Dos aseguradoras pagarán 5,2 millones a una familia por lesiones muy graves a su hija durante el parto en Ciudad Real

Un acuerdo de la acusación particular con la compañía aseguradora del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha evitado que un proceso judicial por un delito de lesiones por imprudencia llegue al Tribunal Supremo, al pedir las partes que se haga firme la sentencia que condena al Sescam a pagar 5,2 millones de euros a los padres de una niña con graves lesiones a raíz del parto y que pronto cumplirá 10 años. Según la sentencia y los acuerdos alcanzados por las aseguradoras, facilitados por la asociación El Defensor del Paciente, la condena penal se convierte en la de mayor cuantía de la historia en materia de negligencias médicas en España.

El acuerdo indemnizatorio que ha puesto fin al procedimiento llega después de una primera sentencia de un Juzgado de lo Penal de Ciudad Real dictada en 2019 y de otra posterior de la Audiencia Provincial de 2022, que condenaban a la matrona y al ginecólogo como autores de un delito de lesiones por imprudencia profesional menos grave a la pena de nueve meses de multa. Asimismo, las sentencias condenaban como responsables civiles al Sescam y a las aseguradoras Mapfre y Zúrich.

El acuerdo supone que las compañías aseguradoras entregarán a la menor y a su familia más de 2,5 millones de euros en concepto de indemnización principal, más 2,3 millones en concepto de intereses y capitalización de la pensión anual, lo que unido a las costas del procedimiento, aún por tasar, alcanzarán una cantidad de 5,2 millones por el “deficiente” seguimiento de un parto en el Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas (Ciudad Real) que ocasionó “gravísimas” lesiones a una recién nacida, según la sentencia.

Gestación sin complicaciones

La familia víctima de este caso, defendida por el letrado Francisco Fernández-Bravo de la asociación El Defensor del Paciente, ha recibido ya la cuantía de 4,9 millones de euros y solo quedan pendientes de abonar las costas del proceso. Los hechos denunciados se remontan al 14 de octubre de 2012, cuando la mujer acudió al hospital por encontrarse con síntomas de parto, tras haber tenido una gestación sin complicaciones y haber resultado normales todos los controles previos del que era su tercer embarazo, después de dos hijos que nacieron completamente sanos.

Durante el control de la evolución del parto, la matrona decidió prescindir de una de las dos cinchas que se utilizan para la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal y el control de la dinámica uterina del sistema eco-doppler, que tiene por finalidad la detección de los signos precoces indicativos de una posible pérdida de bienestar fetal, y esa decisión impidió que se controlase de manera efectiva la situación física del feto. El abogado de la familia ha resaltado que tampoco se dio importancia a los 26 episodios de disminución de la frecuencia cardíaca del feto a niveles de 80 e incluso 60 latidos por minuto que se marcan en el registrográfico, ni a las nueve anotaciones de bradicardia que quedaron impresas en dicha tira, lo que supone descensos de la frecuencia cardíaca fetal, ”claras e inequívocas señales de alarma en la evolución de ese período de parto”, denuncia la sentencia.

De hecho, las sentencias reconocen que, pese a estas “claras e inequívocas” señales de alarma en la evolución, tanto el ginecólogo como la matrona, ”con un proceder absolutamente negligente”, no adoptaron las medidas necesarias encaminadas a solucionar la situación de pérdida de bienestar fetal, en orden a la finalización del parto y evitación de un sufrimiento irreversible del feto. A raíz del “deficiente” control y seguimiento durante el período del parto, la recién nacida sufrió un grave y severo daño neurológico como consecuencia de la falta de oxígeno, causada por el descenso repetido y mantenido de la frecuencia cardíaca fetal. En la actualidad, la menor, que cumplirá 10 años el día 14, sufre encefalopatía hipóxico-isquémica con parálisis infantil grave de predominio distónico, convulsiones, alimentación mediante PEG (sonda de gastrostomía endoscópica), además de que ha permanecido hospitalizada durante 91 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Neonatología del Hospital de Albacete, donde ha precisado diversas intervenciones quirúrgicas.