Condenado el Ayuntamiento de Écija por discriminación salarial a las mujeres: “Éramos malas por reivindicar. Nos decían: ‘Portaos bien”

Isabel, funcionaria del Ayuntamiento de Écija (Sevilla) desde 1989, acaba de conseguir lo que llevaba luchando 20 años: que se reconozca que, por ser mujer, le estaban pagando menos que a sus compañeros hombres. Dice que está contenta pero agotada. “Han sido momentos muy amargos, muy duros”, cuenta al teléfono, horas después de enterarse de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado por acreditado que ella y, al menos, otras dos trabajadoras municipales sufrieron discriminación salarial indirecta por razón de sexo. Los jueces dan por probado que estas mujeres cobraron, durante años, alrededor de 6.500 euros menos que los hombres porque a ellos se les asignaba un complemento salarial por atribuciones temporales que, en realidad, era indefinido e irregular. Para llegar hasta aquí, han tenido que luchar casi durante dos décadas, primero en los despachos y después en los tribunales. “Hemos sufrido un acoso constante. Éramos malas por reivindicar. Nos decían: ‘Portaos bien”.

Isabel, de 58 años, es gestora administrativa y trabaja en el Área de Economía y Hacienda. En su negociado, el de Inspección, ella es la única mujer, frente a cinco hombres. Es también la única del equipo que entró en el Ayuntamiento por oposición libre y tres de sus compañeros son técnicos, con menor categoría que ella, pero todos tienen salarios más altos. Isabel empezó a protestar en solitario por las diferencias salariales hace más de dos décadas, y después se le unieron otras dos compañeras de otros departamentos que sufrían situaciones similares. “Intentábamos hablarlo y nos han llegado a echar de los despachos. Yo soy de fuera y me decían que no tenía allí ningún apoyo y que me callara. Ha sido un camino muy duro, muy difícil”, lamenta Isabel que, tras décadas intentando revertir la discriminación por la vía administrativa y exigiendo, sin éxito, otras medidas como la aprobación de un plan de igualdad, en 2018 se decidió a poner su queja en manos de un abogado y buscar justicia en los tribunales. Sus dos compañeras no demandaron, pero la han apoyado en el proceso y una de ellas acudió como testigo.

La sentencia del tribunal superior andaluz corrige una anterior del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, que desestimó la demanda de la mujer. Su abogado, Valentín Aguilar, recurrió en apelación y el TSJA les ha dado la razón. Según los jueces, las retribuciones anuales de 2016 a 2019 de las gestoras administrativas eran “claramente” menores que las de los hombres. Los jueces analizan la situación de las tres mujeres: una tenía una remuneración anual bruta de entre 21.466 y 25.936; otra, entre 26.000 y 27.000; y la tercera, con antigüedad desde 1981, de 30.000 euros. “En cambio, a los gestores administrativos hombres se les reconoce en todas las nóminas de esos cuatro años unas diferencias complementarias de alrededor de 6.500 euros al año y, en definitiva, sus retribuciones anuales se mueven entre 32.000 y 36.000 euros brutos anuales”, señala la sentencia, que concluye que, al menos durante los cuatro años estudiados, todos los varones han cobrado más que todas las mujeres de la misma categoría.

La fórmula utilizada por el Ayuntamiento para incrementar el sueldo de los funcionarios era reconocerles un complemento por atribución temporal de funciones, una práctica que legalmente está limitada en el tiempo a dos años, pero que aquí se alargaba de forma indefinida y sin justificación aparente, como denunció la propia Secretaría Municipal. El efecto que esta práctica ha supuesto, advierte el TSJA, es el que denunció Isabel: “Menor retribución salarial al colectivo de gestores administrativos mujeres frente al de hombres, al no reconocérsele a las mujeres gestoras administrativas dicho complemento salarial”, pese a que la Intervención informó en 2015 a favor de que a ella también se le asignara ese plus.

El fallo judicial admite la discriminación salarial, aunque no concreta cómo debe actuar ahora el Ayuntamiento. El abogado de Isabel entiende que debe revertir esa desigualdad, pero, en cualquier caso, recurrirá ante el Tribunal Supremo para que le indemnicen por el salario que ha dejado de ingresar y por el daño moral. La mujer espera que su victoria sirva también para que se visibilice la discriminación de las mujeres y ayude a otras trabajadoras en situaciones parecidas. “Este reconocimiento es muy importante. Siempre he creído en lo público y he ido orgullosa a trabajar, me formaba en las plataformas informáticas, intentaba estar por delante en todo. Pero me hacían daño”, cuenta. Asegura que la batalla que ahora ha ganado le ha costado la salud. De momento, está de baja y no sabe si podrá volver a trabajar. También lo está otra de sus compañeras, mientras que la tercera se ha jubilado sin ver reconocida la discriminación que sufrió. “Ha sido mucha lucha, mucho sufrimiento. Nos afectó a nivel psicológico y el cuerpo somatiza”, explica Isabel, que recuerda las duras críticas y trato despectivo de sus superiores, todos hombres, menos una mujer. “No entiendo que para llevar un plato de comida a mi casa haya tenido que sufrir tanto”, lamenta.