El Defensor del Pueblo ha atendido en dos meses a 201 denunciantes de abusos de menores en la Iglesia

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha hecho públicas por primera vez cifras de las personas que hasta ahora se han dirigido a la institución para denunciar casos de abusos de menores en la Iglesia católica: son 201 en los dos meses que lleva abierta la investigación y la atención a las víctimas, desde el pasado 6 de julio. El inicio de los trabajos arrancó en pleno verano, pero pese a ello el Defensor se declara “satisfecho con el ritmo de llegada de los testimonios y con la cantidad de víctimas que se han dirigido a nosotros”. “Lo que realmente nos importa y preocupa, más que el número, es escuchar a las víctimas y hacerlo con respeto, con seriedad, con discreción y con confidencialidad. Las víctimas que decidan contactar con nosotros pueden contar con ello. Y, a partir de ahí, elaborar un informe con consideraciones, propuestas y sugerencias que será trasladado al Congreso”. Gabilondo ha anunciado este primer balance con motivo de la segunda reunión, este martes por la mañana, de la comisión asesora de 17 expertos. Su objetivo es determinar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas e impulsar medidas de prevención para el futuro.

El 83% de las personas que han denunciado casos de abusos son hombres, un total de 167, y el resto, 34, son mujeres. Este dato provisional eleva, de momento, el porcentaje de mujeres afectadas, que en las cifras de la contabilidad de EL PAÍS son un 14%. Tras una primera atención, los técnicos del Defensor realizan una entrevista personal pormenorizada y ya lo han hecho con 67 de los denunciantes.

Establecer números que reflejen la magnitud real de la pederastia en la Iglesia ha sido uno de los principales retos de este tipo de comisiones en todos los países, dado el tiempo transcurrido, varias décadas en muchos casos, y la dificultad de hacer emerger los testimonios de las víctimas. En Francia, la comisión independiente creada por la propia Iglesia en 2019 hizo un primer balance provisional, dos años después, de 3.000 víctimas, aunque ya entonces apuntó a que podrían ser el triple y finalmente hizo una estimación de 330.000 entre 1950 y 2020. En este país, a diferencia de España, hubo una campaña de publicidad con un vídeo que hacía un llamamiento a las víctimas. La comisión recibió 6.500 llamadas y correos electrónicos en 16 meses. En Portugal, que inició la investigación en enero de 2022, también por iniciativa de los obispos, las primeras cifras revelaron 326 denuncias en los cuatro primeros meses, pero la comisión admitió que estaba “ante la punta del iceberg”.

En España, el último país de tradición católica en acometer esta tarea —solo queda Italia—, los únicos datos disponibles son los de la contabilidad que lleva EL PAÍS, desde que abrió su investigación en octubre de 2018. En este momento los casos que han salido a la luz se elevan a 840 acusados con al menos 1.594 víctimas, según el recuento que lleva este periódico, ante la ausencia de datos oficiales o de la Iglesia. Este diario ha recibido más de un millar de correos electrónicos en su buzón de denuncia, ha publicado más de un centenar de casos y ha entregado al Vaticano, a la Iglesia española y al Defensor del Pueblo dos informes con 451 acusaciones no publicadas hasta ahora. También están en manos de la Fiscalía, aunque prácticamente todos han prescrito.

La Conferencia Episcopal (CEE) siempre ha mantenido estos años que ignoraba los casos de abusos que conocían las diócesis, afirmaba que no tenía ningún poder para pedirles esa información y la mayoría de los obispos se han negado a facilitarla, pese a las periódicas solicitudes de EL PAÍS. La tesis oficial de la CEE era que en España había “muy pocos casos”. Por fin, en abril de 2021, presionada por las informaciones de los medios, dio una cifra: 220 sacerdotes y religiosos denunciados desde 2001. En marzo de 2022 añadió otra: 506 denuncias en las diócesis desde 2020, pero sin especificar más detalles.

La punta del iceberg

Tanto el Estado como la Iglesia se movieron finalmente en España a raíz de la entrega del primer informe de EL PAÍS, el pasado mes de diciembre. Entonces el Congreso comenzó a debatir la forma de investigar oficialmente la pederastia y el pasado mes de marzo aprobó que lo hiciera el Defensor del Pueblo, con la única oposición de Vox y las abstenciones de los dos diputados expulsados de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Entretanto, la Conferencia Episcopal, que siempre se había negado a emprender una investigación independiente, decidió encargar en febrero una auditoría a un despacho de abogados madrileño, Cremades & Calvo-Sotelo. El bufete, que anunció un primer avance de su trabajo para octubre y un informe en primavera de 2023, ya ha declarado que calcula, como mínimo, que habrá “entre 1.000 y 2.000 casos”, tomando como referencia la investigación de EL PAÍS. En todo caso, su equipo solo ha recibido un centenar de denuncias directas, según la información que ha facilitado hasta ahora, aunque también considera que es solo “la punta del iceberg”. En la investigación de este despacho han pesado las críticas de las asociaciones de víctimas, que no lo consideran independiente y, por tanto, fiable.

En este escenario, la investigación del Defensor del Pueblo se ha erigido finalmente como la referencia oficial. Cuenta con una Unidad de Atención a las Víctimas con 10 personas asalariadas a tiempo completo que escuchan a los afectados que escriban, llamen o acudan a la entidad. Los canales de contacto son los siguientes: el correo electrónico atencionvictimas@defensordelpueblo.es, el teléfono gratuito 900 111 025, y presencialmente en un local que la entidad ha alquilado para este cometido —su ubicación no es pública para proteger la intimidad de los supervivientes—. También se puede escribir a la dirección postal del Defensor: calle Zurbano, 42, 28010, Madrid.

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