El PSOE y Unidas Podemos siguen sin ponerse de acuerdo con la ley de bienestar animal

La ley de bienestar animal sigue siendo un quebradero de cabeza para los partidos del Gobierno. La ponencia del proyecto de ley ha concluido hoy sin que PSOE y Unidas Podemos acercaran posiciones acerca de la regulación del tratamiento a los perros de caza, rehalas y animales auxiliares, y este martes retomarán las negociaciones en una nueva reunión de la comisión de Derechos Sociales en el Congreso.

El PSOE ha presentado una enmienda transaccional que también firman PP y PNV, muy similar a la que registró en septiembre, en la que insiste en que estos animales cuenten “con una legislación propia, según lo establecido en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética”. La novedad que se añade es que la legislación debería cumplir “en todo caso” con la legislación autonómica correspondiente, según el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. De esta forma, el PSOE pretende convencer a su socio de Ejecutivo, que la semana pasada puso como ejemplo a imitar para romper el bloqueo la ley de Castilla-La Mancha vigente desde 2020. El resto de partidos presentes en la ponencia no la han secundado.

El principal partido del Gobierno antepone la paz con el sector de la caza pese al encontronazo que le supone con Unidas Podemos, de nuevo con una ley que sale de uno de los ministerios del socio minoritario de la coalición. El Ministerio de Derechos Sociales, que dirige la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, planteó la semana pasada una vía intermedia, basada en la ley castellano-manchega, para que estos animales quedasen exentos únicamente mientras practican el ejercicio de la caza. El resto del tiempo se les aplicaría la ley como a cualquier otro perro.

El PSOE registró en septiembre una enmienda para que la ley de bienestar animal se aplicase “exclusivamente” a los animales de compañía. La decisión, la primera con Patxi López como portavoz en el Congreso, se venía rumiando meses ante las alertas que les llegaban de barones socialistas como el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, Javier Lambán (Aragón) o Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) por el malestar de muchos votantes del PSOE aficionados a la caza con la redacción de la ley tal y como pretendía Unidas Podemos. El enfado del sector fue una de las claves de que el PSOE firmase su peor resultado en las elecciones andaluzas, y en Ferraz y La Moncloa no estaban dispuestos a repetirla en un curso electoral en el que los nueve presidentes autonómicos y 2.700 alcaldes del PSOE se juegan la reelección.

El compromiso de los socialistas era desarrollar una legislación específica para los perros de caza, rehalas y animales auxiliares que desempeñan tareas de pastoreo, rescate, deportivas o de seguridad con las Fuerzas Armadas. La enmienda, de la que la Federación de Caza (RFEC) —la tercera con más licencias de España (334.635 en 2020, según el Consejo Superior de Deportes), solo por detrás del fútbol (1.074.567) y del baloncesto (376.352)— fue informada por el PSOE, establecía que “debe deslindarse la normativa de bienestar aplicable a los animales de compañía de aquellos otros tradicionalmente denominados de producción, o vinculados a actividades profesionales”. “De esta forma, la nueva ley se aplicará exclusivamente a los animales de compañía que son mantenidos en el hogar familiar y conviven en él con sus titulares”, especificaba el texto. “La realidad social y funcional del empleo de animales de trabajo, auxiliares o con función social encuentra graves problemas para su sostenibilidad y desarrollo, al englobarse de forma genérica en las normativas de protección de animales de compañía (animales que, según el Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía, ratificado por España el 23 de junio de 2017, serían aquellos que sean tenidos o estén destinados a ser tenidos por el hombre, en particular en su propia vivienda, para que le sirva de esparcimiento y le haga compañía), cuya principal actividad no es la de hacer compañía, ni suelen residir en el hogar”, alegó el PSOE.

Una posición que colisiona de lleno con la de Unidas Podemos, que sostiene que con estas excepciones no se combatiría el maltrato animal, un extremo que los socialistas no comparten. “Todavía no hemos llegado a un acuerdo, pero creemos que hay voluntad de alcanzarlo. La negociación se está dando en buenos términos. La propuesta que hemos hecho al PSOE, la del modelo Page, es totalmente asumible”, afirmó en un receso Lilith Verstrynge, secretaria de Estado para la Agenda 2030 y secretaria de Organización de Podemos. “Lo que no puede darse es que los animales estén desprotegidos, cuando está en el acuerdo de Gobierno que se establezcan normas que protejan a los animales en su conjunto. Por tanto, la ley de bienestar animal vendría a cumplir el acuerdo de Gobierno”, abundó. Los dos socios del Ejecutivo se han dado margen hasta este martes para tratar de encontrar una solución a otra ley que se le está indigestando al Gobierno.