El colectivo LGTBI sale a la calle en el Orgullo a defender sus derechos frente a la sombra de la ultraderecha

El 16 de febrero, las puertas del Congreso de los Diputados se llenaban de banderas arcoíris y trans: acababa de aprobarse una de las leyes más avanzadas del mundo para el colectivo LGTBI después de meses de un debate que dividió al Ejecutivo, a la Cámara baja y provocó una escisión en el movimiento feminista. Tres meses después, la ultraderecha multiplicó por tres sus concejales en las elecciones municipales. Su alcance se ha expandido en los últimos años y la puerta que le ha abierto ahora el PP en ayuntamientos y autonomías ha permitido que su argumentario se extienda en las instituciones. Es el contraste de un país que, como muchos otros, sufre una polarización creciente ante el auge de una ultraderecha que hace planear la amenaza sobre los derechos adquiridos. Ahora, a apenas tres semanas de las elecciones generales, un ambiente precalentado por la política es la antesala del Orgullo más politizado de las últimas dos décadas: uno al que el colectivo llega con más derechos que nunca, pero también con un horizonte sobre el que pende la posibilidad de ver cercenados muchos de ellos.

Ante esa sensación que sobrevuela, la de una España atravesada por un discurso que se opone a derechos para las personas LGTBI ya consolidados en la sociedad española desde hace tiempo, el Orgullo se prevé masivo. En Madrid, donde esta tarde se dará la principal manifestación en España, la policía espera la asistencia de entre un millón y millón y medio de personas. Y han decidido extremar la seguridad: este año habrá desplegados por las calles el doble de agentes que el pasado año, 3.726 agentes entre los que habrá especialistas del grupo de delitos de odio. Porque no es solo una sensación.

Los delitos de odio crecen y el Ministerio del Interior no oculta su “preocupación”: el último informe refleja casi un 70% de aumento entre 2019 y 2021. De las 1.724 denuncias relacionadas con delitos de odio registradas por las fuerzas policiales en 2021, casi un 6% más que en 2019, las que respondían a motivos racistas o xenófobos fueron las más numerosas, 639, y justo después estaban las 466 relacionadas con la orientación sexual o identidad de género, las que más subieron. En aquel momento, el ministro Fernando Grande-Marlaska ligó ese ascenso al clima político que vive España, recrudecido por el discurso de la ultraderecha.

Y hay quien tiene miedo, como Inés Sierra, a que esas cifras y ese discurso “vayan a más, se extiendan”. Ella nunca ha vivido “dentro de ningún armario”, hace poco que cumplió los 22: “Me he llevado insultos y algún que otro empujón en el instituto y alguna vez en la calle, sé que no es nada comparado con la historia de este colectivo, pero si no ha ido a más es porque por donde yo me he movido siempre es un entorno en el que yo soy Inés y ya, y siempre que ha pasado algo con algún imbécil ha habido 10 que le han plantado cara. Los que se metían conmigo eran minoría, pero cada vez son más, ¿qué pasa si siguen siendo cada vez más?”.

Esos, dice Cristian González, son quienes “se ven apoyados” por la ultraderecha en su discurso de odio. A sus 38 años, este hombre bisexual casado con un hombre cuenta hasta cuatro ocasiones en las que él ha sido víctima de insultos: “Pero ante su violencia, firmeza. Y ni un paso atrás. Si alguien se siente amenazado en algún momento, lo que tiene que hacer es alzar la voz”.

“Ni un paso atrás” es quizás el lema que con más fuerza se ha repetido durante las últimas semanas, mientras el colectivo se preparaba para el Orgullo y ayuntamientos y autonomías de toda España configuraban sus nuevos gobiernos. Son muchas las personas en el colectivo que creen que las advertencias de recorte de derechos son solo palabras. “Lo que está vendiendo la ultraderecha es pura propaganda, porque tanto ellos como nosotros sabemos que en España no se le va a quitar ni un solo derecho a ni un solo ciudadano”, dice González. Pero ya, en decenas de esas administraciones, los pactos entre el PP y Vox han ido dejando un reguero de decisiones que no son solo simbólicas.

La primera medida que se tomó esta semana en el Parlamento balear con su nuevo presidente —Gabriel Le Senne, de Vox— fue no colgar la bandera arcoíris durante estos días del Orgullo. Tampoco la ha puesto el Ayuntamiento de Toledo, con el PP y Vox gobernando tras el 28-M, después de siete años haciéndolo. Ni Torrijos, un pueblo a 28 kilómetros de la capital castellanomanchega. En Castilla y León, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, también de la ultraderecha, no solo evitó ponerla en la fachada de la Cámara autónoma, sino que amenazó al PSOE para que retirara la suya, que colgaba de la ventana de sus oficinas en la Asamblea. En Ciudad Real, Valladolid, Burgos, Valencia, Guadalajara, Elche (Alicante), Gijón (Asturias) Ponferrada (León), Molina de Segura (Murcia), Bormujos (Sevilla) o Náquera (Valencia) no habrá banderas este año.

“Al quitar esas banderas, se está diciendo a ese colectivo LGTBI que este lugar no es seguro. Porque si lo quitan es por algo, ponerlo significa un compromiso. Quitarlo, ¿qué significa?”, preguntaba de forma retórica el pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en El Hormiguero. Uge Sangil, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), añade que “no es solo la retirada de banderas”.

Habla del choque entre “lo dicho y lo hecho” que quedó reflejado el 28-J, el Día Internacional del Orgullo; el Partido Popular publicó un vídeo en sus redes de apoyo al colectivo, iluminó la fachada de Génova con los colores del arcoíris y con ellos rodearon la foto de su perfil oficial en redes. Ese mismo día, el BOE publicó el recurso ante el Tribunal Constitucional que los populares, y Vox, habían presentado contra la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y Para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI.

Un “pulso” a los derechos del colectivo

“Eso sí que es un pulso a nuestros derechos. Ese vídeo y el discurso de la derecha son pinkwashing [lavado de cara a costa del colectivo LGTBI+] usado en nuestro día, el de la rebelión, de la resiliencia, de las conquistas. Sabemos qué habla y quién hace. Y ha sido este gobierno de coalición el que ha aprobado los derechos para el colectivo, lo demás es un disfraz”, afirma Sangil. En territorios como Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso gobierna con mayoría absoluta, o en aquellos ayuntamientos y autonomías donde Vox y PP ya han firmado sus pactos, el único contrapeso “será el movimiento social, la ciudadanía”.

En Madrid, Ayuso ya ha anunciado que la modificación de la ley trans autonómica, que pidió Vox, ya está redactada y entrará en vigor antes de que acabe este año. “Y quiere volver a patologizar a las personas trans”, apunta la presidenta de FELGTB+. Y en decenas de consistorios, esos pactos ya han provocado la supresión de las concejalías de Igualdad. Ha ocurrido en Burgos, Valladolid, Toledo, Talavera de la Reina, Huelva y Orihuela, y se han creado en su lugar departamentos de Familia —”de Familia, no de familias, de la familia única que ellos entienden, padre, madre, hijos”, matiza Sangil—. En otros dos, los de Ciudad Real y Elche, Igualdad ha sido diluida en otras áreas.

Es el embate al feminismo, a la diversidad, que lleva esparciendo la ultraderecha desde que entró por primera vez a una institución, en 2018, en Andalucía. Acompañada siempre de la negación de la desigualdad, de la violencia machista. En lugares como Nàquera (Valencia), los intentos por ocultar la violencia de género y al colectivo LGTBIQ+ han pasado por acuerdos para que las concentraciones después de un feminicidio dejen de ser contra la violencia machista y se condene solo “la violencia” o “toda violencia”, y para retirar las banderas arcoíris de las dependencias municipales.

Las dianas se repiten: las mujeres, el colectivo LGTBI, las personas migrantes. Todo estaba en la lona que Vox colgó en la calle de Alcalá, en Madrid. Tuvo que retirarla el martes ante el ultimátum de la Junta Electoral por ser propaganda electoral, prohibida hasta que comience la campaña para el 23-J. Bajo el lema “Decide lo que importa”, una mano tiraba a una papelera los símbolos del feminismo, de la Agenda 2030 y la bandera arcoíris.

“Negar la realidad LGTBI es negar España. Y España ea un país mejor que cierra los armarios y abre las puertas del BOE a las vidas trans”, decía el pasado martes Irene Montero, la ministra de Igualdad, durante la entrega de los reconocimientos Arcoíris, los premios institucionales del Gobierno que el Ministerio entregó el 27 de junio a personas destacadas en la visibilización, apoyo y defensa de los derechos de las personas LGTBI. Entre ellos, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero: “La discriminación de miles de años es lo que no nos puede hacer sentir orgullosos de nuestra historia. Una democracia se reconoce a sí misma por cuántas discriminaciones es capaz de abolir y cuántos derechos instaurar. Y el derecho la mayoría lo utiliza para hacer de guardianes de la inercia, y sin embargo el derecho, como la política, ha de ser el canal para las reformas y los cambios”.

El jueves por la noche, Isabel se da la vuelta para besar a Clara mientras el Metro de Madrid frena en La Latina con un tirón que hace que se le caiga el abanico de cartón con la bandera arcoíris que lleva en la mano. Ambas están a unos meses de cumplir los 30, se van la semana que viene de viaje y han pedido el voto por correo. “Nunca pensé que tendría tanto interés en votar. Ni siquiera tanto por votar a quien quiero votar, sino por votar en contra de los que no quiero”. Se bajan dos paradas después mientras a alguien que está pasando vídeos en TikTok le salta el de Santiago Abascal, el líder de Vox, en La hora de la 1 de TVE del pasado miércoles, el 28-J. Marc Sala, el presentador, le pregunta si tiene pensado celebrar el Orgullo de alguna manera. Y él contesta: “No lo tenía previsto. Entre otras cosas, supongo que porque soy heterosexual”.