Las federaciones de caza gastaron 1,4 millones en 1.185 autobuses para la protesta del campo en Madrid

Las federaciones de caza destinaron 1,4 millones de euros a fletar 1.185 autobuses destino a Madrid para participar en la protesta por el mundo rural del pasado domingo. Esto es, el 85% de los 1.400 que acudieron. Según el listado de los vehículos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, las comunidades que más alquilaron fueron Andalucía (362), Extremadura (143), Castilla-La Mancha (142), la Comunidad Valenciana (135) y Castilla y León (101). Las principales organizaciones de agricultores y ganaderos, junto a entidades de los sectores de la caza y los toros, exigieron al Gobierno en una multitudinaria manifestación un plan de choque contundente que tenga en cuenta a todos los trabajadores del campo. A las dificultades que arrastran, se suma el incremento de los costes de producción agravado en las últimas semanas por la guerra de Ucrania, que amenaza la viabilidad de las explotaciones. Los cazadores piden un cambio en la gestión de la actividad cinegética por parte del Gobierno, al que acusan de querer acabar con la caza. A la manifestación acudieron 400.000 personas, según los organizadores; 150.000 de acuerdo con la Delegación de Gobierno.

Llama la atención la movilización de cazadores procedentes de comunidades como Extremadura o la Valenciana que, a pesar de tener muchas menos licencias que Castilla-La Mancha (más de 100.000) y Castilla y León (unas 90.000), fletaron un número similar de autobuses. El presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo, explica que son la región que cuenta con más personas con permiso de caza (35.000) por habitante de toda España. “Es una zona muy rural, el 80% del millón de personas que vive en Extremadura reside en municipios de menos de 5.000 habitantes y esto hace que la sociedad sea consciente de cómo le afectan los problemas y se movilice”, comenta. La federación pagó la mitad de los 143 autobuses que se fletaron, el otro 50% corrió a cargo de las 400 asociaciones locales de cazadores. La Federación Andaluza de Caza, sin embargo, abonó el 100% del coste: 400.000 euros.

Gallardo asegura que volverían a pagar los autobuses: “Aunque nos arruinásemos”. Solo el 9% del presupuesto de la Federación Extremeña de Caza procede de subvenciones. Para Extremadura ha sido “un mazazo” la moratoria impuesta el año pasado por la Unión Europea a la caza de la tórtola. “Es una especie muy emblemática y hemos emprendido mejoras en el campo, proporcionando a las aves alimento para incrementar las poblaciones y lo estamos consiguiendo”, asegura. Nicolás López, de SEO/BirdLife, tiene otra visión: “Se mataban 800.000 tórtolas de media en España de una población que estaba reduciéndose por la intensificación de la agricultura, los pesticidas...”. El Instituto para la Investigación de Recursos Cinegéticos del CSIC indica en un estudio de 2020 que la población española de este animal se había reducido un 37% en las dos últimas décadas. López concreta que la Directiva de Aves dice que “no puede existir aprovechamiento cinegético de una especie en declive y, por lo tanto, la tórtola es una especie que no se puede cazar”.

La Federación de Caza de Valencia, comunidad en la que existe un número similar de licencias al de Extremadura, consiguió fletar 135 autobuses. Un portavoz de la federación sostiene que “aquí lo que hay es una caza social, no somos de grandes monterías, es gente de pueblo que caza en su coto”. Animaron a su gente a que acudiera a la protesta y la Junta Directiva decidió financiar la totalidad de los viajes.

En Andalucía, con la federación de caza más potente de España, se fletaron 362 autobuses. El viaje les costó 400.000 euros, desembolso que fue aprobado por la Asamblea General. Fueron a la manifestación y lo volverían a hacer porque les va “la vida en ello”, asegura José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza. Para ellos es esencial que la ley de bienestar animal, que se encuentra en tramitación en el Congreso, no salga adelante en los términos redactados, porque supondría “la desaparición de la caza y nosotros defendemos los derechos de los cazadores”. Hay cuestiones de la ley que comparten y que se refieren al bienestar animal, a evitar el abandono, condenar el maltrato... Pero existe en ella una limitación con la que no pueden comulgar y “es la que indica que hay que educar a los perros para que no hagan daño a otros animales y estos tampoco les pueden infligir daño físico a ellos. ¿Cómo es eso compatible con la caza?”, se pregunta Mancheño. En Andalucía hay expedidas 235.000 licencias de caza, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura de 2018.

Ecologistas contra la estrategia nacional de caza

En medio de todas estas protestas por parte del mundo de la caza, se ha aprobado la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, que no es de obligado cumplimiento, pero ofrece unas directrices en las que se basan las comunidades autónomas. Ecologistas en Acción denuncia que el documento se ha elaborado “a puerta cerrada” entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el ámbito cinegético, dejando fuera a otros sectores afectados por la caza, como pueden ser las organizaciones conservacionistas. “Lo que se hace es lavar la imagen de la caza y apoyar el actual modelo intensivo de explotación cinegética”, sostienen los conservacionistas. “Se valida la gestión actual de las comunidades, que está generando tanto conflicto con el bienestar animal, la protección del medio natural y el uso público del monte”, asegura Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción. “Hay que conservar las especies que están en regresión, que van de la tórtola al conejo, la caza debería hacerlo, pero no es así”, añade. Con el modelo actual intensivo de caza, “se fomentan las fincas donde se cría a los animales como si fueran ganado, llenas de alambradas y zonas de las que se elimina la vegetación para que sirvan de tiraderos”.

A Hernández le preocupa también el conflicto con el uso público del monte, que en su opinión fomenta la nueva estrategia. “En buena parte de las comunidades autónomas se permite cada vez más la caza en caminos o vías pecuarias, cuando antes era excepcional y eso es muy peligroso para cualquier persona que vaya por el campo”, concluye.

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