La Asamblea de Portugal aprueba la ley de la eutanasia por cuarta vez e ignora el veto del presidente

La regulación de la eutanasia en Portugal ha provocado el mayor pulso institucional vivido entre el Parlamento y el jefe del Estado desde que Marcelo Rebelo de Sousa se convirtió en presidente de la República en 2016. De un lado había una mayoría legislativa sustentada en partidos de la izquierda y liberales a favor de aprobar la norma. Del otro, un jefe del Estado que es también especialista en Derecho Constitucional, militante conservador y católico practicante. Rebelo de Sousa recurrió a todas las armas que le proporciona la Constitución para bloquear la aprobación de la legislación. En alguna ocasión fueron vetos directos donde expresaba sus dudas jurídicas. En otras, remitió el texto al Tribunal Constitucional, que en dos ocasiones declaró inconstitucional algunos aspectos y obligó a replantear la redacción de la norma.

Entre idas y venidas, han pasado dos años desde que la ley se votó y se aprobó por primera vez en la Asamblea de la República en enero de 2021, que también han implicado cambios importantes en su redacción. En su última versión se establece que solo se podrá recurrir a la eutanasia en caso de que el paciente esté “físicamente impedido para practicar el suicidio asistido”.

La mañana de este viernes se votó por cuarta vez y salió adelante con 129 votos a favor, 81 en contra y una abstención. La norma recibió luz verde gracias a su mayoría habitual (Partido Socialista, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, siete diputados del centro derecha, Livre y PAN). En contra se pronunciaron la mayoría de los diputados del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), el ultraderechista Chega, el Partido Comunista Portugués (PCP) y cuatro parlamentarios socialistas. Alma Rivera, del PCP, ha explicado: “El deber es que el Estado ayude a la muerte asistida, pero no anticiparla [...] El PCP siempre rechazó encarar este debate como una guerra de religiones contra ateísmos o de izquierda contra derecha. Lo que se cuestiona es una opción del Estado y no de los individuos”.

A diferencia de los anteriores, los legisladores han decidido ignorar en esta ocasión el veto político del presidente de la República y aprobarla sin cambiar una coma al considerar que ha sido una iniciativa largamente debatida y modificada. Rebelo de Sousa anunció que vetaba el decreto que despenalizaba la eutanasia para que se clarificase el papel de los médicos en el suicidio asistido, pero los diputados han considerado que esos aspectos podrán desarrollarse en el reglamento posterior y que la redacción del texto legislativo, que ya se ha sometido a varias revisiones, es constitucional. “Llegó el momento de que se respete la mayoría de la Asamblea”, señaló la diputada socialista Isabel Moreira. “No es una afrenta al presidente de la República, ya que siempre se han tenido en cuenta sus pareceres con respeto”, apuntó el liberal João Cotrim de Figueiredo.

Una de las voces más críticas fue la de Catarina Martins, coordinadora del Bloco de Esquerda, que consideró “oportunismo político” la propuesta de convocar un referéndum sobre la eutanasia, como propuso el líder del Partido Social Demócrata, Luís Montenegro, meses después de que lo hubiera planteado la extrema derecha. La diputada del PSD, Paula Cardoso, volvió esta mañana a reivindicar esa consulta popular y anunció que un grupo de diputados recurrirán al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre el texto aprobado en la Cámara. El PSD, con todo, mantuvo su decisión de dar libertad de voto a sus parlamentarios, algunos de los cuales están a favor de la regulación de la eutanasia y votaron a favor del decreto. André Ventura, líder del partido de ultraderecha Chega, vaticinó que la norma será derogada cuando haya una mayoría de derechas en la Cámara. “Esta ley es divisiva, fracturante y una aberración jurídica”, afirmó Ventura, que insistió en la convocatoria de un referéndum.

Ahora, tras la votación de este viernes, el presidente de la República está forzado a promulgar el decreto en el plazo de ocho días. La Constitución lusa obliga al jefe del Estado a firmar los textos legales que, tras ser vetados, hayan sido nuevamente votados en el Parlamento y aprobados por mayoría absoluta, como ha ocurrido en la sesión. En declaraciones anteriores, Rebelo de Sousa había anunciado que acataría el mandato constitucional y promulgaría la norma de la eutanasia. Poco después de la votación parlamentaria de este viernes, corroboró sus intenciones: “La Asamblea confirma, el Presidente promulga”.