El Tribunal Constitucional portugués frena la tercera versión de la ley de eutanasia por su “intolerable indefinición”

Portugal no se sumará por ahora el reducido club de países que han despenalizado la eutanasia en el mundo. La tercera versión de la ley aprobada por la Asamblea de la República ha vuelto a chocar contra la interpretación jurídica del texto y las reticencias del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que derivó la norma al Tribunal Constitucional para consultas. La resolución del alto tribunal, conocida a última hora del lunes, declara inconstitucional algunos aspectos de la ley como su ámbito de aplicación, al considerar que el concepto de gran sufrimiento es de una “intolerable indefinición”.

El texto define el sufrimiento de gran intensidad, necesario para tener derecho a solicitar la muerte asistida, como “el sufrimiento físico, psicológico y espiritual, derivado de una enfermedad grave e incurable o de una lesión definitiva de extrema gravedad, con gran intensidad, persistente, continuado o permanente y considerado intolerable por la propia persona”. Esta redacción recibió el rechazo del Tribunal Constitucional por considerar que se abre a interpretaciones antagónicas y no deja claro si se exigirá al enfermo que padezca a un tiempo sufrimiento físico, psicológico y espiritual o si bastará con uno de ellos. “El Parlamento debe clarificar si la exigencia es acumulativa o alternativa”, plantean los jueces.

La resolución causó, sin embargo, una abierta división en el Tribunal Constitucional, con siete votos en contra de la ley y seis a favor. Es la segunda vez que el alto tribunal declara inconstitucional la regulación de la eutanasia aprobada por los diputados portugueses, ya que también en marzo de 2021 consideró inconstitucionales algunos conceptos como “lesión definitiva de gravedad extrema”. En aquella ocasión hubo siete jueces en contra y cinco a favor. Este aspecto ha sido corregido en el último texto aprobado y ya no ha generado los reparos de los jueces.

La Asamblea de la República ha revisado en tres ocasiones el texto y en ninguna de las tres ha logrado sortear todas las dudas jurídicas del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que ha recurrido en dos ocasiones a consultas al Constitucional. Además, en noviembre de 2021 Rebelo de Sousa, que tiene la potestad de rechazar leyes aprobadas por los diputados, vetó la norma y reclamó a la Cámara que clarificase “si era exigible o no la existencia de dolencia fatal como requisito para recurrir a la muerte clínicamente asistida”. Resueltas las lagunas jurídicas planteadas en decretos anteriores, el último texto aprobado incorpora una nueva incertidumbre para los jueces a propósito de la definición del concepto de sufrimiento extremo que da derecho a solicitar la eutanasia. La ley será devuelta a la Asamblea de la República por el Jefe del Estado para que la sometan a su cuarta revisión.

El respaldo político a la norma se ha mantenido casi invariable en sus sucesivas votaciones. El último texto fue aprobado con votos de la izquierda, a excepción del Partido Comunista, que siempre se ha opuesto a la regulación de la eutanasia, y con algunos votos particulares de diputados del centro derecha, así como los de Iniciativa Liberal. Tanto el Partido Socialista, que tiene mayoría absoluta, como el Partido Social Demócrata (PSD, centro derecha), principal fuerza de la oposición, dan libertad de voto a sus parlamentarios en esta norma. En ambas formaciones se registra una pequeña minoría de diputados que votan en contra de la posición mayoritaria de sus grupos.

El líder de la oposición y presidente del PSD, Luís Montenegro, aprovechó el fallo del Constitucional para solicitar la convocatoria de un referendo sobre la eutanasia y anunció que volverán a tramitarlo en la Asamblea de la República. “La discusión de la eutanasia debe salir de las cuatro paredes del Parlamento y ser objeto de un referendo”, tuiteó. Notables figuras del PSD, entre ellos antiguos primeros ministros como Pedro Passos Coelho y Aníbal Cavaco Silva, han roto la discreción política que mantienen desde que se retiraron para hacer campaña en contra de la regulación de la muerte clínicamente asistida.

La diputada socialista Isabel Moreira, que defendió el texto en la Asamblea de la República, expresó cierto “alivio” ante la resolución del Constitucional, ya que limita su alcance a una cuestión semántica. “Aquí estaremos para disipar cualquier duda, creo que se dan las condiciones para que la norma salga adelante una vez resuelta la última duda del tribunal”, manifestó al diario Público.