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El doble desamparo de los hijos de asesinadas por violencia machista: “Las trabas económicas y burocráticas te impiden hacer el duelo”

La Fundación Mujeres y el Fondo de Becas reclaman que las ayudas a los huérfanos se amplíen de los 18 a los 26 años

Infancias frente a la violencia de género
Una niña, en una foto de archivo.iStockphoto / Getty
Lucía Foraster Garriga

“La esperó en el rellano y la apuñaló, delante de sus niños, que entonces tenían ocho y cinco años, y de nuestra madre”. Así, escueta y directamente, relata Luz Marina Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 53 años) cómo la expareja de su hermana Guacimara, del que se había separado hacía tres años, la mató el 20 de febrero de 2013. “Lo peor fue perderla, pero lo que ha venido luego no ha sido nada fácil. Nada fácil. Las trabas y barreras administrativas, burocráticas y económicas a las que hemos tenido que hacer frente han sido innumerables, e incluso han impedido que pasemos el duelo. Una cosa así destroza a cualquier familia”, lamenta.

En España, desde 2003, cuando comenzó la contabilidad oficial de víctimas de violencia machista, se han producido 1.205 asesinatos. La de menores asesinados por esta violencia, y la de huérfanos, comenzó una década después, en 2013. Desde entonces, han sido 546 las mujeres asesinadas, y hay al menos 399 huérfanos, sin contar los mayores de edad. Pero tras las muestras de condena y los protocolarios minutos de silencio, los niños y las niñas huérfanos y las familias que se hacen cargo de ellos son las víctimas de la violencia de género más olvidadas. En medio del luto, perdidos tras el asesinato, y en un momento emocional y psicológico delicado, viven una realidad invisibilizada en la que no reciben el necesario apoyo de la Administración. “Mi hermana no ha sido la primera ni la última, ¿y nadie ha visto estas cosas? Yo no he hecho nada y tengo que asumir esto, y mientras tanto él comiendo y bebiendo”, se indigna Rodríguez.

Página de Facebook que creó la familia de Guacimara, asesinada por su ex pareja en 2013, para luchar e informar sobre la violencia de género.
Página de Facebook que creó la familia de Guacimara, asesinada por su ex pareja en 2013, para luchar e informar sobre la violencia de género.

Mostrar esta difícil realidad es uno de los objetivos del VII Informe anual del Fondo de Becas Soledad Cazorla (de la Fundación Mujeres), presentado este martes en Madrid. En la presentación, la directora de la Fundación Mujeres y responsable de la Secretaría Técnica del Fondo de Becas, Marisa Soleto, ha exigido, para empezar, que se aumente la concesión de ayudas a los menores huérfanos a causa de la violencia de género y que el “paraguas de protección” se amplíe de los 18 años actuales hasta los 26, “siempre que concurra insuficiencia de ingresos” de estos jóvenes.

La situación de los hijos mayores de edad de las víctimas es también una de las principales preocupaciones de la presidenta de la Federación Mujeres Jóvenes, Ada Santana, que ha resaltado que “los huérfanos continúan siendo víctimas de la violencia de género cuando cumplen la mayoría de edad”, y ha criticado que queden en “situación de desamparo” al no tener acceso a ayudas económicas o asistenciales. Así, Santana ha pedido a las instituciones el desarrollo de políticas emancipatorias para estos menores, la armonización de los recursos existentes en las diferentes regiones, el acompañamiento en su transición a la vida adulta y la mejora en la aplicación de la exención de tasas universitarias y concesión de becas.

El promotor del Fondo de Becas Soledad Cazorla, Joaquín Tagar, ha pedido a los gobiernos autonómicos que vayan a constituirse tras las elecciones del 28 de mayo que tengan estas ideas “en cuenta” y ha reprochado que todavía haya comunidades como Madrid y Andalucía que no tienen un programa específico de ayudas, pese a contar con altas cifras de huérfanos por violencia de género, 35 y 78, respectivamente. Asimismo, el promotor del fondo ha pedido a los jueces “que piensen que un maltratador nunca es un buen padre” y que retiren la patria potestad al padre cuando cometa el asesinato, porque “todavía hay niños en España que tienen que ir a ver al asesino de su madre a la cárcel”, algo que les crea “infinidad de traumas”. La retirada ya está prevista en la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

Concentración frente al Ayuntamiento de Madrid en contra de la violencia machista, en 2019.
Concentración frente al Ayuntamiento de Madrid en contra de la violencia machista, en 2019. Samuel Sánchez

Para la Fundación Mujeres, también es imprescindible “mejorar” el funcionamiento de la aplicación de las políticas públicas y el seguimiento de estos huérfanos. Para ello, Soleto ha resaltado la importancia de añadir nuevos indicadores en las estadísticas de violencia de género, como datos sobre la resolución de tutelas y custodias tras el asesinato de la madre, la situación socioeconómica de la familia, la evolución de los huérfanos (quiénes dejan de ser menores de edad) y qué tipo de ayudas reciben de las comunidades autónomas.

Familia hundida

En la dimensión internacional, Soleto ha apuntado que está “a punto de aprobarse” la directiva europea contra la violencia de género, algo que la Fundación Mujeres “celebra”, aunque subrayan la necesidad de eliminar el artículo 34 del texto, que “viene a decir que el Estado debe garantizar el contacto de los menores con los padres agresores”. Soleto ha reivindicado que ese artículo tiene que desaparecer de la directiva” porque “es un retroceso expreso que dificultará mucho los avances de los Estados”. También, defiende la incorporación de una definición de víctima “que incluya a las víctimas indirectas”. Si bien la actual directiva reconoce a los menores “testigos” como víctimas directas, “nada dice de la familia de las mujeres asesinadas”.

“Siempre digo que el daño causado es como una bomba lapa que se expande y hace que toda la familia sea herida y se hunda. Todos mis hermanos estábamos muy unidos y todo cambió para siempre. No vuelves a ser la misma, debes aprender a vivir con el dolor y la rabia, todo es muy difícil”, confirma Rodríguez, la hermana de Guacimara, asesinada por su expareja en 2013.

“En nuestro caso, el asesino fue condenado a 23 años de prisión y a pagar una indemnización de 300.000 euros para los hijos y de 200.000 para la familia de la víctima. La gente se queda con el mensaje de que con eso la familia queda cubierta, pero no es cierto”. Rodríguez habla de problemas para cancelar la hipoteca y deudas derivadas de los gastos de la comunidad; del daño psicológico y el gasto en terapia, y de abogados, procuradores y notarios.

Desde la puesta en marcha del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto en febrero de 2016, se han concedido un total de 170 ayudas de una cuantía media de 1.805 euros, se ha apoyado la educación y la recuperación de 85 niños, niñas y jóvenes, se ha acompañado a un total de 49 familias, se han resuelto un total de 176 consultas por el servicio de asesoramiento legal y se han invertido 306.802 euros en ayudas.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 52 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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Sobre la firma

Lucía Foraster Garriga
Reportera en Sociedad y Planeta Futuro desde 2021. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Blanquerna - Universitat Ramón Llull y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Cubre temas migratorios, de género, violencia sexual y derechos humanos. Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2022 por la investigación de abusos sexuales en la Iglesia española.

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