Portugal: tercer intento para tener una ley de eutanasia

La ley de la eutanasia salió adelante hoy en el Parlamento portugués. Es la tercera vez que la Asamblea de la República da luz verde a la norma que ampara el derecho a una muerte digna para los enfermos que sufren un padecimiento irreversible. No está claro que la tercera sea la última. El rechazo que la legislación suscita en el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que no la promulgó en los dos intentos anteriores, no da garantías de que la eutanasia se despenalice en los próximos meses.

El texto salió adelante con los votos favorables del Partido Socialista (PS), la Iniciativa Liberal, el Bloco de Esquerda y los dos diputados de PAN (Pessoas-Animais-Natureza) y Livre, a los que se sumaron seis parlamentarios del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha). También en las filas socialistas hubo votos que se desmarcaron de la posición mayoritaria y seis diputados votaron contra la regulación. Tanto PS como PSD dieron libertad de voto a sus representantes. En contra de la ley se pronunciaron la mayoría de los diputados del PSD, la ultraderecha de Chega y el Partido Comunista Portugués, que ha votado siempre en contra de la eutanasia. El respaldo mayoritario de la Cámara no despeja las dudas sobre el futuro de la norma, ya que dependerá de la decisión del presidente de la República.

La primera versión de la ley, aprobada en el Parlamento el 29 de enero de 2021, suscitó dudas jurídicas a Rebelo de Sousa, que la remitió al Tribunal Constitucional para que las evaluase. El alto tribunal declaró inconstitucional el texto en marzo de 2021 en un fallo controvertido (siete magistrados contra cinco), que consideraba poco definido el concepto de “lesión definitiva de gravedad extrema”. Sus apreciaciones jurídicas fueron incorporadas al segundo proyecto de ley, que se sometió de nuevo a votación en noviembre de 2021.

A finales de ese mismo mes, el presidente de la República, que tiene la potestad de rechazar leyes aprobadas por los diputados, vetó la norma y reclamó a la Cámara que clarificase “si era exigible o no la existencia de dolencia fatal como requisito para recurrir a la muerte clínicamente asistida”. Esto obligó a los grupos parlamentarios que defienden la eutanasia a realizar una nueva tramitación, que culminó en la votación de hoy. La ley modifica el Código Penal para que la eutanasia deje de estar castigada cuando se trate de una decisión tomada libremente por una persona “en situación de sufrimiento de gran intensidad, con lesión definitiva de gravedad extrema o dolencia grave e incurable”.

En los últimos días se han acelerado las presiones en el sector conservador de la oposición para tratar de bloquear su entrada en vigor. El líder del Partido Social Demócrata, Luís Montenegro, sorprendió con la petición de un referendo sobre la despenalización pocos días antes de la votación final en el pleno, a pesar de que el proyecto llevaba varios meses en tramitación parlamentaria y de que la Cámara ya había rechazado la misma iniciativa cuando fue presentada por Chega en junio de este año. La propuesta para hacer una consulta pública no salió adelante tampoco ahora, ya que el presidente de la Asamblea, Augusto Santos Silva, consideró que era inconstitucional tramitar una iniciativa que ya había sido votada, y rechazada, en junio.

En un artículo publicado en el medio digital El Observador, el anterior primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, pidió a los partidos que rechazan “esta revolución de la organización de la eutanasia” que se comprometiesen a “luchar contra su derogación” en el futuro. También el anterior presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, del PSD, mostró su oposición en una entrevista al considerar que la despenalización de la eutanasia “no respeta el espíritu de la Constitución”.

Marcelo Rebelo de Sousa, que es católico, siempre ha declarado que sus convicciones religiosas no dictarían su posición en la regulación de la eutanasia, pero algunos partidos como el Bloco de Esquerda consideran que el bloqueo nace de su oposición personal a la despenalización de la muerte asistida.