El padre de una víctima de abusos de un cura: “¿Cuántas veces tenemos que explicar esto antes de que ustedes hagan algo?”

El Parlamento catalán ha acogido este martes el inicio de la primera comisión de investigación parlamentaria celebrada en España sobre casos de pederastia en la Iglesia católica. Las primeras voces en oírse han sido las de algunas de las víctimas. La mayoría de ellas han coincidido en su descripción de los mecanismos de encubrimiento y falta de voluntad de reparación por parte del clero, pero también han apuntado a la falta de acción gubernamental y política. “¿Cuántas veces tenemos que explicar esto antes de que ustedes hagan algo?”, ha espetado a los diputados Manuel Barbero, padre de un menor que sufrió abusos en la Escuela Maristes Sants-Les Corts de Barcelona. Su caso, conocido hace siete años, generó en su día una ola de rechazo y varias mociones en la Cámara. Ninguna se cumplió.

Además de las víctimas, se escuchará en la Cámara a expertos, representantes de la Iglesia católica, de la educación, del ocio educativo y juristas, en total 40 comparecientes que pasarán en los próximos meses por la comisión de investigación. Ciudadanos y Partido Popular han rechazado participar en la sesión de este martes y Vox no ha sido invitado. Aunque en otras Cámaras autonómicas se ha dado voz a afectados, es la primera vez que se recurre a la figura de la comisión de investigación para intentar poner claridad sobre los abusos en la Iglesia. Pese a los intentos de varias formaciones de sacar el foco del clero, la mayoría de las comparecencias apuntan hacia ese mismo colectivo. Aunque sí se ha citado al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, el PSC y Junts sumaron votos hace un mes para vetar que pasara lo propio con otros seis representantes de la Iglesia, como los obispos de Vic y Solsona.

Las víctimas, cuya selección fue votada por los grupos hace un mes, ven necesarios cambios legales para aumentar el tiempo de prescripción tanto en el ámbito civil como penal, que se garantice la atención psicológica pública sostenida en el tiempo y que el Govern aproveche su músculo para exigir responsabilidades, por ejemplo, con la entrega de subvenciones o conciertos educativos. Sin embargo, lamentan que hasta ahora se haya mirado para otro lado. “No pasa nada y no pasará [con los casos de abusos]. Aquí estoy para lo que queráis saber. Me podéis preguntar lo que queráis, pero es que tengo la sensación, con todo el respeto, de que no queréis saber. Solo dos me habéis aguantado la mirada”, ha asegurado otra de las víctimas del centro de los maristas, Josep Roqueta.

El inicio de su intervención, en la que contó lo que vivió en el colegio del que se graduó en 1974, ha sido demoledor: “Soy una víctima del Arnaldo [Farré, sacerdote y profesor]. Soy el que le sacó la confesión de que me había violado, no abusado, más de 50 veces. Quince minutos para intentar saber la verdad es absurdo, pero quedo a vuestra disposición”, ha dicho. El caso del hijo de Barbero, conocido en 2016, tuvo un gran revuelo mediático y terminó con la condena del profesor de gimnasia Joaquim Benítez a 21 años de prisión al aflorar otras tres víctimas. La institución educativa, que había encubierto al maestro, se lanzó a intentar defender su buen nombre y una de las acciones fue una cadena humana que rodeó el colegio. Esas imágenes llenaron de indignación a Roqueta, que decidió entonces hacer público un caso que había llevado en silencio. “Fue el punto de inflexión. No tienen empatía y eso es lo que te hace saltar después de 40 años”, ha asegurado tras confesar que se ha “arruinado pagando psicólogos”

Barbero y Roqueta han descrito cómo los maristas han querido acallar las denuncias sobre abusos y han calificado de “farsa” la investigación interna para aclarar los hechos. Barbero ha asegurado que ha podido recabar información de 23 abusadores (entre religiosos y seglares) y 90 víctimas. “Cinco son pedófilos declarados”, ha añadido. Un modus operandi que también ha denunciado Miguel Hurtado, víctima del monje benedictino Andreu Soler, en la abadía de Montserrat. “Hubo una comisión supuestamente independiente pero que no lo era tanto. Concluyó que hubo 12 casos en 30 años y que, aunque la abadía había tenido conocimiento, nunca hubo denuncia penal y siempre se trasladaba al responsable a otro monasterio”, ha recordado. En diciembre de 2020, los maristas pactaron con 25 víctimas el pago de una indemnización de 400.000 euros.

Pero el varapalo a las entidades católicas vino acompañado también de una crítica directa a la Generalitat y a los partidos políticos. El escritor Alejandro Palomas, víctima de abusos en un colegio de La Salle, ha denunciado una “voluntad política para tocar a la Iglesia”. “Desde ERC y Junts se sigue acudiendo regularmente a la abadía de Montserrat para actos solemnes. La exconsejera de Justicia Lourdes Ciuró alabó por sus buenas prácticas a una institución que no solo va a encubrir los casos, sino que además recibe un millón de euros en subvenciones, pero se sigue negando a reparar a las víctimas”, ha lamentado Hurtado. Los afectados por el caso Maristas han criticado que el Govern, pese a las peticiones de los grupos parlamentarios, no haya retirado el concierto educativo a esa entidad. “Han salido indemnes”, ha lamentado Roqueta. Otra de las comparecientes, Aurora Martín, ha lamentado la falta de apoyo psicológico público tanto para las víctimas como para los reos.

Hurtado, cuyo caso publicó este diario en 2019, ha insistido en su propuesta de un cambio legal que permita aumentar en 10 años los tiempos de prescripción de los delitos de abuso sexual contra menores para así armonizarlo con los países del norte de Europa. La víctima ha afeado a los partidos que no utilizaran la modificación de la ley del solo sí es sí para hacer esa reforma: ERC y Junts estaban a favor, mientras que el PSC y los comunes, en contra. También ve necesario que se cree un baremo específico respecto a cuáles deberían ser las reparaciones económicas a las víctimas, pues el actual es compartido con el delito de tráfico. “No hay competencias en derecho penal, pero sí en derecho civil”, les ha recordado a los diputados.