El reto de detectar los perros agresivos cuando desaparezca la lista de razas peligrosas

¿Quién no se ha cruzado de acera al ver acercarse, incluso con bozal y atados con correa reglamentaria, a un pitt bull o un rotweiller? Su fama de perros potencialmente peligrosos, confirmada en un listado oficial junto con otras seis razas (staffordshire bull terrier, american staffodshire terrier, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu y akita inu), les precede. La pregunta es si estos animales se merecen esa calificación o les ha caído un sambenito y la lista debe desaparecer, como propone el borrador del anteproyecto de ley de protección animal presentado el 6 de octubre por el Ministerio de Derechos Sociales.

Los veterinarios y profesionales del sector son tajantes y sostienen que no existe base científica para asociar agresividad con determinadas razas caninas, aunque sí con individuos concretos que pueden pertenecer a cualquier tipo, sea o no de los considerados peligrosos. El problema, apuntan, es que una vez eliminada esa clasificación, el texto del anteproyecto, que se prevé esté aprobado en enero de 2023, no concreta el procedimiento a seguir para determinar qué individuos son conflictivos, ni en qué va a consistir el test de sociabilidad que proponen si se detecta a un perro peligroso ni quien lo va a llevar a cabo. Con la nueva normativa desaparecerá también la licencia, obligatoria en la actualidad, que pide a los propietarios no tener antecedentes penales.

Las modificaciones que propone el anteproyecto son justas para los perros, señala José Miguel Doval, portavoz de la Real Sociedad Canina de España (RSCE), porque “no se puede someter a los animales a medidas tan estrictas por ser de una raza”. En la actualidad, deben llevar bozal y una correa corta y no se les puede soltar nunca fuera de casa, “da igual que seas el pitt bull con mejor carácter del mundo”. Otra cuestión es si “eliminarlas tan de golpe puede resultar problemático, porque detectar si un ejemplar es controlable o sociable no es fácil, y menos aún implementar el sistema para realizarles un test”. Se necesitan personas con formación en comportamiento animal, “y no hay tantos”, dice.

El texto del borrador solo indica que se establecerán “reglamentariamente” las condiciones en que deberán manejarse, “previa la realización de un estudio de sociabilidad”. Los pormenores del nuevo sistema aparecerán en un reglamento que desarrollará la ley, una vez aprobada, en el que ya se está trabajando, asegura Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales.

La identificación de esas razas de perros ―de musculatura fuerte y aspecto poderoso― con agresividad “ha calado como lluvia fina en la sociedad y dejar atrás esa sensación de peligro que transmiten va a costar”, sostiene José Enrique Zaldívar, presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (AVATMA). Tanto es así que les ha llevado a ser los elegidos por dueños que persiguen convertir al ejemplar en violento, y que normalmente esquivan las obligaciones que ya existen.

A este respecto, Nuria Menéndez, directora del Observatorio para la Justicia y Defensa de los Animales, se pregunta de qué forma se va a controlar a esas personas. Porque, “si no cumplen con los requisitos de tenencia responsable, ni los esterilizan, ni los pasean con bozal y correa, ¿cómo van a presentarse para pasar un test de sociabilidad?”. Según los datos que maneja la Dirección General de Bienestar Animal, en España existen unos 150.000 ejemplares de esas razas, cifra que podría subir al doble si se tiene en cuenta a los ejemplares no registrados. Son estimaciones, recalcan.

García Torres sostiene que la normativa no será más laxa y no llevará a un aumento del tráfico ilegal de esas especies. Explica que la licencia que se exige en la actualidad, y que podría entenderse como un mayor control, no tiene sentido, porque es “como una de armas y no sirve de nada solicitar que no se tengan antecedentes penales cuando estos no tienen nada que ver con los perros. En su lugar habrá cursos específicos”. Además, espera que “al simplificarse la tramitación haya más personas que se animen a realizarla”.

En el reglamento de desarrollo de la ley en el que están trabajando se apunta al veterinario como la persona que llevará a cabo una primera evaluación de cualquier perro que pueda ser considerado como problemático por su tamaño (todavía no han determinado cuál será) y “tanto el animal como el dueño tendrán que pasar por un test de sociabilidad”. Si esa prueba no se supera, se podrán realizar unas tareas de socialización y volver a repetir el test al finalizar la formación. Esta opción no es obligatoria, pero si se renuncia a ella, el perro seguirá catalogado como de manejo especial y tendrá unas limitaciones de movilidad, aún sin concretar, pero que apuntan a que deberán llevar bozal y correa corta.

Agresividad multifactorial

“La agresividad es multifactorial y es un error reducirla al componente genético, que influye, pero no tanto como otros”, afirma Tomás Camps, presidente del Grupo de Especialistas en Medicina del Comportamiento Animal (GEMPCA). En el modo de actuar de los canes influye también, e incluso en mayor medida, la forma en la que se trató a la madre, el manejo en las primeras semanas de vida de los cachorros, la educación posterior o si el perro está enfermo, lo que puede provocar una reacción violenta, entre otras causas, añade.

“Por supuesto, no es lo mismo un chihuahua que un pitt bull en cuanto al daño que pueden hacer si son agresivos, pero ¿dónde se pone el límite? Porque un beagel de 10 kilos, por poner un ejemplo, puede ser muy fiero”, plantea Camps. Además, hay perros seleccionados para hacer presa, de ahí su nombre, y cuando muerden no abren la boca y sacuden y hacen más daño que otros, “pero no todos los conflictivos son de presa”, explica para dar una visión de lo complicado que resulta llevar a cabo una evaluación de los canes.

“Nosotros hemos dicho por activa y por pasiva al Gobierno que no debe centrar la ley en los test, sino en la educación de los niños, de los adultos y de los profesionales”, añade. Y, para ello, hay que empezar en los colegios, porque incluso una persona que no quiere tener perro ni lo piensa tener jamás, “tiene que saber cómo reaccionar si un perro le gruñe”. Camps puntualiza que los niños tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de ser mordidos porque no son capaces de identificar las señales de aviso como los gruñidos. Y, además, “exponen la cabeza y el tronco porque abrazan a los perros, mientras que un adulto tiene más expuestas las extremidades inferiores”. Es necesario que esto cambie, porque “es como si no le enseñas que no puede cruzar con un semáforo en rojo”. Y más en un entorno donde el número de mascotas registradas no para de crecer: en España hay 13 millones, el 93% son perros, un 6% gatos (hay muchos más no registrados) y el resto, conejos, sobre todo, según la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC).

Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización Colegial Veterinaria corrobora la importancia de un buen manejo y conocimiento de los perros. “Se trata de un tema muy delicado que siempre va a ocasionar problemas de tipo social y de salud, pero tenemos claro que no sirve señalar a unas razas, porque eso transmite una sensación de falsa seguridad porque parece que todo está bajo control”, explica. Como ejemplo de que no es así recuerda el caso del pastor belga malinois que mató a un niño de cinco años en Lucena (Córdoba) en septiembre. Una raza que no está dentro de la enumeración de los potencialmente peligrosos.

Para incrementar la confusión, las comunidades autónomas y los Ayuntamientos pueden añadir más razas a las contempladas en el real decreto vigente ahora, que desarrolla la ley 50/1999. Hay lugares donde se da la paradoja de propietarios de perros que residen en un municipio donde su mascota es considerada potencialmente peligrosa, mientras que en el de al lado no. Estas razas añadidas suman unas ocho más y entre ellas están el dóberman, el presa canario o el dogo de Burdeos.

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