 10.000 en medio centenar de países, la mitad de los cuales fallecieron en los primeros meses de vida. Según datos de Avite, Alemania ha reconocido a casi 3.000 víctimas y el Reino Unido, cerca de medio millar. Según el Ministerio de Sanidad, un total de 609 personas solicitaron en España someterse al proceso de evaluación de anomalías congénitas, de las que finalmente 130 resultaron ser compatibles con la talidomida.
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