El reconocimiento de bebés fuera del matrimonio se abre paso en una China inmersa en una grave crisis demográfica

La grave crisis demográfica que atraviesa China ha colocado a las autoridades en una encrucijada: o tomar decisiones que puedan revertir el curso de los acontecimientos o aferrarse a un modus operandi que en el contexto actual está menos justificado que nunca. Aunque el Gobierno central lleva varios años anunciando políticas preferenciales para animar a la población a tener más hijos, paradójicamente, no todas las mujeres que dan a luz cumplen con los parámetros establecidos formalmente. Hasta la fecha, de entre las 31 provincias y regiones del país, solamente dos tienen estipulado de manera inequívoca que todas las madres, independientemente de su estado civil, pueden registrar a sus hijos. Sichuan, hogar de casi 84 millones de habitantes, se sumó a esa lista esta semana, acabando con la implementación de una normativa que no reconocía en su totalidad a los ojos de la ley a aquellos recién nacidos fuera de un núcleo familiar donde un hombre y una mujer hayan contraído matrimonio.

Sichuan, ubicada en el suroeste de China, permite desde este miércoles a todos sus residentes registrar cuantos hijos tengan, y simplificará los trámites burocráticos para hacerlo. La nueva norma, que estará en vigor durante cinco años, otorga un carácter más inclusivo a la existente desde 2019, bajo la cual solamente las parejas casadas podían registrar hasta dos retoños. El objetivo, según lee el comunicado de la Comisión de Salud sichuanesa, es “promover un desarrollo demográfico equilibrado y a largo plazo”. Sichuan es la quinta provincia más poblada del gigante asiático y la séptima más envejecida. Según los datos más recientes, el 21% de sus habitantes son mayores de 60 años.

La legislación china no prohíbe explícitamente las familias monoparentales, sin embargo, las políticas estatales establecen que la planificación familiar es un deber “de maridos y esposas juntos” (el matrimonio homosexual no está aprobado). Bajo ese paraguas, los gobiernos locales redactan sus propios textos, los cuales, a menudo, reflejan estigmas sociales. Las normas hacia los hijos “no planificados” (entre los que se incluyen los de padres no casados o los nacidos más allá del límite por pareja permitido) suelen ser severas y, con frecuencia, los progenitores de esos bebés enfrentan multas y discriminaciones. Han trascendido muchos casos de mujeres solteras embarazadas a las que se les ha negado el acceso a la sanidad pública y a un seguro médico que cubra la baja de maternidad, y suelen no contar con respaldo legal si su empleador las despide por estar encintas. La revista digital china Sixth Tone cita una encuesta realizada en 2017 a 250.000 mujeres de entre 15 y 60 años en la que el 20% de las participantes aseguró haberse quedado embarazada sin estar casada en, al menos, una ocasión.

La flexibilización aprobada en Sichuan es especialmente significativa porque, en China, el registro de nacimiento suele ser necesario para solicitar acceso a servicios públicos y para obtener el registro de residencia, conocido como hukou, que concede a los niños derecho a prestaciones sociales, como sanidad y educación. Las provincias de Cantón (sur) y Shaanxi (noroeste) eliminaron el prerrequisito de estar casado en 2022. Anhui (centro) también se está planteando adoptar una política similar, según la prensa local.

Las reacciones a la noticia en redes han sido de lo más variopintas, desde los que consideran que se trata de un parche que no aborda la preocupación real sobre los costes de la vida, a los que especulan sobre el impacto que tendrá en las relaciones extramatrimoniales y si promoverá la subrogación ilegal. En medio del acalorado debate, un funcionario sanitario de Sichuan declaró que las nuevas provisiones “no pretenden fomentar los partos antes del matrimonio, sino garantizar que las personas solteras puedan disfrutar de los servicios disponibles de atención materno infantil”.

“Persisten muchos tabúes y prejuicios sobre las madres solteras. No veo que haya un cambio en la mentalidad de la sociedad y, por tanto, tampoco creo que se vayan a producir avances drásticos en el discurso oficial”, comentaba el mes pasado en una entrevista para este periódico la demógrafa Peng Xiujiang, investigadora sénior en el Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Victoria (Australia).

La nueva disposición en Sichuan se implanta apenas un mes después de que China anunciase un desplome histórico en la tasa de natalidad y su primera contracción poblacional en las últimas seis décadas, un giro que, según los expertos, podría marcar el inicio de un periodo de declive para la segunda potencia económica mundial. De hecho, las estimaciones más recientes predicen que el gigante asiático cederá este año el primer puesto como la nación más poblada del planeta a India.

Tina Jiang (nombre ficticio), de 30 años, cuenta por teléfono que cree que el paso dado en Sichuan es un arma de doble filo: por un lado, “es bueno que las mujeres no tengan que estar ligadas a un matrimonio para tener hijos”, pero, por otro, “nos añade presión”; teme que se pueda instrumentalizar para “tratarnos como máquinas de hacer bebés”. Cada vez son más las jóvenes que rechazan el matrimonio y la maternidad, por diversos motivos. En el caso de Jiang, que estudió en el extranjero, porque prioriza su carrera y “felicidad personal”. También menciona los elevadísimos costes de la vida y la reducción de ingresos durante los tres años de lucha contra la covid-19. Las cifras oficiales reflejan esa tendencia: una encuesta de 2021 de la Comisión Nacional de Salud muestra que las mujeres en edad fértil tienen “poca voluntad” por tener hijos, y en 2022 la tasa de fecundidad del país (el número promedio de hijos que nacerían por mujer) fue de 1,3, muy por debajo del 2,1 que hace falta para que la población se mantenga estable.

El proceso demográfico a la baja de China es fruto, en gran medida, de la política del hijo único que rigió entre 1980 y 2015 para frenar el crecimiento excesivo de la población. Durante décadas, aquella estrategia estatal obligó a muchas mujeres a adoptar decisiones drásticas y traumáticas, como a abortar de manera forzosa o someterse a métodos de esterilización, debido a la presión social y a la imposibilidad de pagar las sanciones. La obsesión en aquellos años de priorizar el nacimiento de un varón ha provocado, además, una enorme brecha de género entre la población en edad reproductiva.

Pero, incluso ante las presiones demográficas, el Partido Comunista chino muestra reticencias a renunciar por completo al control sobre la planificación familiar. El Gobierno promueve desde 2021 políticas preferenciales de acceso a la vivienda, mayor flexibilidad laboral o ayudas fiscales y a la educación con el objetivo de “crear un entorno favorable al matrimonio y la fertilidad” y animar a las parejas casadas a tener hasta tres hijos. No obstante, ese mismo año la Comisión Nacional de Salud rechazó una propuesta de abrir la congelación de óvulos a las mujeres solteras, alegando “problemas éticos y de salud”, pese a que los hombres no tienen ningún tipo de restricción a la hora de someterse a procesos de fertilidad. También en 2021, el Consejo de Estado –el Ejecutivo– se marcó la meta de reducir el número de interrupciones del embarazo que no se deban a una “necesidad médica”. Algunas voces críticas, como la activista feminista Lü Pin, denuncian que Pekín continúa usando a las mujeres como “una herramienta para alcanzar los objetivos nacionales” y “devolverlas a los roles de género” dentro de un sistema que solo entiende por “familia” a aquella formada por parejas heterosexuales.