Los menores testigos de crímenes machistas, las víctimas más frágiles e invisibles de la violencia de género

El juicio contra el acusado de asesinar a tiros a su exmujer, su exsuegra y su excuñada en Pontevedra, que ha sido condenado a prisión permanente revisable, ha puesto el foco en sus dos hijos menores, únicos supervivientes y testigos de la masacre ocurrida en 2019 en la tranquila aldea de tan solo medio centenar de casas. Los hermanos (de cuatro y siete años) presenciaron cómo su padre, José Luis Abet, de 44 años, asesinó a su madre, que tenía 39 años, cuando esta salía del garaje con ellos en el coche para llevarlos al colegio. Pistola en mano, Abet le cortó el paso y le descerrajó cuatro tiros en la cabeza. Luego, tras disparar a la abuela y la tía de los pequeños, se dirigió a ellos fríamente: “Quedaros ahí hasta que llegue la Guardia Civil”.

Desde 2003, cuando comenzó a computarse la violencia de género, los crímenes han dejado a 391 menores huérfanos. La cifra ha ido creciendo, y en lo que va de año ya son 14 los casos. Sin embargo, la estadística no recoge todavía a los huérfanos menores que han sido testigos de estos crímenes (tampoco a los mayores de edad) cuyas cifras van en aumento. Una condición que supone una doble carga para estos niños cuando son interrogados por la policía y después tienen que revivir su trágica experiencia en los tribunales de justicia, casi siempre en plena terapia para poder sobrellevar un trauma de por vida.

“Los menores han tardado mucho en estar en la estadística oficial y es, sin duda, uno de los indicadores que hay que abordar”, admite Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres y miembro del Observatorio Estatal contra Violencia de Género. “Aunque no somos un organismo oficial, sí estamos sugiriendo que están pendientes de revisar algunos datos estadísticos, entre ellos este, que es muy importante en la protección de los menores cuando lo que pretendemos es que vivan en contextos exentos de violencia”, incide Soleto.

La repercusión que estos casos tienen en los medios de comunicación permite constatar que los crímenes machistas en presencia de menores van en aumento. Los expertos en violencia de género observan cómo en la mayoría de los casos responde a una actuación deliberada por parte de los agresores, por lo que es necesario centrar la atención en la protección psicológica de estos menores ante un proceso judicial, ya que los tribunales no siempre siguen los mismos criterios.

El caso del triple crimen de Valga se celebró a puerta cerrada y las dos víctimas y testigos de los crímenes no declararon en la vista con jurado popular. Así lo acordó el tribunal a propuesta de los familiares de los huérfanos, y en base a los informes de los psicólogos que los tratan de las secuelas. La Fiscalía de Pontevedra consideró que tenía que prevalecer el interés en la protección de los menores y evitar su revictimización, por lo que se admitió como prueba preconstituida la grabación de la declaración que el mayor de los hermanos había hecho sobre los asesinatos ocurridos en cadena la mañana del 16 de septiembre de 2019.

“No se puede interrogar a un niño o niña como lo hacemos con una persona adulta, y menos en situaciones donde estos pequeños son víctimas principales”, señala la psicóloga Ana María Sieiro, colaboradora del Programa de Atención Psicológica para Víctimas de Violencia de Género de la Xunta de Galicia. “Hay un clamor por parte de todas las personas que trabajamos en entornos de la infancia para evitar la adultización de todos estos procedimientos y proteger a los menores de la exposición mediática en situaciones como esta, porque la obligación de la sociedad es poner por encima de cualquier otro derecho el superior del menor”, añade.

Sieiro asegura: “Estamos en un despertar de la protección de todos estos niños y niñas, ya que hasta la Ley de Protección a la Infancia de 2015 no se consideró víctimas a los menores, hijos e hijas de padres que ejercían violencia machista”. La Ley Orgánica 8/2021 ha introducido la prueba preconstituida para que las personas vulnerables, y en especial los menores de 14 años, solamente tengan que declarar una vez cuando han sido testigos de un crimen. “La medida obedece a la necesidad de proteger a los menores de la revictimización que supondría para ellos ser interrogados una y otra vez y, además, en entornos no preparados para la población infantil”, apunta la psicóloga.

“Queda mucho por hacer y el tratamiento judicial del menor ha de hacerse sin que sean utilizados como elementos de chantaje y que se les revictimice”, explica Soleto. “La ley ha mejorado estas cuestiones, pero nos queda ver y evaluar si realmente está funcionando no solo en estos casos, cuando han sido testigos de un asesinato, sino también hay que escucharlos, porque ellos son titulares de derechos y muchas veces no es el bien superior del menor que vean a su padre si no quieren hacerlo”, subraya la directora de la Fundación Mujeres.

La psicóloga insiste en que, “además de la prueba preconstituida, es necesario seguir mejorando en muchas cuestiones, como por ejemplo, y muy importante, escuchar a estos pequeños porque tienen mucho que decir respecto a la violencia machista”. En su opinión, “hay ocasiones en que nos cuesta identificar aquellas conductas que son indicadoras de desprotección y cuando llegamos ya es demasiado tarde. Y nos cuesta tanto a los profesionales como a las propias víctimas, por lo que nos encontramos muchas veces con enormes dificultades para visibilizar ante los agentes de protección estos indicadores y que se tomen las medidas adecuadas”.

Un trauma que deja huella

La ayuda psicológica es imprescindible, “los menores no pueden contar lo que no conocen”, relata Sieiro, “por lo que muchas veces la única manera que tienen de explicarlo es a través de su conducta, o de sus respuestas, incluso somáticas. Por tanto, las profesionales debemos estar preparadas para entender estas respuestas indicadoras de trauma”.

Para Sieiro, “entender que la muerte de tu madre ha sido provocada por tu padre es una de las experiencias más traumatizantes que se puede vivir”. La psicóloga desgrana los factores que agravan esta situación, como presenciar el asesinato, ya que la imagen puede provocar flashbacks muy duraderos. “Pero, incluso, sin que sean testigos del acto en sí, han sido testigos mudos y muchas veces inconscientes de muchísimos momentos de violencia que van dejando huella en un cerebro que se está formando y aprendiendo cómo es el mundo”, señala.

¿Puedo confiar en las personas adultas? ¿Soy importante para alguien? ¿Merezco amor? ¿Cómo se expresa el amor? Son los interrogantes que desencadena un trauma así, analiza Sieiro. “Porque todos los menores necesitan de una persona adulta a la que apegarse y que les proporcione seguridad para sobrevivir. Y aquí se genera algo que es imposible de sobrellevar para muchos de ellos, porque precisamente la persona que me debería dar seguridad es la que me está agrediendo. Y en el caso de algunas madres víctimas de violencia machista, está tan rota y desesperada que no me puede proteger o incluso me daña”, apunta.

La recuperación de estos niños va a depender de muchos factores. “Algunos personales, las capacidades inherentes en ellos, el tiempo que dure la situación de conflicto, así como el tipo de violencia que han estado atravesando durante su desarrollo, y otros que tienen que ver con los cuidados posteriores al trauma”, comenta Sieiro. “Que sean atendidos por profesionales formados y sensibles durante todo el tiempo que lo necesiten, y, a ser posible, que no cambien de terapeutas, ya que una de las principales herramientas de recuperación será primordial para que puedan establecer vínculos seguros y duraderos con personas adultas, además de evitar la reexposición al trauma, de ahí el cuidado en la cobertura mediática y la existencia de la prueba preconstituida”, incide.

También es importante que puedan vincularse de nuevo con las personas que garanticen un cuidado y protección especializados y que estén asesorados por personas expertas en el tratamiento de estos niños. Es importante que todas las personas que trabajan con ellos y con el resto de la familia, tanto de la víctima como del agresor, trabajen coordinadas y con el foco puesto en el bienestar infantil.

Para Soleto, desde 2015 se han mejorado muchos aspectos y subraya la agilización de los trámites para retirar a los agresores la patria potestad de sus hijos. “Antes era un proceso largo que producía circunstancias completamente anómalas y perjudiciales para los hijos”, dice. “Ya no volveremos a ver al menor huérfano que va a visitar a su padre, en prisión preventiva, de la mano de la abuela, en ocasiones la madre del agresor, para tramitar una ayuda”, apunta la jurista.