Qué cambia la ley de bienestar animal para los que tienen mascotas: cursos para todos los dueños de perros y esterilización de gatos

Millones de españoles conviven en sus hogares con perros, gatos y otras mascotas —hay 29 millones de animales domésticos, según los fabricantes de piensos— y los consideran parte esencial de su familia. La Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, que se acaba de aprobar este jueves en el Congreso, pretende regular cómo se los trata, y no es de extrañar que un asunto que afecta a tanta gente —casi 10 millones de hogares, según la patronal Anfaac— haya despertado tantas polémicas, de los biólogos a los cazadores y de los animalistas a los veterinarios. Estas son las novedades que incluye la norma y los bulos que se han extendido contra ella:

Curso obligatorio para todos los dueños de perros

El artículo 30 de la ley recoge que “las personas que opten a ser titulares de perros deberán acreditar la realización de un curso de formación para la tenencia de perros con una validez indefinida”. Sergio García Torres, director de Derechos de los Animales, explica que será “una breve formación de adquisición de conocimientos que se hará online, aunque también podrá llevarse a cabo en la consulta del veterinario para quien lo necesite”. Consistirá en ver una serie de diapositivas e infografías, y varios textos de información y después contestar unas sencillas preguntas tipo test, de cara a valorar que se conocen las cuestiones mínimas para la tenencia de un animal de compañía.

Seguro obligatorio para todos los canes

En el mismo artículo se exige “un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros” para cualquier propietario de perros. Es una normativa similar a la que ya existe en algunas comunidades, como Madrid y País Vasco. Según la Red Española de Identificación de Animales de Compañía, en España hay ahora mismo registrados unos 8,5 millones de perros —puede haber más sin registrar—, cuyos propietarios necesitarán una de estas pólizas. José Luis Ramírez, de Caser, señala que “estos seguros se vienen comercializando desde hace mucho tiempo y suelen tener un precio bajo”: las pólizas para perros peligrosos —que ya son obligatorias— oscilan entre 50 y 100 euros al año, y para canes más pequeños podrán ir de 20 a 50, aproximadamente. Además, muchos seguros de hogar ya incluyen este tipo de coberturas.

Prohibido dejar solo a un perro más de 24 horas

El punto 27 castiga “dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos”, un plazo que “no podrá ser superior a las 24 horas para la especie canina”. Según García Torres, “la lógica manda que un perro no puede estar encerrado en un piso cerrado un día entero, porque necesita salir dos veces al día a la calle a hacer sus necesidades. Otra cosa es que vivas en una parcela o en el campo y que el perro pueda entrar y salir”. Laura Moreno, de WWF, señala que se han tenido en cuenta sus alegaciones para flexibilizar las condiciones de los perros pastores que protegen el ganado. Así, el artículo 28 habla de los perros de trabajo, “que no tendrán la consideración de abandonados, debiendo ir provistos de sistemas de localización y posicionamiento geográfico” y contar con “estancias que los protejan de las inclemencias del tiempo”.

Los perros de caza, fuera

El PSOE ha conseguido aprobar su moción para sacar a los perros de caza de la norma, con el apoyo de la derecha y de la Real Federación Española de Caza. Podemos dijo que supondría devaluar la ley, pero al final se ha tenido que mover para sacar adelante la norma. En principio, este cambio supone que queden fuera de la protección todos los canes que realicen algún tipo de actividad: perros policías, del Ejército, de trabajo, de asistencia, perros guía de la ONCE, de caza y pastores, además de la cetrería y el tiro al pichón.

No habrá que esterilizar a todos los perros

La Real Federación Española de Caza, una de las más críticas con la norma, denuncia que la legislación “impide la cría de reposición y obliga a la esterilización [de perros] sin argumentos técnicos o científicos que lo avalen”. No es cierto. El primer borrador sí que hablaba de esta obligación cuando machos y hembras conviven para evitar las camadas accidentales, pero tras las alegaciones, ya no está en el articulado. Sí será obligatoria la esterilización para los perros en adopción desde una entidad de protección animal, como ya ocurre en la mayoría de las comunidades.

Lo que sí se recoge es que quien quiera tener cachorros deberá inscribirse en el Registro de Criadores de Animales de Compañía (art. 27), un registro estatal sencillo y online que se creará tras la norma (quien no lo haga se puede enfrentar a una sanción leve, de 500 a 10.000 euros). Esta medida busca acabar con las altísimas tasas de abandono de mascotas en España: en 2021, las protectoras recogieron a 285.000 perros y gatos, según la Fundación Affinity; el 21% fueron por camadas no deseadas, el 13,4% por el fin de la temporada de caza y el 13% por problemas de comportamiento.

Desaparece la lista de perros peligrosos

La ley deroga el listado de ocho razas de perros potencialmente peligrosos y lo sustituye por una evaluación de sociabilidad para los perros más grandes, que en principio deberían llevar a cabo los veterinarios etólogos (especialistas en comportamiento). Todavía no se sabe a qué perros afectará, pero la idea es que sea a los ejemplares a partir de 10 kilos de peso. Quienes pasen el test podrán manejarse como los demás, mientras que quienes no lo pasen (o prefieran no hacerlo) necesitarán un manejo especial con correa corta y bozal, entre otras cuestiones. Está por ver cómo será el test y cuántos perros deben pasarlo. A falta de concreción, esta idea gusta a los veterinarios y a la Real Sociedad Canina, que de hecho ya tiene una prueba de sociabilidad que han pasado unos 4.000 canes.

Esterilización obligatoria de todos los gatos

El artículo 26 exige “identificar mediante microchip y proceder a la esterilización quirúrgica de todos los gatos antes de los seis meses de edad”. Eso ya ocurre con todos los felinos que proceden de una protectora y algunas comunidades lo han regulado, pero ahora se extiende a todos los ejemplares. Quien no quiera castrar a su animal debe inscribirse en el Registro de Criadores de Animales de Compañía o se puede enfrentar a una sanción leve (de 500 a 10.000 euros). “No es razonable que se obligue a la esterilización de todos los gatos, si lo tienes controlado en casa y no sale no tendrías por qué hacerlo”, critica la diputada Milagros Marcos, del PP. Será el veterinario el encargado de controlar este aspecto.

Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización Colegial Veterinaria, critica que los profesionales no son autoridad sanitaria, por lo que “difícilmente podrán denunciar a los propietarios que no quieran esterilizar a sus gatos, ya que esto no es maltrato”. En cualquier caso, “la mayoría de los gatos domésticos que viven en casas están esterilizados, porque la convivencia con gatos sin castrar es muy complicada por el comportamiento sexual de estos animales”.

El polémico cuidado de las colonias felinas

El artículo 46 y sucesivos apuestan por el método CER (Captura, esterilización y retorno) para gestionar las colonias felinas, a cuyos miembros exige identificar con microchip, una labor de la que deben ocuparse los ayuntamientos. Este punto soliviantó a biólogos y conservacionistas, porque los gatos silvestres suponen un problema para la biodiversidad en algunos entornos. La polémica sirvió para incluir la posibilidad de reubicación: “Capturar a una colonia felina y trasladarla a otro sitio para preservar un espacio natural”. No se contempla matar gatos. Miguel Clavero, de la Estación Biológica de Doñana, critica que esta reubicación se considere una excepción, cuando debería ser la norma: “En un sitio donde hay una colonia felina suele haber un impacto sobre la biodiversidad”. Además, tiene dudas sobre cómo se llevarán a cabo estas reubicaciones.

La norma crea también la figura del cuidador de colonia felina, “aquella persona que atiende a los gatos comunitarios siguiendo un método de gestión” como el CER. “Pero hay una acumulación de gatos, lo que tiene sentido es el control poblacional”, denuncia Milagros Marcos (PP). Sin embargo, ayuntamientos como el de Madrid (PP y CS) ya tienen en marcha esta figura y hasta la acreditan con un carné; en la capital hay 5.000 colonias felinas registradas.

Se podrá seguir teniendo hámsteres y periquitos

Uno de los bulos que se ha escuchado en los últimos días es que con la nueva norma ya no se podrán tener en casa hámsteres, tortugas y periquitos, tal y como ha explicado en varios medios Manuel Fuentes, cetrero y miembro de Vox. La confusión —intencionada o no— viene porque el artículo 42 de la ley avanza que se creará un listado positivo de animales de compañía y se prohibirá la tenencia y venta de los demás. “Esto se hace para limitar los animales que se pueden vender, para que no sigan entrando especies invasoras. Y a partir de ahí podremos trabajar en reducir los que ya están”, dice la Dirección General de Derechos de los Animales.

Ese listado, aun por definir, tendrá que elaborarlo un comité científico en los siguientes meses. “Es fundamental”, dice Matilde Cubillo, presidenta de la Asociación de Protectoras de Madrid (Fapam). “Se vendieron cotorras argentinas y se abandonaron irresponsablemente, y ahora son especie invasora y se las mata de manera legal. Eso es lo que se pretende evitar”. Además de estas aves, se piensa en algunos reptiles y tortugas, y visones americanos, aunque en este caso hay una problemática de escapes de las granjas peleteras, que quedan fuera de la norma. Mientras tanto, las especies no listadas seguirán como hasta ahora; si alguna especie no entra en el listado no serán individuos “ilegales”, sino que se regulará y se prohibirá su cría.

No se prohíbe cuidar canarios, pero sí capturar jilgueros

Otra de las medias verdades sobre la ley es que prohíbe el silvestrismo (la captura y cuidados en cautividad de ciertos pájaros de campo) y tener canarios. Es cierto que el art. 24 de la norma impide “la tenencia, cría y comercio de aves fringílidas capturadas del medio natural”, pero se refiere específicamente a jilgueros, verdecillos y verderones, aves cantoras que viven de manera silvestre. “Esto se hace para cumplir con una directiva de la Unión Europea, y además muchas comunidades ya lo prohíben”, dice el director de Derechos de los Animales. Los canarios que se crían en el ámbito doméstico quedarían, por tanto, fuera de esta limitación.

No se podrá vender gatos, perros ni hurones en las tiendas de animales

La norma (a partir del art. 59) prohíbe vender perros, gatos y hurones en las tiendas de animales, como ya sucede, en parte, en la Comunidad de Madrid. Estos establecimientos sí podrán, en cambio, mostrar mascotas en adopción mediante acuerdos con protectoras. Así, solo podrán venderse allí peces, roedores y pájaros de criadores registrados. Con esta medida se pretende evitar las compras impulsivas, que son las que luego se traducen en abandonos. Las tiendas de animales han criticado duramente esta prohibición. Adolfo Santaolalla, de la patronal Adepac (que aglutina alimentación, distribución y tiendas de mascotas), señala que hay mucho más control de los animales en las tiendas que en los criaderos —la mayoría de los cuales no son profesionales— y dice que si la norma incluye esta limitación faltarán perros de raza. Santaolalla también pide que el listado positivo se limite a los mamíferos (y que solo se puedan vender perros, gatos y roedores), algo mucho más sencillo que hacerlo de todas las especies.

García Torres se defiende: “En Madrid, donde desde 2016 ya no se puede poner animales en el escaparate, cada vez hay más tiendas dedicadas a los animales de compañía, solo que modifican su oferta para ofrecer accesorios y alimentación”. Todos los animales de identificación obligatoria (precisamente perros, gatos y hurones, así como aves anilladas) deberán inscribirse en el Registro de Animales de Compañía, junto a la identidad de sus propietarios, una vez más para luchar contra el abandono.

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