Podemos acepta seguir adelante con la ley de bienestar animal sin incluir a los perros de caza, como exigía el PSOE

PSOE y Podemos han tensado la cuerda hasta el último minuto respecto a la Ley de protección, derechos y bienestar de los animales, que este jueves se vota en el Congreso. La norma, que incluye medidas como cursos obligatorios para todos los dueños de perros y la esterilización forzosa de los gatos, ha generado una fuerte polémica y varios colectivos han pedido su retirada, desde algunos animalistas (por quedarse corta), a veterinarios, biólogos, juristas y cazadores, que le achacan carencias. El elemento que tiene el potencial de hacer descarrilar el proyecto, convirtiéndose en un nuevo frente para una coalición de gobierno ya desgastada por la polémica de la llamada ley del solo sí es sí, es la inclusión o no de los perros de caza en la norma. El PSOE presentó en septiembre una enmienda para excluirlos (en un guiño al voto rural) y no ha cambiado la posición, que Podemos y los socios de investidura consideraban una línea roja hasta este mismo jueves. Pero tanto Podemos como ERC y Bildu han anunciado en el Congreso que votarán a favor sin incluir a los perros de caza. Aun así, no está claro que tengan los votos para aprobarla. Mientras, la reforma del Código Penal que castigará más el maltrato animal y que también se vota este jueves sí cuenta, en principio, con los apoyos necesarios.

La enmienda de los socialistas, que contó con el apoyo de PP, Ciudadanos, Vox y PNV, excluye de la ley a los perros de caza, de rehalas, perros pastores y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a los animales usados en actividades deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes y a las aves de cetrería. Para los primeros, plantean una regulación específica a través de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, que depende del Ministerio de Agricultura (en manos del PSOE). Sin embargo, PP, PNV y Vox votarán contra la ley, y CS se abstendrá, por lo que sin la mayoría de investidura no salen los números.

“El PSOE ha entendido que los perros de caza y de rehalas deben tener un tratamiento diferente al de un chihuahua que vive en un piso de Madrid”, explica Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), la segunda con más federados del país (337.000), solo por detrás de la de fútbol. “Estos animales no son mascotas, tienen que tener una regulación específica. Además, España es uno de los países más avanzados de Europa en cuanto a protección animal, ya hay 80 normas de todo tipo que la regulan. Las leyes autonómicas superan este mínimo estatal”.

Una posición contraria a la que mantienen las entidades proteccionistas, que piden incluir a estos perros. “La enmienda del PSOE que plantea la segregación de los perros en función de actividades profesionales y de ocio supone un movimiento regresivo en España”, critica la Fundación Franz Weber. La Real Sociedad Canina de España ve graves lagunas en esta exclusión: “Es muy difícil saber qué perros estarían afectados por esta enmienda, porque el 80% de las razas se pueden usar para cazar. No sabemos si se refiere a razas, a perros sujetos a una licencia, o de qué forma lo articularán. Va a suponer un vacío absurdo”, dice José Miguel Doval, su presidente.

De hecho, 52 entidades animalistas pidieron el miércoles retirar la norma si se aprueba esta exclusión. “Se pretende que sea una ley marco de referencia para las comunidades, pero deja fuera muchos tipos de perros, no se prohíben las peleas de gallos, ni se regulan los animales en ferias o en romerías. Así, la norma va a suponer un retroceso”, denuncia Dulce Aguilera, de Damac Juristas, una de las organizaciones firmantes.

Podemos, ERC, Bildu y Más País registraron el miércoles una enmienda transaccional exigiendo a los socialistas retirar esa exclusión y volver al acuerdo anterior. “Todos los perros tienen que ser protegidos por la ley. Estamos a tiempo de que el PSOE rectifique”, apuntó Lilith Verstrynge, portavoz de Podemos. Fuentes del PSOE declinaron comentar ese movimiento: “Seguimos negociando. Nuestra voluntad es que salga la ley”. El director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, ha reiterado en varias ocasiones que la ley debería incluir a todos los perros y ha llegado a amenazar con dimitir si no es así. El miércoles declinó comentar si mantiene su postura.

Otros puntos polémicos

Aunque la aprobación de la ley depende, en principio, de la inclusión de los perros de caza —si bien se podría aprobar para luego enmendarla en el Senado—, no es el único punto polémico de la norma. Eneko Arrondo, biólogo de la Universidad de Granada, fue uno de los impulsores de una carta publicada en EL PAÍS que firmaron más de 800 científicos criticando las carencias del primer borrador de la norma. Algunas se han solucionado y otras se mantienen. “Sobre todo, estamos en contra del método CER (captura, esterilización y retorno) para gestionar las colonias felinas. Los gatos son una amenaza para la biodiversidad, sobre todo para los pequeños reptiles y anfibios, para escarabajos y para muchos pájaros”, señala Arrondo. Aquel redactado se cambió y ahora se admite trasladar a los gatos callejeros cuando supongan un riesgo para la biodiversidad. “Es un cambio insuficiente, sacar a los gatos de la calle debería ser la norma”, se queja el biólogo.

Algo similar ocurre con la ONG conservacionista WWF, que pone peros a la legislación. “Nuestra principal queja es que deja fuera el cierre de las granjas de visón, que tienen un impacto enorme en la biodiversidad, y además es una especie que es vector de la covid-19 y de la gripe aviar”, lamenta Laura Moreno, responsable de especies amenazadas de la entidad ecologista. “Y es una pena que queden fuera los perros de caza, no se entiende”, añade.

Mientras, la Organización Colegial Veterinaria, que aglutina a unos 34.000 profesionales, denuncia que no se han atendido sus reivindicaciones y pide la retirada de la norma “por falta de rigor científico”. “Se prohíbe la eutanasia salvo para evitar el sufrimiento por causas no recuperables, y eso es muy problemático. ¿Qué pasará cuando un perro necesite un tratamiento paliativo y su dueño no pueda pagarlo?”, explican fuentes del colegio. “También tenemos dudas sobre quién va a impartir los cursos para dueños de perros, si vamos a ser los veterinarios o serán personas con menos formación. Y el listado restringido de especies que se podrán tener como mascotas va a generar grandes problemas”, añaden.

Este jueves también se vota la reforma del Código Penal para endurecer las penas por maltrato animal, un punto que en principio cuenta con los votos para aprobarse. La norma actual ya recoge el maltrato a los animales domésticos o que viven bajo control humano; la pena de cárcel por lesiones es de hasta 12 meses, y hasta 18 si se produce la muerte del animal con agravantes (como ensañamiento o en presencia de un menor). Se castiga también la zoofilia y la explotación sexual.

La reforma propone doblar las penas máximas, de manera que el castigo por la muerte de un animal sería de 12 a 24 meses de cárcel (o multa de 18 a 24 meses), y si confluyen dos agravantes se podría alargar hasta 36 meses de prisión. Esta es una reivindicación histórica de organizaciones animalistas y ecologistas. Sin embargo, también genera algunas dudas, sobre todo en cuanto a la posibilidad de cambiar cárcel por multa, algo que según Derechos de los Animales fue una imposición del Ministerio de Justicia, que copatrocina la reforma; el ministerio rehúsa comentar este aspecto. Dulce Aguilera, de Damac Juristas, señala que todos los jueces apostarán por la multa y se creará impunidad, por lo que la reforma es regresiva. Laura Moreno, de WWF, señala que la pena por matar a un animal doméstico será mayor que a una especie protegida (cuya pena mínima son seis meses), algo que no debería ser así.

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