La Rioja acuerda indemnizar con 850.000 euros a una mujer a la que intercambiaron de familia en el hospital cuando era bebé

El Consejo de Gobierno de La Rioja (PSOE con apoyo de Unidas Podemos) ha acordado una indemnización de 850.000 euros a una mujer que ahora tiene 21 años y que fue intercambiada por error cuando nació en el hospital de Logroño en 2002. La afectada detectó en 2017 que la familia en la que se crio no se correspondía con su ADN e inició un proceso por el que su abogado, que estudiará si aceptar la resolución o recurrirla, exigía tres millones de euros como compensación. El principal argumento de la joven radica en que recaló en una familia desestructurada en lugar de la que le correspondía.

El pronunciamiento de La Rioja significa que admite el error humano que la Consejería de Salud siempre esgrimió como causante del cambio en el Hospital de San Millán, que ya no existe, en 2002. La propuesta se equipara con la cantidad que planteó el consejo consultivo de la comunidad autónoma, aunque en primera instancia se habían contemplado sumas muy inferiores a la finalmente aceptada por este órgano. El letrado de la víctima, José Sáez-Morga, ha asegurado a Larioja.com, que fue el medio que informó por primera vez del asunto, que deberán valorar la situación antes de decidir si acepta la compensación ofrecida o si la recurre. EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión del abogado.

El departamento de Salud ha informado este miércoles mediante una nota de prensa de que esta medida “va en la línea de la jurisprudencia existente en casos similares y destaca que su interés principal ha residido en el interés de resolver la reclamación presentada, con respeto a los procedimientos judiciales”. El comunicado oficial explica que en aquella época los bebés eran identificados mediante una simple huella digital del recién nacido impresa en una ficha de cartón, un método que tiempo después se sustituyó por la toma de la huella plantar y que hoy se ejecuta mediante una muestra de sangre del cordón umbilical y un sistema de “triple identificación codificado”, que es “mucho más fiable” para prevenir esta clase de confusiones.

La denuncia de la perjudicada no fue acompañada por la de la otra mujer. La coincidencia y el posterior error humano se debió a que ambas nacieron el mismo día, con apenas cinco horas de diferencia y con poco peso, por lo que se las derivó a la zona de incubadoras para que se desarrollaran por completo. Entonces se dio el fallo que ha abierto esta controversia y las pequeñas acabaron en manos de dos familias logroñesas con las que no se correspondían. La mujer que ha expuesto su situación fue criada por la que ella pensaba que era su abuela porque sus supuestos padres apenas le prestaban atención y no se encontraba en unas condiciones propicias para su evolución. Las primeras sospechas las albergó en 2017, cuando su abuela denunció al que pensaba que era su progenitor porque el hombre no se hacía cargo de la adolescente y no le proporcionaba dinero para mantener a su hija. Los enfrentamientos terminaron en la petición de unas pruebas de ADN que a la postre confirmaron que el padre no lo era en verdad y unos análisis posteriores evidenciaron que la que se consideraba madre de la joven tampoco guardaba relación genética con la entonces menor.

“Díganme quién soy”

Sáez-Morga, en declaraciones a este periódico en diciembre de 2021, cuando se conoció el caso, aseguraba que la chica acudió a ellos con una rotunda petición: “Díganme ustedes quién soy”. Así comenzó un proceso complejo que los llevó a la inspección de Salud riojana y se concluyó que de aquella época habría hasta 17 niñas que podrían coincidir con lo que sostenía la denunciante y que podrían haber sufrido el intercambio que se procedió luego a intentar detectar en aquella área de incubación. Las investigaciones y las pruebas sanguíneas revelaron que solo había una bebé con la que esta víctima podría haber sido confundida en el hospital de Logroño. Los análisis que se hicieron a ambas familias y a las propias mujeres implicadas en el caso corroboraron que en 2002 se había cometido un error que supuso que las jóvenes se hayan criado en el entorno familiar que no les correspondía de forma natural.

El Gobierno de La Rioja, tal y como sostenía el abogado en diciembre, esgrimía que no existía “causalidad ni hechos injurídicos” en este suceso y planteaba una indemnización de 215.000 euros, una cantidad que la defensa de la joven creía insuficiente ante lo que consideraba una “negligencia” según el artículo 220.5 del Código Penal. La decisión final del letrado marcará si acepta los 850.000 euros que ofrece el Ejecutivo autonómico o si insiste en una mayor compensación.