PSOE y Unidas Podemos aplazan el debate sobre la autodeterminación de género en la ‘ley trans’

La resolución de la tramitación de la ley trans, motivo de uno de los principales incendios en el Gobierno de coalición debido a las diferencias que PSOE y Unidas Podemos mantienen por la libre autodeterminación de género en menores (que puedan cambiar, solo con su voluntad, el nombre y sexo en el DNI), ha quedado aparcada hasta dentro de dos semanas. Los socios de la coalición se han dado otras dos semanas de margen mientras ninguno cede en sus posiciones: los socialistas mantienen sus enmiendas, con las que insisten que refuerzan la seguridad jurídica de la norma ante la certeza de que PP y Vox la recurrirán al Tribunal Constitucional, mientras que UP rechaza modificar el texto que el Consejo de Ministros aprobó en verano y que ambas fuerzas consensuaron antes de remitirlo al Parlamento.

La expectación que ha rodeado a la ponencia de la comisión de Igualdad, que se ha celebrado tras la sesión de control al Gobierno en la Cámara baja y ha durado dos horas y media, no se corresponde con el resultado de la sesión. La falta de acercamiento entre PSOE y UP ha propiciado que los socios apuren los plazos. “Esas enmiendas continúan vivas y las trabajaremos de cara a la comisión”, ha afirmado Andrea Fernández, secretaria de Igualdad de los socialistas, en alusión a las enmiendas sobre menores, reversibilidad y violencia intragénero.

Por tanto, los socialistas no retiran sus enmiendas mientras UP reitera que la norma saldrá “sin ningún recorte”. “Hemos salido con el compromiso de que haya comisión [de Igualdad] los días 12-13 para que antes de que acabe el año tengamos ley”, ha dicho Sofía Castañón, de Unidas Podemos, a la salida. “Nuestra posición es clara: queremos que el trámite parlamentario sirva para mejorar la ley, en ningún caso para retroceder sobre el Consejo de Ministros y ese es el compromiso que vamos a seguir llevando”, ha remarcado.

Para que haya ley, ese choque entre los socios del Ejecutivo tiene que resolverse. Los socialistas mantienen vivas sus 17 enmiendas. Entre ellas, la de exigir que para los menores de entre 12 y 16 años el cambio del sexo en el registro requiera de una autorización judicial; algo que durante meses afirmaron que no tocarían y que UP, ERC, PNV, EH Bildu y Más País, que suman 60 votos, se niegan a aceptar.

La única vía para el PSOE sería conseguir el apoyo del los populares, lo que supondría el rechazo automático de UP y de los aliados de la investidura. La ley, por tanto, podría quedar en pausa de forma indefinida. El PSOE llegó a afirmar que no contemplaba presentar enmiendas a la autodeterminación de género después de que EL PAÍS adelantase que lo estaba estudiando, en plena bronca interna entre los sectores feministas y LGTBI del partido, y finalmente lo hizo.

Según la socialista Andrea Fernández, la ponencia “ha sido un trámite de trabajo ordinario, tranquilo”. “Salvo Vox, que ha venido a dinamitar el trabajo de la ponencia, el resto de los partidos hemos trabajado con normalidad sobre las enmiendas y hemos llegado a un dictamen, donde prácticamente están todos los grupos parlamentarios, menos el PP y Vox, y ahora nos vamos a la comisión a seguir trabajando sobre las enmiendas que han quedado vivas”, ha valorado.

Violencia intragénero y límites a la reversivilidad

Las enmiendas del PSOE que no cuentan con el respaldo necesario son, además de la que versa sobre la autodeterminación para los menores, dos más. Una sobre eliminar el concepto de violencia intragénero (la que se da entre miembros de una pareja del mismo sexo o género), para que no exista la analogía con la violencia machista. Y otra para sobre la cuestión de la reversibilidad del cambio registral, es decir, cómo alguien que ha cambiado el sexo en el registro, puede volver a hacerlo en caso de que se arrepienta o cambie de opinión. Ahora mismo, el texto de la ley da libertad para hacer dos cambios (el primero, y una primera reversión), a partir del tercero, la recuperación del sexo que figuraba antes requiera aprobación judicial a través de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. El PSOE propone que ya desde ese segundo cambio sea necesario el paso judicial.

Por el momento, este miércoles se han aprobado 23 enmiendas, contando con las tres socialistas, que se debatirán en la comisión de Igualdad de la semana del 12 de diciembre. Lo que ya no se producirá serán las comparecencias de expertos —personal sanitario que trabaja con personas trans en las unidades de género de los hospitales y organizaciones feministas—, porque, según fuentes presentes, “no daría tiempo” para el calendario que se han marcado desde el Gobierno, en cuyas previsiones sigue estando la idea de que la norma se apruebe antes de fin de año.

Este martes, Patxi López hizo alusión a ese calendario de legislación pendiente que tiene el Gobierno, que no se limita solo al área de Igualdad. “Creemos que ley LGTBIQ [la ley trans] podría a ir a pleno la semana del 22 de diciembre, la del aborto la semana del 15, la de bienestar animal la del 15 o 22, la de empleo igual y la del decreto de hipotecas la del 15. No estamos parando, tenemos un montón de negociaciones a la vez abiertas”, afirmó el portavoz socialista.

Sin Carmen Calvo

El contexto no va a ser fácil. La ponencia empezó sobre las 16.45 y lo hizo sin la presidenta, Carmen Calvo. Algo poco frecuente, aunque no es la primera vez que sucede: tampoco estuvo en la ponencia de la ley del solo sí es sí, la norma que ha generado la última batalla política en torno al Ministerio de Igualdad por las rebajas en las penas y excarcelaciones de agresores tras su entrada en vigor.

Una batalla avivada esta misma mañana en la sesión de control cuando la ministra, Irene Montero, respondió al ataque de PP y Vox, que la acusaron de ejercer violencia política por la norma, con un “ustedes promueven la cultura de la violación”. La bancada de la derecha lo tomó como un insulto e incluso la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, pidió a la titular de Igualdad “contención en las expresiones” para no enturbiar la “convivencia ni dentro ni fuera de la Cámara”; aunque la cultura de la violación es un concepto acuñado en la década de 1970 que teoriza sobre cómo las creencias, estereotipos y conductas machistas generan y alimentan la idea de que las mujeres y, por lo tanto, sus cuerpos, eran propiedad del hombre.

Con el eco de la mañana, las portavoces de Igualdad de los distintos partidos, que eran ponentes de la ley trans en la comisión, se reunieron para intentar cerrar flecos. No los cerraron, pero al menos, dicen fuentes de esa comisión, “el ánimo es negociador” por parte de la mayoría de grupos.