Los excarcelados por la ‘ley del solo sí es sí’ han salido de media unos 11 meses antes de lo previsto

A Luis Fernando lo sentenció un juzgado madrileño en mayo de 2014 por una violación con agravante de parentesco: nueve años de prisión. Por ese mismo delito y a esa misma pena condenó un tribunal alicantino a otro hombre en diciembre de 2013. Un mes después, en Córdoba, el fallo contra Salvador fue fijado en cuatro años, tres por una agresión sexual y otro más por un delito de lesiones en el que era reincidente. Iban a estar en la cárcel hasta el 11 de junio de 2024, el 17 de octubre de 2024 y el 11 de abril de este año, respectivamente. Pero todos han salido ya de prisión.

Ellos son tres de los 42 agresores que han recuperado la libertad antes de lo que marcaron las sentencias por las que fueron condenados tras la revisión llevada a cabo con la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Suponen alrededor del 1% de los más de 3.900 presos condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales como principal infracción.

Según los datos recabados por EL PAÍS a través de los tribunales superiores de Justicia (TSJ) y el Consejo General del Poder Judicial, actualizados a 10 de febrero, ha habido 489 reducciones de 1.479 sentencias revisadas (el 27%) y 46 resoluciones que ordenan la puesta inmediata en libertad. En cuatro de estos últimos casos los agresores no han salido de la cárcel porque tienen causas pendientes por otros delitos. Uno es un preso de Murcia, otro de Castilla y León y otros dos se encuentran en centros penitenciarios de Madrid.

Este periódico ha tenido acceso a 30 de las 46 sentencias que han conllevado excarcelación. El análisis no es completo porque los TSJ no cuentan con algunas de las resoluciones que corresponden a su territorio, donde constan los datos de reducción de condena. En los 30 casos que sí se pueden analizar, el valor mediano (el que ocupa el lugar central de todos los datos) de las rebajas es de 11,4 meses, según ha calculado EL PAÍS a partir de la diferencia entre la fecha de entrada y la de salida de prisión. En total, 14 presos han sido puestos en libertad entre un año y tres y medio antes de lo estipulado; y 15, menos de un año antes. El preso más beneficiado, hasta ahora, está en Rumanía, donde cumple condena desde 2019 por una agresión sexual con uso de armas. La disminución de tres años y cinco meses que dictó la Audiencia Provincial de Segovia no le hará salir de la cárcel de momento, ya que sigue cumpliendo penas por otros delitos.

Los datos reflejan la heterogeneidad de la situación: son resoluciones que corresponden a agresiones cometidas hace más de 20 años o hace tres; con condenas de 2006, 2011 o 2021; en cualquier parte de España; con bajadas que van desde los seis meses hasta los cinco años y medio; y con un tiempo de estancia en la cárcel ya cumplido dispar.

En todas las autonomías excepto en Navarra y La Rioja ha habido excarcelaciones. Madrid y Andalucía (en la que se incluyen Ceuta y Melilla), son las que más contabilizan, ocho cada una, pero también son dos de los territorios con más población y con más número de delitos sexuales registrados al año —un tercio de los 3.881 que se cometieron en 2021, según el INE—. Tras esas dos comunidades, Castilla y León tiene en su estadística hasta ahora seis excarcelados y País Vasco, cinco; Comunidad Valenciana cuatro; tres Islas Baleares; dos constan en Galicia, Cantabria y Asturias; y una en Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Islas Canarias y Extremadura.

“No entiendo cómo ha podido pasar”

Detrás de la alarma, el ruido y la batalla política que están generando esas cifras, hay algo que en la mayoría de ocasiones queda en segundo plano ,aunque es la cuestión de mayor alcance y la que puede dejar una mayor cicatriz: cómo está afectando a las víctimas de esos delitos. Al teléfono, una de ellas, que ha visto cómo le reducían en más de un año la condena al hombre que la violó aunque no ha supuesto su excarcelación, explica cómo se siente. Ha elegido llamarse Silvia para este reportaje. “A mí las peleas políticas me dan igual. Entiendo lo de las revisiones, lo que no entiendo es cómo ha podido pasar”, explica. “Cuando los oigo o veo por la tele [a los distintos dirigentes políticos], dicen que lo que más importa son las víctimas, pero pasar, ha pasado[las rebajas]. Y choca y sientes que lo que estaba hecho para protegerte, de alguna manera te ataca, aunque no sea directamente”, reflexiona.

Silvia explica también que entiende “perfectamente” los “derechos de los delincuentes”, que su “caso fue hace tiempo” y que ella consiguió que aquello dejara de “definir” su vida, pero que “el dolor vuelve de alguna forma” con la prensa y las radios y las teles “hablando de esto todo el día” y piensa “en todas las que todavía no hayan salido del primer agujero en el que te mete” una agresión o las que, por ejemplo, “conocían mucho” a su agresor. Ella lo conocía de vista.

La última Macroencuesta de violencia contra la mujer, de 2019, estimó que más de 1,8 millones de mujeres de 16 años o más en España habían sufrido esa violencia por parte de alguna pareja o expareja a lo largo de su vida. Fuera de ese ámbito, calculó más de 1,3 millones; en el 21,6% de los casos el agresor fue un familiar y en el 49% un amigo o conocido. Es decir, que en 7 de cada 10 casos agresor y víctima tenían un vínculo previo. “Con un matiz importante”, anota Antonio Andrés Pueyo, catedrático de Psicología en la Universidad de Barcelona y experto en violencia, “las víctimas denuncian más cuando no conocen a su agresor que cuando sí”, por lo que esos números sean probablemente más elevados. Según los datos del Ministerio de Igualdad, el 92% de las víctimas de estos delitos nunca denuncian.

Cuenta Pueyo que los casos que más trascienden, los más conocidos, son esos en los que un desconocido ataca de forma “terrorífica” a una mujer joven, pero “si dentro de una familia el hermano mayor o el tío están agrediendo a una prima o a una sobrina, que lo sepan las autoridades es más difícil, y en la pareja queda en infinidad de ocasiones como un secreto”. La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la percepción social de la violencia sexual en España, del pasado miércoles, determinó que el 20% de españoles cree que obligar a la pareja a tener sexo no debe ser castigado por ley.

La reincidencia: entre un 7% y un 10%

Aunque en el imaginario social está “la idea del agresor sexual más grave, un predador sistemático, la gran mayoría no corresponden a ese perfil”, explica Pueyo. “Cuando estudias la reincidencia global de los agresores sexuales es la más baja de todos los delitos y es la más lenta en repetirse”, añade. Esa repetición del delito, en general, “tiene una tasa de entre el 30% y el 40%, mientras que en los sexuales está tres veces por debajo, en una horquilla del 7% al 10%”, por esa razón que apuntaba antes: la oportunidad.

El experto no cree que estas excarcelaciones concretas, por la revisión de condenas, vayan “a afectar en nada a las cifras de reincidencia ni al comportamiento de los agresores”. Los jueces, asegura, “tienen mucha capacidad discrecional para analizar cada caso, aunque puede haber perfiles de mucho riesgo, como el violador de Lleida”. Pueyo se refiere a Daniel Padial, de 37 años, que salió de prisión el pasado 23 de enero, seis meses antes de cumplir los 15 años a los que fue condenado. La alarma se extendió por la ciudad catalana. Había cometido 17 agresiones. “Quizás en él el porcentaje de reincidencia suba al 25% o al 30%”, dice Pueyo, “pero lo más común es que [los excarcelados] sean de bajo riesgo. En cualquier caso, seis meses antes o un año no es relevante en términos generales”, afirma el experto. “Lo que sí pesa, y mucho, es la idea social que puede haber de impunidad, pero también es irreal”.

Frente a esa sensación de impunidad que puede haber en la sociedad, y también por las consecuencias que las salidas de los presos podían estar teniendo sobre las víctimas, el Ministerio de Igualdad habilitó el pasado enero la posibilidad de que estas pudieran pedir dispositivos de control telemático para sus agresores, conocidos como pulseras contra el maltrato, que hasta entonces estaban disponibles solo para víctimas de lo que se entiende como violencia de género, es decir, dentro de la pareja o expareja. Aunque se sabe que ha habido peticiones, el ministerio no ha querido en ningún momento decir cuántas.

Violeta García es psicóloga experta en violencia sexual que trabaja a diario con víctimas en la Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente de Cataluña. Cree que todas están seguramente “enfadadas” y que les está afectando “el revuelo político y en los medios”, igual que “les afecta la denominación de víctima una y otra vez”, pero insiste en que la duración de las penas no es lo más importante “para muchísimas de ellas”. Según García, “en la recuperación de una mujer, el punto central no es cuántos años de privación de libertad alcancen los presos. ¿Es injusto y les da rabia que salgan antes? Sí, pero hay otras muchas cosas que las han herido más y que tienen que ver con las instituciones”. ¿Cuáles? “Estar años esperando un juicio, el cuestionamiento de lo que vivieron durante el proceso, las dudas institucionales que recaen sobre ellas… Una mujer me contaba el otro día cómo cada vez que cierra los ojos recuerda al fiscal preguntándole por qué llevaba pantalón corto en noviembre”.

Silvia, esa mujer que sufrió una violación y que ha conseguido que aquella violación no defina su vida es exactamente el retrato de lo que cuenta la psicóloga. Y Silvia lo que quiere es “que tomen ya una decisión sobre cómo arreglar esto”.

Este reportaje tiene información de Juan Navarro, María Fabra, Eva Saiz, Lucía Bohórquez, Amaia Otazu, Virginia Vadillo y Sonia Vizoso.