La ley de bienestar animal queda en el aire por las diferencias de PSOE y Unidas Podemos sobre perros de caza

La ley de bienestar animal, uno de los principales puntos de fricción entre el PSOE y Unidas Podemos, corre el riesgo de no aprobarse por las diferencias irreconciliables que el tratamiento a los perros de caza, rehalas y animales auxiliares suscita en el Gobierno. La ponencia de la comisión de Derechos Sociales se ha suspendido este martes por la falta de entendimiento entre los socios del Ejecutivo, como ya sucedió el lunes, pero sin que se haya fijado una futura fecha para tratar de lograr un acuerdo sobre otra de las leyes que dependen de uno de los ministerios del socio minoritario del Gobierno.

Los socialistas mantienen una línea roja que Unidas Podemos no comparte: que la futura ley, en caso de salir adelante, se aplique “exclusivamente” a los animales de compañía. El compromiso del PSOE es que los canes de caza y otros animales que desempeñan labores específicas (deportivas, pastoreo, tareas de rescate o de seguridad con las Fuerzas Armadas) cuenten “con una legislación propia según lo establecido en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética”, pero Unidas Podemos cree que es una concesión de los socialistas a la Real Federación Española de Caza (RFEC). Fuentes del socio minoritario del Ejecutivo entienden que la situación ha alcanzado tal situación de bloqueo entre los negociadores de los grupos parlamentarios en el Congreso que sería conveniente la intermediación a niveles superiores dentro del Gobierno. Fuentes de la dirección federal del PSOE coordinadas con La Moncloa son tajantes: la ley de bienestar animal no afectará a los animales que realizan actividades cinegéticas u otras labores. Y no harán ninguna concesión en esta cuestión, muy sensible en el mundo rural y que puede ser decisiva en algunas comunidades autónomas donde gobierna el PSOE en las elecciones de mayo.

La enmienda transaccional que el PSOE presentó el lunes, y a la que se sumaron el PP y el PNV, muy similar a la que registró en septiembre, incluía como novedad que se debería cumplir “en todo caso” con la legislación autonómica correspondiente, en lo que consideran un guiño a la propuesta del modelo Page de Unidas Podemos: la ley de Castilla-La Mancha vigente desde 2020 establece que los perros de caza quedasen exentos únicamente de la aplicación sancionadora de la norma mientras practican las labores cinegéticas. El resto del tiempo se les aplicaría la ley como a cualquier otro perro. Pero ni la alternativa que plantea Unidas Podemos convence al PSOE ni viceversa. El mismo Emiliano García-Page es el primero que no se fía y ha recelado de la alternativa que presentó la semana pasada la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra. “Lo más sencillo es que el Gobierno se atuviera a la enmienda que ha planteado el PSOE a nivel federal que de una manera u otra está pactada con el sector cinegético del país y lo resume fácilmente, deja para una regulación distinta todos los aspectos del mundo cinegético. Sería lo razonable y lo que reclama el sector”, observó el barón socialista de Castilla-La Mancha.

Entretanto, la RFEC, la tercera federación con más licencias en España (334.635 en 2020 según el Consejo Superior de Deportes), solo por detrás del fútbol (1.074.567) y del baloncesto (376.352), y con una gran influencia en la mitad de las provincias de España, ha acrecentado la presión sobre el PSOE los últimos días para que el sector cinegético no se viera afectado por la normativa. La organización consideró “inaceptable” y una “manipulación que pretende engañar a la ciudadanía, a todo el arco parlamentario y ridiculizar al PSOE” la propuesta de Unidas Podemos de tomar como referencia el modelo Page sobre perros de caza para desbloquear la ley estatal. Los cazadores instan desde hace meses a la retirada del proyecto legislativo de Derecho de los Animales y la modificación del Código Penal y respaldan la enmienda presentada por el PSOE y la de otros partidos como el PP que en esta cuestión coincide con los socialistas. “Los hechos como los de hoy evidencian lo que la RFEC lleva denunciando desde el inicio de la tramitación del proyecto de una ley ideológica, sin ningún fundamento técnico, científico y jurídico, y que no ha contado con la participación de todos los sectores afectados siendo el proyecto legislativo más rechazado de la historia. Por ello, reiteramos una vez más a Podemos y al Ministerio de Asuntos Sociales que este proyecto de ley debe ser retirado”, ha reaccionado la RFEC mediante un comunicado tras conocer la suspensión de la ponencia.

El presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, ha llegado a advertir a Unidas Podemos que sin la enmienda del PSOE “fruto de su deslealtad, arrastrará a su socio de gobierno a un conflicto de consecuencias imprevisibles a causa de su cerrazón. Aunque parece que eso no les importa con tal de imponer a la sociedad su ideología”. “Los cazadores, desde luego no vamos a dar ni un paso atrás y vamos a seguir exigiendo la retirada de unos proyectos perniciosos, lesivos y perjudiciales para el sector cinegético y todo el mundo rural”, apostilló.

Los cazadores ya hicieron una demostración de fuerza el pasado marzo con una manifestación que congregó en Madrid a decenas de miles de agricultores, ganaderos y cazadores procedentes de toda España (150.000 según la Delegación del Gobierno y más de 400.000 según los organizadores). Cientos de cazadores con carnet del PSOE acudieron a la convocatoria en la capital, para la que las federaciones regionales de caza fletaron 1.185 autobuses, de los que 362 partieron de Andalucía, 143 de Extremadura y 142 de Castilla-La Mancha. Líderes de todo el escalafón del PSOE, desde alcaldes a secretarios provinciales y líderes territoriales, avisaron de la fuga de votos que supondría incluso a Vox. Tras ese primer aviso llegó la catástrofe socialista en las elecciones andaluzas, en las que el PP se disparó hasta la mayoría absoluta por factores como el malestar rural con la redacción de la ley de bienestar animal. Ferraz y los barones del PSOE tomaron nota y han cerrado filas. Hay una razón de peso: los nueve presidentes autonómicos y 2.700 alcaldes del PSOE se juegan la reelección dentro de seis meses. “Nadie entendería que una ley que proviene del Gobierno y que tenía acuerdo en el seno del Gobierno pueda caer en el Parlamento. Confío en que logremos un acuerdo, que podamos proteger a todos los animales, que creo que era el objetivo compartido de este Gobierno”, observó Belarra en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros.