La Comisión Europea propone que todos los países de la UE reconozcan la filiación de hijos de parejas LGTBI

La Comisión Europea ha lanzado este miércoles una propuesta de reglamento para armonizar las leyes de los Estados miembros relativas a la filiación de los hijos con sus padres, que prevé, también, la creación de un “certificado europeo de parentalidad” válido en los Veintisiete. Aunque la iniciativa, de ser aprobada, beneficiaría a toda familia que por ejemplo se traslade a otro país de la UE, está diseñada específicamente para facilitar el reconocimiento legal de hijos de parejas LGTBI en territorio europeo, en vista de que hay Estados como Polonia o Hungría donde los derechos de este colectivo están en retroceso.

Así lo ha destacado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quien, en un tuit que viene acompañado de un vídeo en el que saluda a las parejas homosexuales “sin miedo”, ha celebrado con “orgullo” esta propuesta. El objetivo es “ayudar a todas las familias y niños en situaciones transfronterizas” y “reforzar los derechos LGTBI”. Porque, agrega en una frase que ya dijo durante su discurso anual ante el Parlamento Europeo en 2020, “si eres padre [o madre] en un país, lo eres en todos los países”.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha presentado esta propuesta sencilla en apariencia, pero de significativas implicaciones legales en materia del derecho internacional privado, por ejemplo, en cuestiones de derechos de sucesión, manutención o custodia. “Desde el momento en que un Estado miembro establece un vínculo de filiación en base a su derecho nacional, todos los otros Estados miembros deben reconocer ese vínculo y permitir, por ejemplo, a los padres entrar en su territorio y residir con sus hijos allí”, ha explicado en rueda de prensa en Bruselas.

La propuesta beneficia a todo niño cuya filiación ha sido establecida en un Estado miembro “independientemente de cómo fue concebido el niño o cómo nació, independientemente del tipo de familia del menor e independientemente de la nacionalidad de los niños y de los padres”.

Se trata, subraya la Comisión Europea, de “reforzar” la protección de los derechos fundamentales y otros derechos de los niños, incluido el derecho a una identidad, a no ser discriminados y a una vida en familia en otro Estado miembro que no sea aquel donde nacieron o fueron adoptados, teniendo en cuenta siempre como “primera consideración” el mejor interés para el menor. También se busca proporcionar “certeza legal” cuando en un país se pide reconocer la filiación de un niño ya establecida en otro miembro de la UE.

El reglamento presentado, que según Reynders, si recibe el visto bueno del Consejo y el Parlamento Europeo podría beneficiar a unos dos millones de niños en toda la UE, “busca proteger los derechos de los menores en situaciones transfronterizas, proporcionar certeza legal y reducir los costes” tanto de las familias como los Estados en un a menudo largo y costoso proceso legal para armonizar documentación, ha agregado.

Un elemento clave de la propuesta es la creación de un “certificado europeo de parentalidad” que los niños o sus representantes legales podrán solicitar en el país que estableció su vinculación filial. Este certificado, que será voluntario y estará disponible en todos los idiomas de la UE, deberá ser aceptado en cada Estado miembro, siempre y cuando salga adelante la propuesta, facilitando así el traslado de familias por motivos laborales —o de cualquier otro tipo— dentro del espacio europeo. Y esa es una cuestión fundamental, ha señalado Reynders: actualmente, las trabas que viven algunas familias LGTBI en ciertos países europeos están violando, entre otros, un derecho clave en la región: el de moverse libremente por Europa.

El comisario de Justicia ha subrayado que en ningún caso se busca inmiscuirse en el derecho nacional y en qué reconoce como familia cada país. Lo que quiere Bruselas es que el resto de miembros de la UE acepten las familias que estén legalmente reconocidas como tal en uno de los 27 países comunitarios. La cuestión del reconocimiento de las familias LGTBI lleva tiempo ocupando a las instituciones europeas. En los pasados años, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha ido emitiendo sentencias que obligaban a diversos Estados, entre ellos Bulgaria o Rumania, a reconocer los derechos de residencia a matrimonios del mismo sexo y a los hijos de estos.